“Para falsas elecciones no se va a prestar nadie”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, durante un recorrido realizado días atrás por La Guaira, estado Vargas. Comicios libres, transparentes y justos ha sido el petitorio de la oposición desde que Nicolás Maduro llegó al poder en 2013.
Con el desconocimiento de las presidenciales del 20 de mayo de 2018, el liderazgo opositor incrementó su exigencia. El Gobierno, por su parte, asegura que las próximas elecciones que se efectuarán en Venezuela serán las parlamentarias que, de acuerdo con la ley, corresponden en el año 2020.
Aun así, a partir de lo que la Asamblea Nacional (AN) denominó usurpación de la Presidencia de la República se construyó, a principios de 2019, un mantra y un estatuto de transición, cuyo propósito sigue siendo celebrar elecciones libres. Para lograrlas, Guaidó y los jefes de los partidos políticos plantearon, entre otros elementos, la renovación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) con el fin de que haya reglas de juego limpias y de que la ciudadanía recupere la confianza en el voto como instrumento de resolución de conflictos.
Inmediatamente después de la aprobación del estatuto, Guaidó creó una comisión especial, presidida por el segundo vicepresidente de la AN, Stalin González, que se encargaría de evaluar las condiciones para ir a unas elecciones y acelerar el proceso de designaciones. Aunque determinaron que hacían falta 12 puntos, entre los que se encuentran la habilitación de partidos políticos y líderes, y el voto en el extranjero, ese grupo de trabajo pasó meses sin reunirse.
Fuentes cercanas a la oposición justificaron que no podían adelantarse a nombrar nuevos rectores del Poder Electoral para evitar que se repitiera la persecución que vivieron los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) nombrado por el parlamento a mediados de 2017, y que despachan desde el exilio.
Fue el pasado 29 de octubre cuando la Asamblea Nacional retomó el tema con el chavismo en sus curules, tras 29 meses de ausencia. La amenaza de nombrar nuevos rectores desde una mesa de diálogo que no tiene representatividad política, obligó a Guaidó a acelerar el proceso que corresponde exclusivamente al parlamento, según el artículo 296 de la Constitución.
Entre las últimas sesiones de septiembre y las primeras de octubre, el chavismo, que se reincorporó luego de un acuerdo político con cinco partidos minoritarios de la oposición, aseguraba que el Poder Legislativo se encuentra en desacato y no tiene facultades para designar a un nuevo árbitro comicial. Dejaron claro que el nombramiento se podía hacer a través de la mesa de diálogo, lo cual es inconstitucional, o una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), luego de declarar una comisión parlamentaria.
Sin embargo, Guaidó insistía en que ese proceso se llevaría a cabo en la institución legislativa y que los supuestos avances que reflejara esa mesa de diálogo no serían vinculantes con el trabajo de la AN.
¿Qué se habla en la mesa de diálogo?
El 16 de septiembre, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, anunció la instalación de una mesa de diálogo con las organizaciones Cambiemos, Soluciones por Venezuela, Avanzada Progresista y Movimiento Al Socialismo, y a la que dos días después se sumó Esperanza por El Cambio, que dirige Javier Bertucci.
El propósito de esta iniciativa era nombrar nuevas autoridades del CNE, uno de los puntos que tanto el gobierno como la oposición han tratado en la mesa de diálogo de 2017 y en el mecanismo de Oslo de 2019, y sobre el cual no se ha llegado a ningún acuerdo.
El Gobierno entonces, según la oposición, reunió nuevamente al grupo opositor que le permite tener cierta legitimidad, a cambio de algunas concesiones. Precisamente, parte de ese grupo compitió con Maduro en los comicios de mayo del año pasado y denunció irregularidades y ventajismo en la elección por parte del Estado. Se trata de Henri Falcón, de AP, y Bertucci.
Eso ocurrió apenas se habían dado por terminadas las conversaciones en Barbados, entre la delegación de Guaidó y la de Maduro, luego que en agosto el gobernante decidiera levantarse de la mesa en rechazo a las sanciones impuestas por Estados Unidos que bloqueaban todas las propiedades de Venezuela que estuvieran en su territorio.
En ese momento, Rodríguez anunciaba que también se revisaría el funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, que actúa como un Poder Legislativo paralelo, la situación de los partidos políticos y el intercambio de petróleo por comida y medicina, por mencionar algunos acuerdos.
Sin embargo, cuando la oposición comenzó a debatir sobre un nuevo CNE, la mesa de diálogo se estancó. La mesa electoral complementaria centró sus esfuerzos en “identificar nudos” que pudieran impedir el nombramiento basado en la ley y en evaluar los lapsos a acortar para acelerar el proceso que establece 18 pasos y 100 días, según la Ley Orgánica del Poder Electoral (Lope).
Mientras que la mesa complementaria de partidos políticos acordó solicitar al actual Poder Electoral que abriera un proceso de legalización de los partidos políticos opositores que fueron inhabilitados de forma arbitraria por el mismo CNE, el TSJ y la ANC.
De las 96 organizaciones políticas que había en 2015, cuando se realizaron las últimas elecciones con garantías, sólo quedan 37, de las cuales 21 son nacionales.
Hasta el momento, la petición hecha a Tibisay Lucena, quien preside el organismo, no ha sido suscrita. La mesa de diálogo principal, que dirigen los jefes de partidos, deben discutirla y aprobarla.
Aunque públicamente el Gobierno insiste en que las nuevas autoridades comiciales se estrenarán con las parlamentarias de 2020, fuentes cercanas a la mesa de diálogo aseguran que aún no discuten qué tipo de elecciones deben celebrarse. Guaidó, por su parte, sostiene que sólo un proceso presidencial, que permita la salida pacífica de Maduro, es lo que necesita el país.
¿Qué ha hecho la Asamblea Nacional?
Con el ritmo pausado, el parlamento ha avanzado en la designación. Aun cuando la ley establece que la constitución del Comité Preliminar, integrado por 11 diputados, se hace en un día, la AN tardó dos sesiones para ponerse de acuerdo. Finalmente, se escogió por la bancada de la unidad a Ángel Medina, Luis Aquiles Moreno, Stalin González, Piero Maroun, Olivia Lozano, Franklin Duarte y Gregorio Graterol, y por el oficialismo se votó por William Gil, Nosliw Rodríguez, Jesús Montilla y Julio Chávez.
Durante la instalación de este comité, que es el segundo paso de los 18, se creó una subcomisión compuesta por Medina, Moreno, Gil y Chávez, con el objetivo de elaborar un cronograma de trabajo para escoger a los 10 miembros de la sociedad civil que les acompañaran en el resto del proceso.
En ese esquema de trabajo establecerán cuántos días recibirán las postulaciones de la ciudadanía y cuáles deben ser los requisitos para ser seleccionados. Según la Lope, el comité preliminar puede tardar hasta 20 días entre la convocatoria y la evaluación de candidatos, que son los pasos tres y cuatro.
Unas buenas elecciones
Organizaciones como Súmate y el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) han identificado los elementos para tener “unas buenas elecciones.” Aunque están conscientes de que el Gobierno hará lo posible por ir a comicios con el juego a su favor, insisten en tener condiciones que ofrezcan garantías y un resultado que sea aceptado por los venezolanos.
El OEV sostiene que las próximas elecciones que se realicen deben ser acordadas entre el Ejecutivo, que representa Maduro, y la AN, que dirige Guaidó. A partir de allí, se enumeran las condiciones.
La primera es contar con un árbitro electoral, lo cual implica renovar el CNE y eliminar a la Asamblea Constituyente.
Luego, convocar el proceso con tiempo. Pese a que la legislación venezolana no establece un lapso en específico, asoma que la convocatoria debe hacerse con mínimo seis meses de anticipación.
Los expertos electorales afirman que con este margen de tiempo se garantiza una serie de procesos, entre ellos las auditorías al sistema electoral, actualización del Registro Electoral y una campaña equitativa.
Otro de los puntos es contar con observación nacional e internacional. Luego de las parlamentarias, celebradas en diciembre de 2015, se han realizado cinco elecciones con un programa de acompañamiento internacional debilitado y una observación nacional casi nula.
También debe velarse por un sistema de votación transparente, lo cual implica revisión y actualización del RE dentro y fuera del país, miembros de mesa escogidos que sean sorteados, notificados y capacitados debidamente, así como garantía de que los partidos políticos contarán con sus testigos de mesa.
El OEV hace énfasis en que “unas buenas elecciones” no pueden realizarse con coacción, partidos ilegalizados y sin la tinta indeleble.
Comisión especial parlamentaria maneja cinco reformas a la norma electoral
La comisión especial que hace seguimiento a los asuntos electorales y que está presidida por el segundo vicepresidente de la AN, Stalin González, trabaja en la reforma parcial del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Rglopre).
Aunque aún no se tiene claro en qué momento deberán aplicarse estos cambios a la norma, los parlamentarios profundizan sobre los artículos que garantizarían una elección libre y transparente.
En primer lugar, proponen cambiar el artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), en el cual se establece que únicamente podrán votar en el exterior los electores venezolanos que posean residencia o cualquier otro documento que denote legalidad en ese país.
La AN y organizaciones dedicadas al tema electoral plantean que se le permita votar al venezolano con su pasaporte.
Hasta el momento, en Venezuela sólo procede el acompañamiento internacional y la observación nacional, de acuerdo con el Título XIV del Reglamento General de la Lopre.
A juicio de la Asociación Civil Súmate, la figura de observación internacional calificada no puede ser sustituida por el acompañamiento que significa “una suerte de turismo electoral guiado por el CNE de acuerdo con los intereses del PSUV”. Estas misiones no esgrimen ni pueden emitir opiniones públicas sobre el proceso, deben ceñirse a lo que decida el órgano rector, es decir, el CNE.
La comisión parlamentaria sugiere prohibir las cadenas de radio y televisión que sirven de herramienta para privilegiar a un candidato, También plantea regular el financiamiento para campañas electorales, debido a la utilización de recursos del Estado.
“Debe prohibirse el proselitismo político y los llamados puntos rojos alrededor de los centros de votación el día de la elección, así como la utilización de medios de identificación y votación distintos a los establecidos en la ley para que los ciudadanos puedan votar sin miedo, sin sentirse intimidados ni coaccionados”. Estas son alguna de las propuestas que ha hecho la asociación civil Súmate, que publicó un informe a inicios de este año con los cambios que deberían hacerse.
Caracas / Sammy Martínez
