Representantes de diferentes comunidades indígenas situadas en la zona sur del estado Anzoátegui compartieron sus inquietudes frente al futuro institucional y económico del país, enfatizando que la anunciada reactivación industrial no debe significar el despojo ni la afectación ambiental de los territorios que ocupan.
El debate se generó durante el reciente Foro sobre la Participación de los Pueblos Indígenas en la Transición Política y la Reactivación de la Industria Petrolera, realizado en la comunidad indígena Santa Rosa de las Magnolias, municipio Freites, donde participaron líderes del pueblo Kariña, académicos y defensores de derechos de los pueblos originarios.
Rafael Maita, vicepresidente de la fundación Kariñakon en la zona, comentó que cualquier proyecto petrolero, infraestructura energética o decisión política que impacte directa o indirectamente en sus territorios debe contar con la aprobación previa, consciente y sin presiones de las comunidades afectadas. Asimismo, dejaron claro que no se oponen a las inversiones ni a la ejecución de proyectos de desarrollo del país, pero exigen que estos se realicen en el marco de la Constitución y legalidad que establece el respeto pleno y protección a los derechos ante cualquier acción extractiva en territorios con valor ancestral.
El evento igualmente contó con la ponencia de los abogados Tulio Gudiño y Francisco Romero, quienes junto con los asistentes, coincidieron en que el desarrollo económico y el reinicio de las actividades petroleras no pueden materializarse ignorando a las comunidades indígenas.
En este sentido, se ratificó el apego al marco jurídico que protege a los pueblos indígenas, garantizado tanto en la Constitución de Venezuela, como en instrumentos internacionales de obligatorio cumplimiento, tales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Entre los pilares centrales del foro también mencionaron el respeto a las autoridades tradicionales y la consulta previa, libre e informada, como garantía de la participación de los pueblos indígenas en los asuntos que los involucre.
El Tigre / Damary Díaz
