Desde un reconocido hotel de Puerto La Cruz, el partido político Opinión Nacional (Opina) presentó formalmente, este jueves 10 de septiembre, una propuesta socioeconómica mediante la cual exige al Estado venezolano la asignación de un Bono Único de Indemnización Humanitaria por un monto de 620 mil dólares para cada ciudadano, tanto los que permanecen en territorio nacional como los que están en otros países.
La iniciativa, dada a conocer por la dirección regional de la tolda en Anzoátegui y suscrita por sus dirigentes Ricardo Franceschi, Domingo Gabriele y Juan Oliveros, plantea resarcir las consecuencias acumuladas por la crisis política, social y económica vivida entre los años 2008 y 2026.
Según el documento leído inicialmente por el secretario político de Opina, Ricardo Franceschi, esta compensación económica de pago único busca indemnizar los perjuicios materiales, morales y psicológicos que ha padecido la población en los últimos años.
Entre las causales expuestas, el dirigente destacó la severa pérdida del poder adquisitivo, la desnutrición, el deterioro de la atención sanitaria, el colapso del salario mínimo, los arrestos por razones políticas y el proceso migratorio que ha movilizado a más de ocho millones de venezolanos.
Con respecto al aspecto técnico y financiero, Franceschi afirmó que el país posee el respaldo de activos suficientes para sustentar el fondo económico que requiere la medida.
El informe presentado argumenta que la capacidad de endeudamiento y las garantías reales de la República se basan en la valoración de sus recursos energéticos y minerales, citando un volumen de reservas petroleras certificadas en la Faja Petrolífera del Orinoco capaz de apalancar los recursos exigidos para cubrir a la totalidad de los 36 millones de habitantes. Asimismo, el planteamiento de la organización contempla la repatriación y recuperación de capitales que se encuentran en el exterior o retenidos en la banca internacional por causas vinculadas a supuestos hechos de corrupción.
Según la directiva regional del partido, estos activos recuperados formarían parte del sustento financiero para resarcir el patrimonio público despojado y financiar directamente la asignación del beneficio a la ciudadanía.
Para la administración y ejecución de los recursos, la propuesta contempla la creación de una Ley Especial de Fondo de Garantía de Inversiones Permanentes y la adecuación de las plataformas digitales del sistema financiero nacional.
Franceschi, Gabriele y Oliveros explicaron que el mecanismo consiste en un depósito directo del monto en cuentas de la banca nacional, con el propósito de garantizar un manejo transparente bajo supervisión y auditoría de organismos internacionales.
Para finalizar, los voceros de Opina en el estado indicaron que promoverán el proyecto de ley a través de las vías institucionales y diplomáticas correspondientes, entre esas, mencionaron la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez
