El partido opositor Primero Justicia (PJ), del cual forma parte el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, condenó este sábado la decisión del Gobierno de Nicolás Maduro de suspender el trabajo de la oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Venezuela, una medida que, cree, busca «boicotear» las presidenciales que se prevén para este año.
«En nuestra tolda política denunciamos que esto constituye un nuevo intento de boicotear las próximas elecciones presidenciales de 2024», en una fecha aún por definir, dijo la formación en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X.
Para PJ, esta decisión, aparejada a la expulsión del país de 13 de los funcionarios de esta oficina, demuestra «una nueva arremetida contra los derechos humanos de todos los venezolanos y el incumplimiento del acuerdo de Barbados», firmado en octubre entre el Gobierno y el sector opositor representado en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
En el acuerdo citado por el partido político, ambas partes se comprometieron a favorecer el desarrollo pacífico de los comicios con «garantías electorales para todos”.
PJ destacó que la suspensión de la oficina de DD.HH. de la ONU en Venezuela representa el «cierre de un canal para investigar en terreno las denuncias de violaciones de DD.HH. perpetradas por el régimen madurista, así como la canalización de la ayuda humanitaria y recomendaciones para mejorar el sistema de justicia».
El partido opositor pidió a la comunidad internacional seguir «ejerciendo presión» para que se respeten los derechos en el país y las garantías de participación electoral.
La suspensión de la oficina de ONU fue anunciada este jueves por el canciller Yván Gil, quien aseguró que la institución ha mantenido una «postura claramente sesgada y parcializada, procurando constantemente impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de Estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía».
La PUD, ONG, organizaciones internacionales y diversos Gobiernos rechazaron esta decisión del Ejecutivo venezolano.
Entretanto, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU dijo, a través de su web, que continuará su labor de asistencia técnica, monitoreo y presentación de informes, para evaluar «de manera creíble la situación de los derechos humanos y los desafíos desde el terreno».
Caracas / EFE
