El deterioro de la infraestructura petrolera, tanto dentro como fuera del territorio, y la escasa capacidad de maniobra producto de las sanciones han hecho que la administración de Nicolás Maduro recurra a una serie de operaciones, a espaldas de organismos contralores (Poder Legislativo o Contraloría General), para intentar obtener entradas financieras en medio de la crisis ya crónica que padece el país.
Muchas de estos movimientos, según expertos en el área, se han llevado a cabo en condiciones de desventaja para el país. El interés del Gobierno, lejos de impulsar las inversiones y recuperar la industria a mediano o largo plazo, ha sido obtener beneficios inmediatos –para enfrentar la falta de liquidez y el pago de deudas-, y en otros casos, permanecer pasivo frente al alejamiento de transnacionales de proyectos de envergadura. De cara a la opinión pública, todo ha sido manejado por el Ejecutivo como “éxitos” en defensa de los intereses de la nación y la soberanía.
Una de estas operaciones fue el canje de 49% de las acciones de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) -ubicada en República Dominicana- que era propiedad de PDV Caribe S. A., filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). La transacción con la cual el país caribeño reasumió el control absoluto de la compañía, fue oficializada el 19 de agosto, y ascendió a 88,1 millones de dólares.
Sobre el tablero se trató de una transferencia de las acciones, por parte de Venezuela a Dominicana, a cambio de la recepción de papeles de deuda internacional denominada en divisas, emitida por Pdvsa.
El holding estatal había adquirido 49% de las acciones de Refidomsa en 2010, pagando a Dominicana un cifra de 131 millones de dólares.
Tanto el gobierno dominicano como el venezolano calificaron de “ventajosas” la operación realizada semanas atrás.
El Ejecutivo nacional, en voz del ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, señaló que “como resultado de esta transacción, la República Bolivariana de Venezuela y Pdvsa lograron reducir la deuda pública externa”.
Sin embargo, de acuerdo con expertos en el área, con el canje de bonos en default de la estatal petrolera, Venezuela perdió al menos 24 centavos por cada dólar de la negociación.
Extraoficialmente se conoció que PDV Caribe propuso la transacción al Gobierno dominicano el pasado mes de marzo, como una forma de paliar los problemas de liquidez que han impedido pagar a los acreedores.
El economista y profesor universitario José Guerra calificó de “locura” la transacción, ya que no se recibió dinero como tal, sino unos bonos que a ciencia cierta “no tienen ningún valor” porque no son transferibles en ningún mercado.
El gerente general de Total, Patrick Pouyanné, apuntó en declaraciones a medios internacionales que la decisión de la salida de la transnacional del proyecto Petrocedeño no fue impulsada por la situación política o las sanciones aplicadas por EE.UU. en Venezuela, aunque reconoció que estas no le “facilitaron la vida”. Pouyanné sostuvo que perforar nuevos pozos y reparar el mejorador habría requerido un gasto de capital significativo, que no estaba en línea con los objetivos de Total sobre el impacto de las emisiones de carbono.
“Remataron la participación de Pdvsa en República Dominicana a precio de gallina flaca”, subrayando que sin lugar a dudas fue “mal negocio”.
La firma Patsa Ltd. -filial del Grupo Rizek, propiedad de una importante familia dominicana -que sirvió de intermediaria para materializar la transacción-, poseía los bonos emitidos originalmente por el gobierno venezolano y que estaban valorados en 74 millones de euros (unos 86,5 millones de dólares) al momento de cerrarse el trato.
El ministro de Hacienda, José Manuel ‘Jochi’ Vicente, resaltó en una entrevista para Diario Libre que la refinería tenía “un grillete que no le permitía avanzar”, debido a las sanciones que aplica Estados Unidos a Pdvsa.
“La solución que presentó (Venezuela) le permitió a Patsa obtener algo a cambio de los devaluados bonos en default venezolanos que tenía en su poder, mientras que para el gobierno venezolano representaba una salida para cumplir con Patsa y bajar su deuda pública, ya que, el gobierno dominicano le permitía lograr la vieja aspiración de retomar el control total de la refinería”, explicó el funcionario extranjero.
Luis Stefanelli, vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Exterior del Parlamento de 2015, condenó el “zarpazo” que el Ejecutivo “le propinó a los bienes patrimoniales de los venezolanos”, al vender las acciones Refidomsa.
“Una vez más, la dictadura acaba de propinarle un zarpazo a los bienes patrimoniales de los venezolanos (…) desde luego representan un golpe durísimo a los intereses de Pdvsa y de los venezolanos”, aseguró el parlamentario.
Reiteró que esas acciones fueron compradas hace más de10 años por 130 millones de dólares y se negociaron por 88 millones de dólares en bonos.
“Lo más grave aún es que no sabemos cómo se ha dado la operación con los bonos que entregan la parte que está negociando con Venezuela. Se desconoce si Venezuela está recibiendo los bonos al valor facial o al valor de mercado. Si es a valor facial sería la estafa del siglo, estarían pagando a un valor de 15 %, más los 42 millones de dólares que se pierden de la resta directa de los 130 millones de dólares que se pagaron hace 10 años y los 88 millones de dólares que hoy se reciben”, detalló.
Indicó que el procedimiento se realizó de manera opaca y poco transparente. Pero, Stefanelli alertó sobre un daño adicional al financiero.
“Hay una pérdida neta de 42 millones de dólares y una posible pérdida de más de 100 millones de dólares, pero además hay una cosa más grave, hay una pérdida importante del mercado de colocación de petróleo en el Caribe y la influencia que Pdvsa ha mantenido en todo ese mercado. Este, quizá, era el último bastión que tenía Pdvsa en el mercado caribeño”, afirmó.
El canje de acciones de Refidomsa por bonos no es la única operación que el Gobierno ha calificado de ventajosa en medio de críticas de especialistas y llamados de alarma sobre condiciones perjudiciales para el país.
A finales de julio se anunció el retiro de la francesa TotalEnergies y la noruega Equinor de la Faja Petrolífera de Orinoco. Ambas transnacionales vendieron su participación en el proyecto Petrocedeño, dejando que la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), filial de Pdvsa, asumiera el 100% de la empresa, un hecho que, a juicio de analistas, representa un retroceso para la industria venezolana. TotalEnergies tenía una participación de 30,33% en Petrocedeño y Equinor poseía 9,67%, mientras Pdvsa contaba con el 60% restante.
El Ministerio de Petróleo calificó de “sumamente exitoso” el proceso que llevó a la salida del país de ambas empresas otorgando “plena soberanía” a Pdvsa.
Pero, el economista Francisco Monaldi considera que en Petrocedeño era posiblemente uno de los proyectos de inversión privada “más grandes en la historia de Venezuela”. Ameritó, hace dos décadas, un capital inicial de 4,2 mil millones de dólares. “Hoy se requerirían más de 9 mil millones de dólares para construir un proyecto similar”, detalló. Monaldi acotó que la reactivación del mismo “sería muy rentable al actual nivel de precios”.
El también experto petrolero José Toro Hardy calcula que la salida de TotalEnergy y Equinor de la Faja representa una pérdida económica de $1 mil 380 millones.
Por su parte, las compañías foráneas indicaron que la decisión de abandonar la Faja se debió a “la transformación de los modelos de negocios globales hacia el desarrollo de las energías limpias” y por no estar de acuerdo con “el impacto de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del proyecto”.
Toro Hardy apuntó “ni TotalEnergy ni Equinor estaban dispuestos a correr con los riesgos”, en la producción de un tipo de crudo que no entraba sus lineamientos ambientales.
El caso de TotalEnergy y Equinor no es el único que involucra la salida de transnacionales del país. La petrolera japonesa Inpex Corp vendió dos activos de petróleo y gas en Venezuela a Sucre Energy Group - una empresa privada de exploración y producción-, con sede en Caracas, según informó extraoficialmente la agencia Reuters.
Para distintos especialistas, más allá de las sanciones, el problema principal de la industria ha sido la toma de malas decisiones, el intento de resolver las dificultades más inmediatas -como la búsqueda de recursos adicionales- dejando de lado la falta de planificación a mediano y largo plazo, algo que, apuntan, pasara factura más temprano que tarde.
Toro Hardy indica que recuperar la industria de hidrocarburos es una tarea urgente, ya que en el ámbito internacional al petróleo le queda una vida útil cada vez más corta. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), se espera que cerca del año 2040 “empezará un desplazamiento progresivo del petróleo por otros agentes menos contaminantes”.
“(En Venezuela) nos quedan menos de 20 años para poder hacer las inversiones y recuperar la industria, aprovechar esas dos décadas petroleras. Pero en las actuales condiciones de incertidumbre, de inseguridad jurídica y de irrespeto a los contratos, nadie va a invertir en Venezuela y el que sí esté dispuesto a invertir es porque sin duda alguna está recibiendo condiciones muy particulares, que probablemente no son las más beneficiosas para los venezolanos”, adujo Toro Hardy en entrevista a un portal web.
Monaldi estima que se necesita una inversión de alrededor de 110 mil millones de dólares, durante una década, para recuperar la industria petrolera venezolana.
Explicó que la única fuente de grandes cantidades de capital, así como la tecnología y la experiencia, necesarias para reconstruir la deteriorada industria son las grandes empresas energéticas occidentales.
Caracas / Rafael Arias
