La persecución y criminalización de la protesta no se detiene. En esta oportunidad el brazo guía de la búsqueda de quienes participaron en protestas presuntamente son personas que integran los consejos comunales y lideres de las UBCH.
En reiteradas ocasiones, Nicolás Maduro ha pedido a sus seguidores que denuncien a quienes protesten o inciten a desconocer los resultados electorales anunciados por Elvis Amoroso el pasado 28 de julio y que generaron dudas en la población y la comunidad internacional.
Testigos de los allanamientos realizados a inicios de semana al sur de Valencia denunciaron que integrantes de consejos comunales acompañaban a los funcionarios para indicarles donde ubicar a los jóvenes. “Aquí la que andaba en la patrulla, en una camioneta donde se los llevaron a ellos montados, era la del consejo comunal de aquí, ella era quien los estaba buscando. Mi hijo la vio y uno de los chamitos también dijo que la vio”, denunció una de las madres de los detenidos.
El pasado lunes 5 de agosto se efectuaron 18 allanamientos en sectores al sur de Valencia, en busca de supuestos responsables de incendiar los módulos policiales de la Alcaldía de Valencia durante las protestas contra los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Familiares de los detenidos denunciaron que fueron arrestos arbitrarios. «Se los llevaban solo por parecerse a quienes salían en las cámaras de seguridad que la Alcaldía de Valencia instaló en la ciudad. No concuerdan con la descripción, pero se los llevan solamente para cumplir con la cuota de detenidos”, resaltó uno de los denunciantes.
El modus operandi de estos procedimientos es llegar a la puerta de la casa, tocar, mostrar un video o foto de las cámaras de seguridad y, aunque no se parezcan a los de la foto o video, igual tumban la puerta y se los llevan. Estos procedimientos irregulares se desarrollaron en sectores cercanos a la Plaza Bolívar de Miguel Peña, Cancha Ruiz Pineda, Periférico de Candelaria y Plaza Santa Rosa, puntos en donde se encontraban los módulos policiales incendiados.
Familiares también denunciaron que luego del allanamiento y detención arbitraria, los funcionarios les tomaban fotos a los jóvenes con material incendiario para usarlas como pruebas. «Los están fotografiando con granadas, bombas molotov, con cosas incendiarias para culparlos», recalcó uno de los denunciantes.
Los delitos que se les pretende imputar a estos jóvenes del sur de Valencia son terrorismo, asociación para delinquir, daño contra el patrimonio público e instigación al odio.
Carabobo / El Carabobeño
