Elizabeth de Guillén, comerciante del Mercado Municipal de Puerto La Cruz y quien tiene a dos familiares retenidos en el Centro Agroproductivo de Barcelona (Anzoátegui), clamó el miércoles por la intervención de la Defensoría del Pueblo durante la protesta de los reos que se encuentran en huelga de hambre desde el pasado lunes.
En declaraciones a El Tiempo, afirmó que tras el traslado de 30 de los 700 detenidos desde el retén de Puente Ayala hasta el Centro Penitenciario de Oriente, situado en El Dorado, estado Bolívar, "se acentuaron las violaciones de los derechos humanos de los prisioneros por parte de la directiva del penal".
"El personal de la cárcel de Puente Ayala siempre anda maltratando y golpeando a los reos sin que les importe el valor de una vida. Por eso, la defensoría debe hacer su trabajo, pues no investiga a fondo las violaciones de derechos humanos que se cometen", indicó de Guillén, quien denunció que algunos enfermos han sido maltratados sin justificación.
"Están golpeando a los enfermos y no conformes con eso, tratan de extorsionar sus familias. A algunos los amenzan y les cobran 50 dólares para dejarlos vivir en paz, eso es inhumano", declaró de Guillén que espera no se produzcan nuevos traslados de la población del penal barcelonés hacia otros espacios en las próximas horas.
"Dónde están los verdaderos luchadores por la seguridad y bienestar de los presos. Necesitamos que respeten la vida de todos".
Barcelona / Joseph Ñambre
