Buscar alternativas económicas para atender problemas de salud bucal puede llevar a algunos pacientes a recurrir a personas que no cuentan con la formación profesional requerida. Esta práctica, conocida como intrusismo odontológico, representa un riesgo que puede derivar en tratamientos inadecuados, lesiones, infecciones e incluso pérdida de piezas dentales.
La odontóloga general Marcela Barrera explicó que el intrusismo ocurre cuando personas que no poseen el título profesional o las habilitaciones correspondientes realizan procedimientos propios de un odontólogo. Aunque técnicos e higienistas pueden trabajar dentro del área de la salud bucal, aclaró que sus funciones no los convierten en profesionales de la odontología.
Ante esta situación, recomendó a los pacientes verificar que quien los atienda esté debidamente colegiado y cuente con las credenciales necesarias para ejercer.
Barrera señaló que existen varias señales de alerta que pueden ayudar a identificar establecimientos o profesionales que no cumplen con las condiciones necesarias para brindar atención odontológica. Entre ellas mencionó las condiciones de higiene del lugar y la posibilidad de comprobar las credenciales de quien realiza el procedimiento.
En su experiencia, algunos pacientes llegan a consulta después de haber recibido tratamientos inadecuados. Entre los casos que ha observado se encuentran extracciones dentales con complicaciones, procedimientos incompletos y tratamientos provisionales mal realizados.
La especialista explicó que una extracción dental no debe considerarse un procedimiento menor, debido a que se trata de una intervención quirúrgica que requiere conocimientos y cuidados específicos. Una técnica incorrecta puede ocasionar lesiones y obligar a remitir al paciente a un cirujano bucal o maxilofacial.
Otro de los problemas señalados por Barrera está relacionado con la ortodoncia realizada sin la supervisión adecuada. La odontóloga indicó que algunos pacientes buscan tratamientos de menor costo y terminan recurriendo a personas que no poseen la especialización requerida.
De acuerdo con su explicación, la aplicación incorrecta de fuerzas durante un tratamiento de ortodoncia puede ocasionar daños en los tejidos y estructuras que sostienen los dientes. En casos graves, las consecuencias pueden llegar a comprometer la permanencia de las piezas dentales.
Barrera también alertó sobre prácticas realizadas por los propios pacientes, como modificar elementos del tratamiento en casa sin supervisión profesional, debido a que pueden incrementar los riesgos y agravar las lesiones.
Para la odontóloga, las consecuencias del intrusismo trascienden el ámbito estrictamente dental. La utilización de instrumental sin una adecuada esterilización puede aumentar el riesgo de transmisión de infecciones.
Barrera explicó que durante los procedimientos odontológicos existe contacto con sangre y tejidos de la cavidad oral, por lo que la esterilización del instrumental y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad son fundamentales.
Entre los riesgos mencionó la posibilidad de transmisión de enfermedades infecciosas, como hepatitis y VIH, cuando no se cumplen los protocolos correspondientes. También advirtió sobre las complicaciones que pueden producirse cuando un procedimiento se realiza sin conocer las condiciones médicas del paciente.
La especialista puso como ejemplo las infecciones que pueden ingresar al torrente sanguíneo y, en determinadas circunstancias, generar complicaciones graves como la endocarditis bacteriana. Por ello, destacó la importancia de realizar una adecuada historia clínica antes de intervenir a un paciente.
Otro aspecto señalado fue la necesidad de que los odontólogos reconozcan sus propios límites profesionales. Barrera insistió en que un odontólogo general debe remitir al especialista aquellos casos que requieran conocimientos o procedimientos específicos.
Barrera sostuvo que los pacientes tienen un papel fundamental en la prevención del intrusismo. Antes de iniciar un tratamiento, recomendó verificar que el profesional esté debidamente acreditado y que el establecimiento cumpla con condiciones adecuadas de higiene y bioseguridad.
En Venezuela, según explicó, el ejercicio profesional requiere cumplir con los registros y habilitaciones correspondientes, además de la colegiatura. Ante una atención presuntamente realizada por una persona no autorizada o frente a un tratamiento que haya provocado daños, señaló que los afectados pueden acudir a las autoridades competentes y al Colegio de Odontólogos correspondiente.
Las secuelas, agregó, no siempre son exclusivamente físicas. Un tratamiento traumático puede generar miedo o rechazo a volver al odontólogo, lo que puede provocar que el paciente postergue nuevamente la atención.
Ese retraso puede convertir un problema inicialmente controlable en una complicación mayor. Por ello, la prevención del intrusismo pasa no solo por verificar quién realiza un procedimiento, sino también por acudir oportunamente a profesionales debidamente formados y autorizados.
El costo de un tratamiento no debería ser el único criterio para elegir dónde recibir atención odontológica. La formación profesional, las credenciales, las condiciones de higiene y la capacidad de remitir un caso a un especialista son elementos fundamentales para proteger la salud del paciente.
Las advertencias de Barrera apuntan a una realidad en la que un procedimiento aparentemente sencillo puede tener consecuencias importantes cuando es ejecutado por una persona sin las competencias necesarias. La recomendación central es verificar las credenciales del profesional y evitar tratamientos odontológicos realizados fuera de los canales profesionales establecidos.
Lara / El Impulso
