Fedeindustria Sucre emitió este jueves un comunicado dirigido a la gobernadora de la entidad, Jhoanna Carrillo, al gerente regional del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), con un plan detallado de incentivos económicos, destinados a atender la emergencia hídrica que se vive en los municipios Sucre, Cruz Salmerón Acosta y Bolívar.
Valentino Alterio, presidente del ente gremial, detalló que se busca la adopción de medidas económicas urgentes y excepcionales para mitigar el impacto de la emergencia hídrica en las actividades industriales, manufactureras, comerciales, educativas y procesos productivos de la ciudad de Cumaná y el estado Sucre.
Recordó que hay una emergencia hídrica decretada, debido a una “falla estructural crítica en el sistema de trasvase de la represa del Turimiquire”, ocasionada por un evento telúrico que ha interrumpido gravemente el suministro de agua potable en los municipios señalados.
Dijo que la paralización del servicio de agua ha generado una parálisis en la cadena productiva de la región. “El agua no es solo un insumo para el consumo humano; es un elemento indispensable en los procesos industriales y manufactureros. Las panaderías, bloqueras, procesadoras de alimentos, plantas de lácteos, talleres textiles, entre otros, se han visto forzados a detener o reducir drásticamente su producción”.
Al respecto, precisó que esto se traduce en pérdidas económicas significativas, imposibilidad de cumplir con compromisos laborales (pago de salarios, prestaciones sociales) y un riesgo inminente de cierre definitivo de unidades productivas, con el consecuente deterioro del empleo y el aumento de la pobreza.
Agregó que la adquisición forzosa de agua mediante camiones cisterna a costos elevadísimos encarece la operación diaria hasta niveles insostenibles, afectando la rentabilidad y, en muchos casos, operando a pérdida para intentar mantener el personal activo.
“Esta situación, que ya supera las dos semanas, coloca al sector industrial ante una coyuntura de fuerza mayor, tal como lo reconoce el artículo 1.271 del Código Civil Venezolano, al impedirse la ejecución normal de las obligaciones contractuales y productivas por un hecho imprevisible e irresistible”.
Sustento
Alterio recordó que el Decreto N° 5.118 (publicado en Gaceta Oficial N° 6.896 Extraordinario del 09/04/2025), declaró el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional y faculta al Ejecutivo para “suspender, con carácter general, la aplicación y cobro de tributos nacionales, estadales y municipales, así como de los trámites administrativos relacionados, a fin de proteger el aparato productivo nacional”
Agregó que consideran que la emergencia hídrica en Cumaná es una clara manifestación de esas “circunstancias extraordinarias” que justifican la activación de los mecanismos de protección al aparato productivo local.
Piden los industriales la exoneración y suspensión de tributos nacionales y estadales y solicitan a la la gobernación y al Seniat la emisión de las providencias o resoluciones respectivas para suspender temporalmente, mientras dure la emergencia hídrica, la aplicación y el cobro del 100% de los tributos estadales, especialmente las tasas por servicios administrativos y cualquier otro gravamen que afecte el flujo de caja de las industrias y comercios.
Exonerar del pago de tributos nacionales, como el Impuesto Sobre la Renta (ISLR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), a las micros, pequeñas y medianas industrias ubicadas en los municipios afectados por el Decreto N° 277, durante el período que dure la emergencia.
Suman a la solicitud la medición de la gobernación para instar a los propietarios de inmuebles industriales, comerciales y educativos a conceder una moratoria o reducción significativa de los cánones de arrendamiento durante el tiempo que los inquilinos no puedan ejercer sus actividades con normalidad por la falta del suministro de agua.
Igualmente, realizar mesas de trabajo entre arrendadores y arrendatarios para llegar a acuerdos justos que eviten la caducidad de los contratos y el cierre de fuentes de empleo, en un contexto de fuerza mayor, sí como la mediación para la reducción de tarifas de servicios públicos (energía eléctrica, aseo urbano) en función de la imposibilidad de operar a plena capacidad.
También instan a las autoridades a crear líneas de crédito y financiamiento blandos y decretar la creación de una Zona Económica Especial Temporal.
Sucre / Yumelys Díaz
