Voceros y activistas del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, encabezados por Andreina Baduel, se concentraron a las puertas de la Cancillería en Caracas para entregar un petitorio con exigencias dirigidas al Estado venezolano en favor de los derechos de las personas privadas de libertad por motivos políticos y de quienes han sido excarcelados.
Durante sus declaraciones a los medios de comunicación, Baduel reiteró la denuncia sobre un patrón de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en las distintas cárceles del país. En particular, hizo énfasis en un hecho ocurrido recientemente, el 5 de julio, cuando denunció la aplicación de torturas brutales contra los detenidos.
La vocera cuestionó el discurso oficial sobre un presunto “nuevo momento político” e instó a las autoridades a demostrar una verdadera voluntad política para corregir la situación. En este sentido, detalló que el documento exige el ingreso inmediato de una comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para verificar in situ las condiciones de los reclusos, así como la autorización para que el Comité Internacional de la Cruz Roja acceda a los centros de reclusión y garantice atención médica especializada.
El petitorio también demanda el acceso de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU para la elaboración de su próximo informe, previsto para septiembre. En favor de quienes ya fueron excarcelados, pero continúan bajo medidas cautelares, solicitaron el cese definitivo de restricciones como la prohibición de salida del país o las trabas para obtener cédulas y pasaportes.
Asimismo, exigieron la ejecución real y efectiva de las excarcelaciones prometidas, al señalar que los incumplimientos generan una mayor revictimización de las familias. Baduel recordó, además, que se cumplen siete meses de vigilia ininterrumpida por parte de familiares que pernoctan en las afueras de los centros penitenciarios.
En la jornada también intervino Reynaldo Cortés, exencarcelado del grupo de luchadores sociales detenidos en 2022 y liberados a finales de 2023, quien expuso las severas limitaciones laborales y civiles que enfrentan las personas excarceladas que permanecen bajo medidas cautelares.
Caracas / Rodolfo Baptista
