El grupo empresarial encabezado por Jacobo Salas Romer salió al paso, de nuevo, a quienes ocupan la finca Barimisagua, en Sanare de la costa oriental falconiana, a los que califican de invasores ilegales que causan daños ambientales porque explotan, al margen de la ley, las minas que existen en la zona.
“Los invasores de la finca Barimisagua insisten en decir que esas tierras eran del antiguo IAN (ahora INTI) para justificar su ocupación ilegal, sin embargo, no cuentan con ningún medio probatorio porque lo cierto es que las tierras en cuestión son propiedad privada de las Agropecuarias Barimisagua y Yaracuibare C.A. El nuevo argumento que utilizan es que han sido “censados” por el INTI, sin embargo no señalan fechas, ni documentos o expedientes de soporte, porque no existen”, asegura el grupo Salas Romer.
Agregaron que sobre los fundos Las Marías, Las Vitrinas, El Hierro y Barimisagua, existe el derecho de propiedad amparado en el artículo 115 de la Constitución, a favor de las referidas agropecuarias que además, cuentan con cadenas titulativas consignadas ante el Instituto Nacional de Tierras y el Tribunal Agrario, que comprueban el desprendimiento de la Nación de dichas tierras, válidamente suscrito, desde el gobierno de José Tadeo Monagas, hace mas de 150 años.
Los empresarios carabobeños insisten en que desde hace más de 150 años las tierras de Barimisagua dejaron de ser públicas y pasaron a ser propiedad privada.
“Sin embargo, los invasores se empeñan en violar la propiedad privada utilizando la excusa falsa de que las tierras son públicas y así lo afirman, sin ningún tipo de prueba, en medios de comunicación e incluso ante instancias estatales como la Defensoría del Pueblo y el Consejo Legislativo de Falcón, buscando amparo a sus actos delictivos a través de falsas manifestaciones de victimización”.
Además los invasores insisten en hacer ver a la opinión pública que la finca ha estado abandonada cuando lo cierto es que los propietarios, aún a pesar de la invasión que sufren desde hace tres años y que limita seriamente la productividad de la finca, han continuado en posesión productiva de la finca desde que la adquirieron hace más de 50 años, lo cual es demostrable mediante certificación de finca mejorable, improcedencia de determinación de tierras ociosas y medidas judiciales de protección a la producción, testimonios de trabajadores de las agropecuarias, guías de movilización de animales, bienhechurías, facturas, maquinarias, entre muchos otros medios probatorios, que son imposibles de ocultar por los invasores y que constan en los respectivos expedientes que conocen el caso, tanto a nivel administrativo como en instancia judicial, insistieron los Salas Romer.
Plantearon que los invasores además se sirven de citar informe de la ORT Falcón, sin mencionar -convenientemente- que la producción que señaló dicha Oficina Regional se debe a que la finca Barimisagua se encuentra en una condición de ocupación ilegal por parte de un grupo de campesinos, lo cual ha generado una perturbación al normal desenvolvimiento de las actividades dentro de esa finca.
En efecto, la ORT Falcón determinó que “la Finca Barimisagua presenta una ocupación ilegal por parte de un grupo de de 129 personas”, no familias como dicen los invasores. En inspecciones mas recientes se actualiza que no mas de 70 personas ocupan ilegalmente la finca, por lo que no es cierto de que se trata de 500 personas o 129 familias invadiendo el predio en cuestión. Una vez más, los invasores tergiversan la información, expresaron los Salas Romer.
Aseveran que otro hecho imposible de ocultar por los invasores es que el procedimiento de determinación de tierras ociosas fue solicitado por ellos ante la Oficina Regional de Tierras del Estado Falcón el 03 de febrero de 2020, cuando irrumpieron ilegal y violentamente en la Finca Barimisagua, de manera que no es cierto que desde el año 2015 haya sido “denunciada la ociosidad de la tierra” como ellos alegan.
“Además, los invasores repiten que las agropecuarias propietarias de Barimisagua desean aprovecharse de los minerales presentes en la finca, pero la realidad es que dichas empresas han tenido conocimiento de su existencia desde que las adquirieron hace más de 50 años y nunca ha sido ni es su voluntad explotarlo, por el contrario, se han empeñado en resguardar el patrimonio ambiental presente en la finca a través incluso de la solicitud y trámite para la certificación de Área de Reserva de Medios Silvestres dictada por el Ministerio de Ecosocialismo”.
–Lamentablemente, a pesar de las previsiones legales seguidas por las agropecuarias y dirigidas a la protección de las reservas ecológicas de la finca Barimisagua, esta está siendo afectada gravemente por actividades degradantes del ambiente tales como la tala y la quema indiscriminada de vegetación y la minería artesanal ilegal que llevan a cabo los invasores de la finca de manera continua e ininterrumpida desde hace tres años cuando ingresaron a la fincas y en un completo desconocimiento del derecho justifican en una inventada por ellos “minería ancestral”, denunció el grupo Salas Romer.
También negaron que los invasores llevan 18 años en Barimisagua, “en realidad, tal y como ellos mismos declararon en diversas oportunidades ante instancias judiciales y administrativas, este grupo ingresó ilegalmente en el año 2020, en plena pandemia, supuestamente para producir alimentos”.
“Sin embargo, los invasores lejos de ejercer labores propias de las personas que trabajan el campo, se han dedicado desde su ilegal ingreso en la finca, a destruir los recursos ambientales causando daños de difícil o imposible reparación, puesto que se dedican, realmente, a minar y talar, no a producir alimentos”.
Los invasores en aras de continuar incumpliendo las decisiones de los órganos del poder público, de seguir violando la ley, insisten en atacar directa y públicamente a las autoridades -tanto administrativas como judiciales- acusándolas infundadamente de irregularidades, hechos de corrupción y de “acoso”, resaltaron los Salas Romer.
Falcón / La Mañana
