Distintas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y dirigentes de partidos políticos se pronunciaron para rechazar la designación y juramentación de los 20 magistrados que conforman el nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El nombramiento y juramentación de los integrantes de la Alta Corte se realizó el pasado martes 26, durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN), un mes después de vencido el lapso legal establecido para culminar el proceso.
Asimismo, este miércoles fue designada la magistrada Gladys Gutiérrez como presidenta del máximo organismo judicial, en sustitución de Maikel Moreno. Gutiérrez ya había estado al frente del TSJ entre los años 2013 y 2017.
La ONG Acceso a la Justicia apuntó que 60 % de los magistrados elegidos -12 integrantes- pertenecían al anterior TSJ y se encontraban activos o en “comisión de servicio”. La instancia acotó que todos ellos ya “habían dado muestras importantes de su apoyo al chavismo”.
“En la Sala Constitucional, hay cuatro magistrados del anterior TSJ, incluyendo a Gladys Gutiérrez (nueva presidenta), que estaban en ‘comisión de servicio’ como embajadora en La Haya y, aun así, mantenía su cargo como magistrada”, apuntó Acceso a la Justicia.
El organismo agregó que la única integrante nueva de la Sala Constitucional es la exrectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) Tania D´Amelio, “quien ha sido afín al partido de gobierno”. Esta Sala tenía siete integrantes y ahora contará con cinco -tres de los cuales repiten en su puesto, Lourdes Suárez Anderson, Luis Damiani Bustillos y Calixto Ortega.
“Con esta ‘nueva’ designación de magistrados, el poder político mantiene su control sobre el TSJ y asegura una vez más su continuidad en el poder (…) Garantiza la continuidad de su apoyo al gobierno de Maduro, tanto por sus integrantes como por la forma en la que fueron distribuidos los magistrados en cada una de las salas claves”, explicó la ONG en su cuenta de Twitter.
Asimismo, Provea se pronunció para objetar la designación. “Venezuela tiene un sistema de justicia sin independencia, que ha contribuido a violaciones de derechos humanos y represión, según la Misión de la ONU. El ‘nuevo’ TSJ, con 60% de los mismos magistrados, no da indicios de cambios ni justicia”, puntualizó.
El Partido Comunista de Venezuela (PCV) -al que se le negó su derecho de palabra en la AN -, alegó que con la escogencia se violó el artículo 264 de la Constitución Bolivariana, donde se establece que los magistrados serán electos por un período único de 12 años. Según la tolda de izquierda, en la lista de los nuevos integrantes del Poder Judicial hay personas que estarían entrando en un segundo lapso de gestión judicial.
“Además, cuestionamos el informe del diputado Giuseppe Alessandrello, presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, quien expresó que el comité preliminar fue integrado por 11 diputados de las distintas tendencias que hacen vida en la AN, lo cual es falso ya que el PCV no formó parte (…) Esperamos que esta nueva integración del TSJ no responda a las orientaciones que se le tracen desde otros centros de poder y actúe con la correspondiente independencia que le confiere la Constitución”, señaló el diputado del PCV, Oscar Figuera, a través de las redes sociales.
Por su parte el ex gobernador del estado Miranda y dirigente de Primero Justicia (PJ), Henrique Capriles Radosnki, apuntó que el nuevo TSJ fue nombrado “para proteger intereses de la cúpula en el poder y no de la gente. Toca seguir luchando por la justicia y la Constitución”, dijo.
“Se perdió una gran oportunidad de elegir un TSJ conforme a lo establecido en nuestra Constitución y saldar así una deuda que hay con los venezolanos y cambiar el desastroso sistema de administración de justicia. Nuevamente la gran derrotada es la Justicia”, agregó Capriles.
Mientras, el presidente de la AN 2015, Juan Guaidó, emitió un comunicado donde denunció la imposición de magistrados por parte de la mayoría chavista de la AN, lo que a su juicio sería una nueva muestra “de la ausencia de democracia en nuestro país, marcada por un proceso de repartición de cuotas entre los distintos grupos de poder de la dictadura y sus cómplices”.
“Este lamentable acto busca proteger a los corruptos y a los violadores de derechos humanos, disfrazando este encubrimiento en una supuesta renovación del sistema de justicia, con el objeto de entorpecer los esfuerzos de instancias como la Corte Penal Internacional, la Misión de Determinación de Hechos del Consejo de DDHH de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han dedicado años a la búsqueda de justicia y reparación en nuestro país”, indicó el dirigente de Voluntad Popular en el texto.
Guaidó hizo un llamado a la comunidad internacional a desconocer este proceso “que mantiene y profundiza la crisis institucional de Venezuela”.
“Exhortamos, a los actores nacionales e internacionales a no reconocer ese tribunal como legítimo al ser violatorio de nuestra Constitución, al estar compuesto por actores políticos que son y serán facilitadores de la impunidad y por ir en contra se todas las recomendaciones que las instancias internacionales le han hecho al régimen de Maduro” agregó el dirigente.
Caracas / Rodolfo Baptista
