La medida tomó por sorpresa a opositores y a chavistas. Aunque en días anteriores ya habían circulado rumores sobre la posible acción a favor de la disidencia, no se esperaba que abarcara tantos casos.
El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, fue el encargado de transmitir la noticia el 31 de agosto. 110 personas, opositoras al gobierno de Nicolás Maduro, recibirían un indulto por decreto presidencial.
La lista incluía a diputados encarcelados, exiliados, activistas, ciudadanos a los que se les seguía una investigación y otros acusados por diversos delitos, que serían beneficiados para impulsar una “reconciliación nacional”.
La estrategia no ha quedado clara por ser la primera vez que el Gobierno adopta un “perdón colectivo” tan extenso, ya sea por una negociación con sus adversarios o por una concesión unilateral.
Por lo pronto, el exgobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, reconoció haber participado -con funcionarios del gobierno de Turquía como mediadores- en conversaciones que posibilitaron la liberación.
“Hoy, por mis ‘gestiones personales’, nos sentimos satisfechos de la libertad de 110 presos políticos. Mi único interés es defender a los venezolanos y lograr la libertad de Venezuela”, escribió en Twitter.
La lista no incluyó a militares presos. A finales del mes pasado, la Organización No Gubernamental (ONG) Foro Penal apuntó que existían 386 presos políticos, de los cuales 127 eran integrantes de la Fuerza Armada. Sin embargo, otras organizaciones han señalado que el número de oficiales castrenses es mayor a los 250.
El Foro Penal explicó que de los beneficiados por el indulto presidencial, sólo 50 estaban efectivamente privados de libertad; –otros eran sujetos de investigaciones o estaban bajo otras condiciones como por ejemplo, los exiliados. De esta manera quedarían aún 336 presos políticos. “Todavía queda mucho trecho por recorrer”, dijo Gonzalo Himiob, vocero de la organización.
Luego del anuncio, las reacciones de distintos sectores fueron desde la alegría de allegados hasta los que advertían que no había nada que agradecer, pues los beneficiados no habían cometido nunca delito alguno.
Del lado del bando del chavismo, muchos se mostraron descontentos a través de las redes sociales, mientras que otros pedían confiar en las decisiones del Gobierno, ya que tarde o temprano se develaría la verdadera razón de la medida.
Poder Judicial en entredicho
En algo que coincidieron varios profesionales del Derecho es en que es absurdo indultar a personas que no tienen sentencia. “Un indulto sólo es aplicable a personas con sentencias y no ha sido el caso. Debe sobreseerse la causa a quienes fueron excarcelados”, aclaró el abogado Joel García.
El abogado penalista Alberto Arteaga explicó que el debate sobre los indultos es político y no jurídico. “El indulto, en principio, es para penados; pero cabe también la anómala figura del indulto procesal. El indulto a procesados es una demostración de la interferencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial que, en definitiva, es el que queda en entredicho”, dijo Arteaga.
La acción incluso pasó por encima del llamado poder originario, representado en la Asamblea Nacional Constituyente, que se supone está sobre todos los poderes. El analista y consultor político Luis Totti Medina coincide al afirmar que en Venezuela no hay separación de poderes.
“No hay una democracia formal, como tampoco un sistema político de garantías. Una muestra clarísima es que el Poder Judicial es un apéndice del poder Ejecutivo y de los designios que se mandan desde el Palacio Presidencial. Esto obedece no a un acto de magnanimidad de Nicolás Maduro, sino que desde luego corresponde a una negociación. Las condiciones que ha puesto el Gobierno están por verse”, manifestó Totti Medina.
Sin delito
La medida fue objetada por aquellos que consideraban que no habían cometido delito e indicaron que mantendrán su lucha contra el Gobierno. “Ni Maduro es Presidente, ni yo soy delincuente”, tuiteó el diputado en el exilio Américo De Grazia, uno de los mencionados en la lista.
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, denunció que el régimen de Maduro “finge clemencia en su desesperación por el reconocimiento a la farsa electoral del 6 de diciembre”. “Maduro es un verdugo que ha destruido la institucionalidad del país”, dijo.
Mientras que el diputado de la Asamblea Nacional, Richard Blanco, aseguró que el Gobierno no posee la legitimidad para conceder indulto. Acotó que su deseo y trabajo se ha enfocado en alcanzar la libertad plena en Venezuela. “Eso se logra con el cese de usurpación”.
Otro de los liberados fue el diputado Renzo Prieto, quien aseveró que continuará luchando, tal como hizo luego de su primera detención, en el año 2015. “Seguiré trabajando y luchando por el país”, señaló tras su excarcelación.
Quien también cuestionó la medida, aun cuando la beneficia, fue la diputada Mariela Magallanes, al asegurar que los supuestos indultos de la dictadura de Maduro son una estrategia planificada por el régimen para dividir a los venezolanos, como respuesta a la ruta de la unidad propuesta por Juan Guaidó.
“Ni Maduro es presidente ni en Venezuela hay Estado de Derecho. Por tanto, su supuesto indulto no tiene ningún valor. Nuestra lucha es por la libertad para dejar de ser rehenes de una tiranía criminal”, escribió Magallanes en Twitter.
El vicepresidente del partido Acción Democrática (AD), diputado Edgar Zambrano, otro de los beneficiados con la libertad plena, dejó clara la decisión firme y vertical de la tolda blanca de no participar en el proceso electoral convocado para el 6 de diciembre.
Caracas / Fiorella Tagliafico / Rafael Arias.
