Organizaciones políticas y defensores de Derechos Humanos, consideran que el decreto de estado de conmoción exterior recientemente anunciado por el Ejecutivo nacional, sólo sería un medio para justificar “más represión” en el país.
El partido Primero Justicia (PJ) apuntó este martes a través de sus redes sociales que Venezuela vive desde hace años “bajo un estado de excepción permanente” el cual sólo habría servido para “perseguir, encarcelar y silenciar” a quienes piensan distinto.
“Maduro vuelve a inventarse excusas con un supuesto ‘estado de conmoción exterior’ para justificar más represión”, acotó la tolda opositora.
El pasado lunes la vicepresidenta Delcy Rodríguez, aseguró que el primer mandatario, Nicolás Maduro, ya había suscrito un decreto para declarar el estado de conmoción exterior, el cual entraría en vigor si Estados Unidos decidiera “atacar a Venezuela”. Sin embargo, el jefe de Estado apuntó el mismo día que se había iniciado fase de consulta popular en torno a la medida de emergencia. Hasta la fecha, la norma no ha sido publicada en Gaceta Oficial.
Esta figura es un tipo de estado de excepción cuyo alcance y aplicación está contemplada en los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución Bolivariana y se aplica en caso de que exista una situación que “ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación y de sus ciudadanos”.
El activista de DD.HH. y director del Laboratorio de Paz, Rafael Uzcátegui, señaló ayer que la situación de conflicto actual -con la presencia de buques de EE.UU. en el Mar Caribe, y sin que se haya materializado una agresión en el suelo venezolano-, representaba “una oportunidad para Miraflores de victimizarse, reoxigenar a Nicolás Maduro y avanzar en mecanismos de control”.
“En este contexto, la aprobación de una norma para aprovechar el momento para avanzar en el terreno represivo estaría casi cantada. Cualquier ley o decreto no sería contra EE.UU. sino contra los propios venezolanos”, subrayó Uzcátegui.
Sin embargo, precisó que “sólo el anuncio de la intención de aprobar una normativa genera un efecto de inhibición”. “Luego del agotamiento de las jornadas de inscripción en la milicia, el anuncio de la norma mantiene el performance político en la escenografía del poder (…) Habría que esperar a conocer el contenido del decreto para opinar sobre sus alcances e implicaciones. Por ahora el ‘coco’ del decreto cumple diferentes objetivos como dispositivo narrativo de control”, escribió a través de la red social X.
La Organización No Gubernamental (ONG), Acceso a la Justicia, precisó que según contempla la Carta Magna, el decreto de estado de conmoción tendrá una duración de 90 días prorrogable por 90 días más.
“Como todo estado de excepción, podrán restringir garantías constitucionales, salvo las establecidas en el artículo 337 de la Constitución y en la Ley Orgánica de los Estados de Excepción (LOE), referidas entre otras a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles”.
La ONG precisó que actualmente se encuentran en vigencia en el país el estado de excepción referido a la emergencia económica.
Por otro lado, la norma permite al Gobierno el cierre de fronteras, la toma de infraestructura de servicios para garantizar su funcionamiento; imponer servicios extraordinarios a los ciudadanos y personas jurídicas, limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad; realizar erogaciones no establecidas en la Ley de Presupuesto, requisar bienes muebles e inmuebles y la suspensión temporal de leyes que choquen con el decreto.
La ONG Provea también se pronunció esta semana y señaló que la posible declaratoria de un estado de conmoción exterior junto a la aprobación del Decreto 5.164 que crea las llamadas Áreas de Defensa Integral de las Zodi, “constituyen pasos cruciales hacia la militarización total del país y abre las puertas a la comisión de más abusos”.
“La creación de las Áreas de Defensa Integral en 335 municipios del país, supone una seria y adicional amenaza para el ejercicio de los derechos a la libre asociación, reunión, expresión pacíficas, entre otros”, apuntó Provea a través de un informe semanal.
Mientras, el dirigente de la Causa R, Andrés Velásquez, consideró que en Venezuela el verdadero estado de “conmoción”, proviene, principalmente, de la situación económica.
“Fuertemente conmocionados están el bolívar, que es devaluado diariamente, la comida que está más cara cada día y los derechos humanos que son violados a diario (…) esa es la verdadera conmoción que viven todos los ciudadanos”, apuntó el dirigente a través de sus redes sociales.
Caracas / Rodolfo Baptista
