La fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, manifestó este lunes 3 de mayo que el cambio de postura esgrimido por el fiscal designado por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, en casos emblemáticos como el del concejal Fernando Albán; del capitán Rafael Acosta Arévalo; y del joven Juan Carlos Pernalete, lo que busca como objetivo es «engañar» a la Corte Penal Internacional (CPI) y «proteger» a Nicolás Maduro y a los máximos responsables de violación a los DDHH en Venezuela.
En entrevista concedida a VPITv, Ortega Díaz enfatizó en el hecho que sus aseveraciones hechas en 2017 eran ciertas y expresó que desde el Ejecutivo han estado enviando informes, pruebas y documentos para «demostrar» que desde Venezuela se está haciendo alguna investigación y que «están interesados» en castigar a aquellos que violen los DDHH, para evitar que la CPI continúe investigando ya que a esta instancia la rige el principio de complementariedad, es decir, que si no hay investigación de Derechos Humanos en el país donde hay denuncias, se comienza una investigación formal.
Indicó que «no basta que se diga que los casos ocurrieron así». Puso como ejemplo el caso de Fernando Albán, donde se dice que se cometió «homicidio culposo», por lo que se preguntó que si entonces al político de Primero Justicia -muerto en octubre de 2018 en la sede del Sebin de Plaza Venezuela- «lo torturaron con impericia, negligencia (…) o sea, es una situación normal que lo torturen, pero se les fue la mano y no lo golpearon donde era para que muriera. ¿Qué es eso?».
Sobre la investigación del caso de Juan Carlos Pernalete, Luisa Ortega Díaz explicó que no hay certeza de que los superiores de los efectivos de la Guardia Nacional que participaron en los hechos de su muerte en 2017 estén detenidos, al igual que dichos funcionarios, a pesar que los fiscales que llevan el caso ante la CPI pidieron los nombres de estos efectivos y de la cadena de mando «porque el tema de la violación de los Derechos Humanos no es cosa aislada sino política de Estado».
«El caso de Pernalete fue en una manifestación con uso desproporcionado de la fuerza. Lo que se busca es criminalizar las protestas, que fue lo que se hizo en Venezuela. No puedes analizar los casos aisladamente sino en el contexto de lo que ocurre», comentó.
Caracas / TC
