La negativa del Gobierno a permitir el ingreso al país de la vacuna AstraZeneca, como parte del convenio Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS), no es sino el punto culminante de un proceso de politización sobre el uso de inmunizantes, un conflicto que ya se perfilaba desde comienzos de año.
La Asamblea Nacional de 2015 autorizó la semana pasada a Juan Guaidó, en su condición de presidente encargado, a tramitar la liberación de 30 millones de dólares, de fondos retenidos al gobierno de Nicolás Maduro en el exterior, para un plan de inmunización frente al Covid-19. De esta cifra, $18 millones 199 mil 040 se usarían para la compra de vacunas (dos dosis para 6 millones de venezolanos) y $12 millones 110 mil se destinarán a acondicionar la cadena de frío necesaria para preservar los fármacos.
La inversión se haría a través del fondo Covax –mecanismo internacional vinculado a la OMS que facilita la entrega de inmunizantes de manera justa y equitativa para los países más necesitados- y que trabaja con la fórmula desarrollada por AstraZeneca / Universidad de Oxford (Reino Unido). El costo de este fármaco es el más barato del mercado –aproximadamente 3 euros-, tiene una efectividad de entre 70% y 80% y puede almacenarse en una nevera normal.
El gobierno venezolano ya había informado el lunes 15 de marzo que no otorgaría la autorización para la aplicación de la vacuna de AstraZeneca debido a los reportes de casos de trombosis -aparición de coágulos en las vía sanguíneas- en algunas personas que recibieron el inmunizante.
Varios países europeos habían suspendido su uso, a la espera de informes concluyentes sobre los posibles efectos secundarios. Sin embargo, posteriormente, luego de nuevos reportes sobre la seguridad de la vacuna de AstraZeneca, las autoridades sanitarias de España, Francia, Alemania, Bulgaria, Chipre, Italia, Letonia y Lituania anunciaron el jueves 18 la reanudación de la vacunación con ese inmunizante.
A pesar de ello, la vicepresidenta Delcy Rodríguez subrayó el pasado miércoles que el país decidiría “en forma soberana”, cual es la vacuna que se usará en el país, y agregó -refiriéndose a los $ 30 millones tramitados por el gobierno interino-, que “Venezuela no necesitaba limosnas”, ya que el Ejecutivo tenía más de “7 mil millones de dólares bloqueados” en el exterior producto de la sanciones de EE.UU.
Esta situación ha sido interpretada por distintos especialistas como una reacción producto del choque político entre el Gobierno y la oposición. Según el médico infectólogo, Julio Castro, no existe ninguna razón técnica para no usar una vacuna que se aplica en el mundo entero, al igual que tampoco existe razón técnica para usar un “medicamento” promovido por el Gobierno (Carvativir), que no ha probado su eficacia.
“Llegamos a donde dijimos que llegaríamos y un grupito decide condenar a muchos millones más”, dijo Castro.
El convenio Covax
Inicialmente, sectores opositores anunciaron que se habría dado luz verde a Guiado para tramitar la compra de vacunas, luego de un acuerdo previo alcanzado en la Mesa Técnica Nacional tripartita, integrada por asesores del parlamento antichavista; el Gobierno – a través del Ministerio de Salud- y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Posteriormente, Rodríguez negó ser parte de ese acuerdo –al menos en los términos descritos-, y anunció una investigación contra Guaidó por “impedir el derecho a la salud”.
En este punto, en medio de la crisis generada por la segunda ola de la pandemia por Covid en el territorio, el juego parece trancado, al menos en relación a la entrada de las vacunas del acuerdo con la OMS y la OPS.
Pocas dosis
Pero el escenario ya era difícil anteriormente. A comienzos de año, el Gobierno aseguró que el país contaría con 10 millones del inmunizante ruso Sputnik V para abril. En aquel momento, analistas señalaron la posibilidad de que existiera un sobreprecio en la compra del lote de estas vacunas por 200 millones dólares -según cifras aportadas por el Gobierno.
Tomando en cuenta que cada dosis de la Sputnik vale un promedio de $10, se consideró que el dinero que presuntamente invertiría el Ejecutivo, resultaba el doble de lo necesario para vacunar a 5 millones de personas.
No obstante, la realidad es que hasta la fecha, sólo han llegado 200 mil dosis de la Suptnik V (en dos entregas) que sirvieron para 100 mil personas -ya que se requieren dos dosis por persona para que sea efectiva.
Adicionalmente, el 1 de marzo arribaron al país 500 mil dosis del inmunizante chino Sinopharm.
En total, de acuerdo a informaciones oficiales, el país ha recibido 700 mil vacunas, destinadas a 350 mil personas.
Las cifras son, hasta el momento, totalmente insuficientes, sobre todo si se toma en cuenta que el Gobierno se ha fijado como meta para fin de año vacunar a 70% de la población – al menos 18,9 millones de personas, las cuales requieren 37,8 millones de dosis. Esto significa que se deberían aplicar más de 900 mil vacunas semanalmente hasta diciembre.
El Gobierno anunció hace un mes que los primeros en recibir la inmunización en Venezuela -que comenzó el pasado 18 de febrero-, serían el personal médico del sector público y el sector militar, pero también funcionarios con como alcaldes, gobernadores y diputados de la Asamblea Nacional (AN). El mismo el presidente Nicolás Maduro, fue vacunado el 7 de marzo con la Sputnik V. De igual forma, se incluyeron entre los grupos prioritarios las brigadas de visita casa por casa y el Movimiento Somos Venezuela, organización que realiza despliegue para actividades sociales y que también funciona como partido político. Los ancianos, que se encuentran entre la población más vulnerable y los pacientes crónicos, no fueron mencionados como prioritarios. Entretanto, sobre la vacuna china, se informó que estaría destinada en primer lugar para el personal docente.
Esta situación fue denunciada por asociaciones médicas y de salud como un uso político de la vacuna en el país.
Pruebas de vacuna cubana
Adicionalmente, al pequeño lote de fármacos que ha llegado al territorio, se suma el reciente anuncio del arribo, para la primera semana de abril, de 60 mil dosis de los proyectos de vacunas cubanas Soberana 02 y Abdala. Estas serán aplicadas a grupos de venezolanos, como parte de la fase final experimental de ensayos clínicos que requieren estas fórmulas.
Abdala está a cargo del estatal Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (Cigb) de Cuba y la Soberana 02, comenzó a administrarse en La Habana a 44 mil 010 voluntarios y también será probada en Irán.
A propósito de este anuncio, la Academia Nacional de Medicina advirtió que los ensayos clínicos de vacunas cubanas podrían generar confusión en la población. La agrupación de especialistas alertó que es distinto tener el acceso a una vacuna de reconocida seguridad, a participar como voluntario en la fase experimental de un candidato a fármaco como el cubano.
Hasta la fecha, sólo queda esperar la posibilidad del arribo de más lotes de inmunizantes rusos, que aún si llegaran en la proporción ofrecida, seguirían siendo insuficientes para cubrir a la población.
Caracas / Rodolfo Baptista
