Los diferentes gobiernos del mundo siguen buscando alternativas para hallar una solución a la crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela. Países como Estados Unidos (EE.UU.), la Unión Europea (UE) y Canadá han manifestado su disposición de revisar las sanciones aplicadas contra la administración chavista; unas medidas que, según afirma el gobernante Nicolás Maduro, también afectan al ciudadano de a pie.
De acuerdo con un comunicado firmado por el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell; el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y el ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Marc Garneau, la eliminación de estas penalizaciones requiere de una serie de convenios que, dice la comunidad internacional, urge que sean adoptados por el gobierno venezolano.
Para considerar el levantamiento de esas medidas, Venezuela debe lograr “un avance significativo en una negociación global" que permita la reparación de las “instituciones del país” y que conlleve la realización de unas “elecciones libres”. "Aplaudimos avances sustantivos y creíbles para restaurar los procesos democráticos e instituciones centrales de Venezuela y estamos dispuestos a revisar la política de sanciones sobre la base de un progreso significativo en una negociación global", agrega el escrito.
En reiteradas oportunidades, Maduro ha exigido la abolición de las sanciones como primer punto para poder negociar con la oposición venezolana. El último llamado se lo hizo al presidente norteamericano Joe Biden, en junio, cuando aseguró que las medidas no permiten que su país cumpla con las metas de vacunación contra el Covid-19.
“Una cosa son las diferencias políticas que tenemos con el gobierno de Estados Unidos y otra cosa es la salud del pueblo de Venezuela”, expresó en una transmisión por televisión.
Desde 2017, el gobierno de EE.UU. ha venido ejerciendo presión sobre la administración chavista mediante penalizaciones a personas, empresas y entidades petroleras, tanto dentro como fuera de Venezuela. En el año 2020, Carrie Filipetti, subsecretaria adjunta del Departamento de Estado, decía que las sanciones petroleras están diseñadas para “cortar esas fuentes de ingresos financieros y evitar que la industria petrolera sea explotada para patrocinar nada”.
En una nota del diario El País de España, el embajador estadounidense en Venezuela, James Story, indicó que “las sanciones sólo son un instrumento para forzar la transición a la democracia”, por lo que ve factible un acuerdo. “La política no es estática, siempre estamos revisando las tácticas. Mantenemos la presión de las sanciones y, sobre todo, los mismos objetivos”, dijo, citado por el medio de comunicación.
La administración de Joe Biden ha tomado las sanciones como un punto de partida para negociar con Maduro. Sin embargo, todo dependería del “compromiso democrático” que el mandatario socialista manifieste. El Departamento de Estado, que sigue apostando por la democracia en la patria de Simón Bolívar, afirma que pese a estar dispuesto a negociar con el gobernante oficialista, su apoyo seguirá destinado al líder opositor Juan Guaidó, a quien EE.UU. reconoce, desde 2019, como presidente interino de Venezuela.
Datos
A principios de este año, la Oficina de Rendición de Cuentas del gobierno de EE.UU. puntualizó, por primera vez, que las duras medidas aplicadas contra el gobierno venezolano han afectado de alguna u otra forma a la nación caribeña. El portal Voz de América (VOA) reseñó en una nota publicada el 8 de febrero de 2021, que un informe de dicho organismo señala que el impacto del castigo probablemente contribuyó a “una caída más pronunciada de la economía venezolana”.
Una nota publicada por la BBC explica que EE.UU. anunció un “embargo” económico contra Venezuela con la finalidad de acabar con el gobierno de Maduro. El mismo Donald Trump alegó, en algún momento, que las sanciones fueron una respuesta a la "continua usurpación del poder" y ante los "abusos de los derechos humanos”.
Aunque en días recientes la administración norteamericana comenzó a suavizar algunas medidas, al permitir que las compañías exporten gas propano al país sudamericano, la acción no significa el fin de las sanciones, pese a que Biden había manifestado su intención de revisarlas. Incluso, expertos sostienen que son simplemente un gesto humanitario.
“Obviamente es un gesto humanitario hacia el gobierno venezolano debido a que en el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo, la gente está cocinando con madera o en estufas de leña en lugar de hacerlo con gas propano”, adujo Russ Dallen, socio gerente de Caracas Capital Markets a través de la agencia de noticias Associated Press (AP).
La administración norteamericana también anunció que permitirá la adquisición de materiales relacionados con la pandemia, como vacunas, mascarillas, tanques de oxígeno o ventiladores, de acuerdo con un comunicado del Departamento del Tesoro, destaca la agencia de noticias EFE en su sitio web.
El Tesoro detalló que la medida permitirá a entidades sancionadas, como el Banco Central de Venezuela (BCV), el Banco de Venezuela o el Banco Bicentenario y sus filiales, realizar este tipo de transacciones. Sin embargo, dejó claro que las sanciones económicas contra Petróleos de Venezuela (PDVSA) y su entramado empresarial siguen intactas.
Solicitud
En mayo de 2020, un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigió a Estados Unidos levantar las sanciones contra Venezuela, alegando que las mismas agravan el sufrimiento del pueblo venezolano. “Estamos profundamente preocupados por la espiral de la crisis económica y el efecto que ésta ha tenido en la capacidad de las personas para subsistir de un día para otro”. El organismo también exigió al gobierno de la nación caribeña detallar sus planes para hacer frente a la crisis. “El Gobierno debe explicar inmediatamente cómo piensa apoyar a la gente, muchos de los cuales se encuentran al borde de la supervivencia”, señalaron los funcionarios mediante un comunicado.
Puerto La Cruz / Redacción Mundo
