La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) divulgó este martes un informe donde evalúa y analiza las etapas que marcaron el proceso de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, concluyendo que las circunstancias que rodearon la consulta “configuran una alteración del orden constitucional”, por lo que la reelección del jefe de Estado, Nicolás Maduro, carece de “legitimidad democrática”.
La instancia adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA) subrayó que el Gobierno “ejecutó una estrategia planificada dirigida a impedir la participación política de la oposición y obstaculizar el desarrollo de una contienda libre, justa y competitiva”, además de “reprimir las protestas sociales provocadas por la opacidad electoral y las denuncias de fraude”, todo ello, con el “propósito de perpetuarse en el poder”.
El documento de 85 páginas fue aprobado por la Cidh el 27 de diciembre y está dividido en cuatro capítulos.
El organismo advirtió que, hasta la fecha, “el Estado continúa sin presentar las actas de votación que respaldan los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que dieron como ganador a Maduro. “La opacidad electoral, y, en general, las restricciones a los derechos políticos documentadas en este informe impiden a esta Comisión considerar que la reelección de Nicolás Maduro goza de legitimidad democrática”, puntualiza el texto.
Terrorismo de Estado
De acuerdo al informe, “las graves denuncias de fraude dieron lugar a cerca de 300 manifestaciones a nivel nacional”.
“La represión incluyó prácticas de terrorismo de Estado dirigidas, especialmente a infundir terror en la ciudadanía y silenciar voces disidentes. Entre las violaciones documentadas están: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de corta duración, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles inhumanos y degradantes, cancelación de pasaportes, muertes violentas, y un sinfín de violaciones a las garantías judiciales y a la libertad de expresión”, indicó la Comisión.
La instancia advirtió que situación de impunidad en los hechos ocurridos antes, durante y después de los comicios del 28-J también “es consecuencia de la falta de separación e independencia de los poderes públicos, en particular, del Poder Judicial”. Por tal motivo, la Cidh instó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional “a presentar formalmente un caso por la comisión de crímenes de lesa humanidad”.
“La Cidh llama a la comunidad internacional a reconocer la grave crisis de derechos humanos en Venezuela, mantenerse vigilante frente a nuevas escaladas represivas y activar todos los canales diplomáticos e institucionales para el regreso de la democracia al país”, apuntó el informe en sus conclusiones.
Violaciones de DD.HH. en tres etapas
El texto desglosa las irregularidades y las violaciones de derechos humanos y garantías ciudadanas en tres etapas.
Durante la primera etapa, correspondiente al período preelectoral, se indica que el Estado obstaculizó la participación política de la oposición, utilizando el control de diversas instituciones como el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“El régimen detuvo arbitrariamente a personas opositoras, defensoras de derechos humanos y líderes sociales, y amedrentó e inhabilitó a dirigentes de la oposición”.
En la segunda fase, durante las elecciones presidenciales del 28-J, la Cidh advierte que el CNE suspendió la transmisión de los resultados y se rehusó a publicar las actas de votación que respaldaban el supuesto triunfo de Maduro.
“Esto dio lugar a graves denuncias de fraude electoral y a un inconformismo generalizado en la población. Anticipando un fraude electoral, la oposición recolectó el 83,5% de las actas a nivel nacional, sosteniendo su autenticidad por contar con los correspondientes sellos, firmas y códigos de seguridad. La totalización de esas actas muestra que Edmundo González Urrutia ganó la elección”.
Finalmente, en la tercera fase, luego de los comicios, se incrementarían las acciones represivas y de violencia en respuesta a las protestas de rechazo al fraude electoral.
“Alrededor de 300 manifestaciones espontáneas fueron reprimidas por las fuerzas del régimen y grupos civiles de choque. La ‘Operación Tun Tun’ resultó en al menos 25 muertes, más de 2 mil detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otras graves violaciones a los derechos humanos. Las fuerzas de seguridad también llevaron a cabo allanamientos sin orden judicial y detenciones masivas, además de recurrir a actos de violencia sistemática contra personas manifestantes”, agrega el documento.
Caracas / Rodolfo Baptista
