Es habitual que las elecciones regionales -y sobre todo las del ámbito municipal- no acaparen la misma atención que una consulta presidencial, menos aún en los últimos cuatro años cuando la desconfianza en el sistema comicial alejó a un sector mayoritario de la oposición de las urnas de votación.
Los militantes de partidos han reaccionado con moderado optimismo ante las señales de que la próxima consulta sea, sino transparente, al menos más competitiva. A las medidas ofrecidas por el actual Consejo Nacional Electoral (CNE) para ampliar la participación -como la actualización y depuración del Registro Electoral (RE), revisión del sistema automatizado y de las inhabilitaciones a partidos y dirigentes - se le suma el proceso de diálogo en ciernes que intenta el Gobierno y el antichavismo.
Sin embargo, la consulta estadal y municipal prevista para el próximo 21 de noviembre parece haber roto esa inercia y ha comenzado a ganar intenciones de participación, no solo entre los electores, sino además de los aspirantes a ocupar alguno de los centenares de cargos que estarán en disputa.
7 elecciones municipales se han realizado desde el año 2000.
La del 21 de noviembre próxima será la octava e involucrará la escogencia de alcaldes y/o concejos municipales. Con el tiempo, estos comicios, que deben ser conjuntos, se han hecho de manera fragmentada, violando normas y lapsos. Los cuatro primeros fueron en julio y diciembre de 2000, en 2004 y en 2005. En 2008 se llevaron a cabo procesos para seleccionar alcaldes.
En diciembre de 2013 se desarrollaron elecciones conjuntas de alcaldes y legislativos locales. Esta consulta, originalmente debió efectuarse junto a las de gobernadores de 201, pero, el CNE decidió separar los procesos. Finalmente, en diciembre de 2018 se celebraron las últimas consultas para concejales.
Las maquinarias de las toldas políticas ya están activadas y los anuncios de candidaturas comienzan a proliferar. Según el máximo organismo comicial, el lapso de postulaciones de aspirantes a los distintos cargos de elección popular será del 9 al 29 de agosto.
Pero la conformación de planchas y listados de precandidatos avanza, principalmente, debido a la complejidad del proceso que se avecina.
Según especialistas en el tema electoral consultados por El Tiempo, las próximas regionales serán unos de los comicios con mayor cantidad de puestos en disputa en los últimos 21 años.
El politólogo y académico Jesús Castellanos explica que las consultas con más cargos a elegir se registraron en el inicio del mandato de Hugo Chávez, en 1999. Se trató de las megaelecciones de 2000, originalmente previstas para celebrarse en mayo y que tras múltiples inconvenientes, fueron pospuestas y separadas, una parte, para escoger a la mayoría de las autoridades principales en julio de ese año y, otra, para diciembre -concejales y juntas parroquiales.
Castellanos expone que si se toma en cuenta el tipo de funcionarios a elegir –Presidente, gobernadores y alcaldes- y organismos o cuerpos colegiados –Asamblea Nacional (AN), consejos legislativos, concejos municipales y juntas parroquiales-, la elección conjunta del venidero 21 de noviembre sería la segunda más numerosa después de la de julio de 2000.
Sin embargo, si se pone la lupa sobre el conjunto de puestos, las más numerosas serían las municipales de diciembre de 2000 y las de 2005 porque incluían no solo los escaños de concejales, sino también las juntas parroquiales.
Así por ejemplo, en 2005 el CNE convocó a un proceso municipal para seleccionar 2 mil 389 concejales y 3 mil 207 integrantes de las juntas parroquiales en todo el país que no habían sido electos en las regionales de 2004. En total, en la contienda se disputaban 5 mil 560 puestos. Desde esa fecha no se han realizado más elecciones parroquiales, debido al impulso que se le ha dado a la formación de comunas.
En cuanto al número de cargos, estarían las venideras elecciones de noviembre. Según estimaciones preliminares de expertos, en las siguientes consultas se elegirán 23 mandatarios estadales, 335 alcaldes; los cargos en los consejos legislativos que involucrarían, al menos, 251 escaños en los 23 parlamentos de los estados, y alrededor de 2 mil 500 puestos para concejales. En este caso, los puestos asciende a más de 3 mil 109 para cuatro tipos de autoridades u organismos: gobernadores, alcaldes, consejos legislativos y concejos municipales.
Pero además, en este momento, el número de cargos podría aumentar. La AN aprobó la semana pasada la estimación poblacional del país ubicándola en 33 millones 192 mil 835 habitantes. La cifra revela un aumento de 1,2% con respecto a la proyección usada para las parlamentarias del pasado 6 de diciembre -que fue de 32 millones 778 mil 056 de habitantes. Esto podría llevar a un incremento del número de circunscripciones –actualmente son 87-, y de manera adicional tener un impacto en la cantidad de cargos que se van a elegir.
Castellanos advierte que esas cifras no son confiables ni rigurosas y que la estimación se hace sobre la base del último censo realizado en el país en 2011, sin tomar en cuenta la migración forzada de 5 millones de venezolanos de los últimos años. “Con la proyección poblacional se repite una vez más lo que ya ocurrió en 2020. No existe ningún tipo de criterio técnico”.
REVOCATORIO Y DISCREPANCIAS
El pasado 25 de mayo, el dirigente del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI), Nicmer Evans, acudió junto al exgobernador César Pérez Vivas a la sede de CNE, en Caracas, para exigir formalmente la inscripción de la agrupación ciudadana “Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover), como primer paso para activar un referendo revocatorio contra el presidente del país. Sin embargo, la iniciativa ha sido cuestionada por sectores opositores que consideran que esta acción implicaría validar las elecciones presidenciales de 2018 que en forma “irregular” dieron el triunfo a Nicolás Maduro.
Si la población es mayor, podrían elevarse los cargos a escoger. El número de integrantes de consejos legislativos y concejales municipales está establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE). Según la norma, la cantidad de legisladores por cada entidad se asigna de acuerdo con una escala de población. En los estados que tengan hasta 700 mil habitantes se escogen siete integrantes de consejos legislativos, que sería el mínimo, mientras el máximo sería la asignación de 15 legisladores en los territorios que tengan 1 millón 600 mil 001 habitantes o más.
En el caso de los concejos municipales, la escala varía desde jurisdicciones de hasta 15 mil habitantes –donde se escogen cinco ediles-, hasta municipios que tienen más de 600 mil 001 habitantes, lo cuales seleccionan 13 concejales.
La venidera consulta tiene una alta complejidad debido al gran número de cargos y de actividades que deberá ejecutar la Junta Nacional Electoral del CNE.
Para Castellanos, los comicios del 21 de noviembre tienen puntos a favor y en contra. Advierte que una de las ventajas es que las elecciones regionales y locales son más cercanas al ciudadano común, además de generar nuevos liderazgos. “Es una posibilidad de lograr gobiernos menos deslegitimados”.
Considera que en estos momentos se están buscando rendijas dentro de un sistema abiertamente autoritario, con el objeto de lograr la reinstitucionalización del voto. “La designación del nuevo CNE menos desequilibrado y menos parcializado con respecto al régimen de Maduro, la conformación de los órganos subordinados, la futura realización de 16 auditorías con presencia técnica exhaustiva, los esfuerzos por activar la observación electoral internacional y nacional, la ampliación del lapso (a 45 días) y 1 mil puntos (máquinas) de inscripción y actualización del RE, la decisión de habilitar partidos, entre otros, son pequeños avances en un camino que como sabemos es altamente complicado por la propia naturaleza del régimen en Venezuela”.
El experto electoral es enfático al señalar que a pesar de todo, es imposible celebrar elecciones íntegras. “Este es un proceso que nace con múltiples cuestionamientos dada la designación del CNE, ejecutada por parte de quienes hoy ocupan el parlamento nacional y que no son legítimos. Además existe una abierta parcialidad al régimen por parte de otros órganos del Estado como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Contraloría General”.
Otra de las objeciones apunta a la cantidad de votos que deberá emitir el elector cuando se encuentre ante la máquina de sufragio.
En particular, la escogencia de candidatos para el cargo de gobernador puede “arrastrar” a los puestos municipales en cada uno de los 23 estados, y con ello vulnerar el principio constitucional de la personalización del voto.
Se podría inducir a los electores a votar por candidatos a alcaldes y concejales de la misma opción política de su preferencia en el ámbito estadal, en detrimento de las legítimas aspiraciones de líderes sociales y políticos más vinculados a la comunidad.
Esto conduciría a la mayoría de los electores a ejercer el llamado “voto entubado” o “voto todo” en los respectivos tarjetones, debido a la complejidad el proceso, puesto que en algunos municipios probablemente se deberán emitir entre un mínimo de seis votos hasta inclusive 15, tomando en consideración las circunscripciones estadales y municipales conformadas para el año 2018.
Según la Asociación Civil Súmate, la dificultad que tendría para los electores votar en algunas localidades, queda en evidencia al colocar la lupa sólo en dos municipios ubicados en extremos geográficos del país. En el municipio Guaicaipuro del estado Miranda, los electores de la circunscripción 1 (Los Teques, San Pedro y El Jarillo) tendrían que emitir tres votos para los cargos estadales (1 voto para gobernador, 1 voto legislador lista y 1 voto legislador nominal) y ocho votos en los cargos municipales (1 voto para alcalde, 1 voto concejal lista y seis votos para concejales nominales). En total 11 sufragios.
El otro ejemplo es el correspondiente al municipio Atures del estado Amazonas, donde habría que ejercer seis votos para puestos regionales (1 voto para gobernador, 1 voto para legislador lista, 1 voto para legislador indígena y tres votos para legisladores nominales) y nueve votos para candidatos municipales (1 voto para alcalde, 1 voto para concejal lista, 1 voto para concejal indígena y seis votos para concejales nominales). 15 sufragios en este caso.
Uno de los actuales problemas del sistema electoral que quedaron evidenciados en los pasados comicios legislativos del 6 de diciembre de 2020- ha sido la sobrerepresentación de los partidos mayoritarios.
Esta particularidad del sistema lleva a que la tolda ganadora en una consulta obtenga un porcentaje de curules superior al de los votos reales alcanzados, llevando a que las minorías desaparezcan u obtengan muy pocos puestos. Así por ejemplo, en las pasadas legislativas el oficialismo se alzó con el 91,34% de los 277 curules, aunque sólo obtuvo 69,32% de los sufragios. Mientras que en 2015, ocurrió lo contrario: la oposición ganó las parlamentarias por un margen menor, pero alcanzó una representación de más de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional.
Aunque el CNE aprobó que para la próxima elección de legisladores estadales y concejales, 60% de los cargos fueran escogidos por representación proporcional –voto lista- y 40% de forma nominal, cumpliendo con la sentencia del TSJ de junio 2020, lo cierto es que esta distribución no mejora la equidad en la distribución de votos, dejando en desventaja a las minorías.
El presidente del partido Movimiento Al Socialismo (MAS), Segundo Meléndez, manifestó la semana pasada su desacuerdo con la decisión que tomó el CNE, porque no resuelve el problema de la asignación de cargos de manera proporcional al porcentaje de votos obtenidos por un partido político. A su juicio, la “alta sobrerrepresentación” por parte de las fuerzas que obtengan la mayoría de votos se repetirá.
“El llamado es al CNE a reconsiderar su decisión y buscar el mecanismo idóneo para que la selección de los cuerpos colegiados que resulten electos el 21 de noviembre, sea conforme al principio constitucional de la representación proporcional”, acotó.
El nuevo rector del ente comicial, Roberto Picón, reconoció que este aún se encuentra regido por normas que la nueva directiva no controla y genera situaciones como la sobrerrepresentación de las mayorías en las elecciones parlamentarias de 2020. “La única manera de evitarlo es que el TSJ desaplique el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Esa es una discusión que estamos dando”.
El experto electoral Jesús Castellano propone que una forma de procurar una menor desproporcionalidad en el sistema electoral para consejos legislativos y concejos municipales a ser aplicado en las regionales y municipales 2021, sería colocar un tope de triunfos de las toldas.
Caracas / Paola Hernández
