Representantes de organizaciones que velan por los derechos humanos de los presos políticos denuncian que los ciudadanos extranjeros detenidos en el país son víctimas de los mismos patrones de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso que los detenidos venezolanos.
Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal Venezolano; Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad de Provea, y Kelvi Zambrano, abogado de la Coalición Venezolana por los Derechos Humanos y la Democracia, coinciden en que la detención arbitraria, denegación de justicia, aislamiento prolongado y, en casos, desaparición forzada, forma parte de un patrón de violaciones que comete el Estado venezolano al apresar a ciudadanos tanto nacionales como extranjeros en suelo venezolano.
De acuerdo con el registro más reciente del Foro Penal, en Venezuela hay al menos 54 extranjeros que se encuentran privados de libertad por razones políticas, de los cuales, 35 de ellos poseen doble nacionalidad.
Entre estos presos, hay ciudadanos de Colombia (13), España (11), Italia (9), Estados Unidos (7), Portugal (3), Ecuador (2), Argentina (2), Alemania (1), República Checa (1), Chile (1), Guyana (1), Países Bajos (1), Hungría (1), Perú (1), Ucrania (1) y Uruguay (1).
Himiob denuncia que en las detenciones arbitrarias en Venezuela se viola el derecho a la libertad personal y derecho a la defensa, a ninguno se le permite designar a sus abogados de confianza y les imponen defensores públicos. Pero, particularmente en el caso de los extranjeros se irrespeta la Convención de Viena que garantiza el derecho de asistencia consular a ciudadanos de otros países.
“Los funcionarios consulares tienen derecho a visitar a cualquier ciudadano de su país que haya sido detenido y que se encuentre preso”, señala Himiob.
Otro de los patrones que identifican los abogados sobre las detenciones de extranjeros en Venezuela, es el hermetismo y la falta de acceso a la información sobre los casos, lo que, según dicen, dificulta su conocimiento y la posible asistencia jurídica. Prácticamente, los presos políticos extranjeros están desamparados, ya que no tienen asistencia de sus países ni de abogados en Venezuela.
Zambrano asegura que esta táctica tiene como objetivo que la administración de Nicolás Maduro pueda negociar la libertad de estas personas directamente con su país natal, consiguiendo beneficios por ellos.
Un ejemplo de la opacidad de información sobre estos casos, es la disparidad en cifras que registran las ONG y la administración de Maduro. Mientras que el Foro Penal tiene documentado alrededor de media centena de prisioneros políticos extranjeros, la cifra de las autoridades venezolanas duplica ese número.
El ministro de Interior, Diosdado Cabello dijo, el lunes 6 de enero, que tenían detenidos a 125 «mercenarios» de 25 nacionalidades por «actos terroristas» que vinculó con la oposición, liderada por María Corina Machado.
Por su parte, Marino Alvarado, representante de Provea, explica que la detención de extranjeros es un patrón represivo que ya existía pero que se afianzó desde 28 de julio. “Pasan a formar parte de la lista de presos políticos con el agregado que se convierten en rehenes usados por el gobierno para obtener beneficios”, agrega.
Himiob coincide con Alvarado al describir que, por experiencia previa, una de las finalidades de la detención de ciudadanos extranjeros es ponerlos sobre una mesa de negociación donde se les utilice como “fichas de canje”. “No puedo afirmar que ahora sea así, porque entiendo que no están en curso procesos de negociación pero quizá esa pueda ser la intención final de todo esto”, agrega.
Zambrano denomina tales actos como una “diplomacia de rehenes”, que, según él, forma parte de una estrategia de Nicolás Maduro para abrir las puertas de la negociación política con los Estados que no lo reconocen como presidente de Venezuela.
“Una de las principales preocupaciones del gobierno d
Para Marino Alvarado, llama la atención el silencio de países y organismos internacionales ante estas graves violaciones de derechos humanos y a las leyes internacionales. Critica que algunos Estados han preferido mantenerse en voz baja y no denunciar la gravedad de la situación a excepción de Argentina, Uruguay y Colombia, que por el contrario, han denunciado públicamente las violaciones de derechos a sus connacionales.
La situación de los presos políticos en Venezuela bs denunciada por distintas ONG como inhumana, especialmente a los extranjeros, quienes prácticamente están solos y en ocasiones, en el olvido de las autoridades de sus países.
El pasado viernes 31 de enero, tras la reunión del enviado especial de Estados Unidos, Richard Grenell y Nicolás Maduro, se produjo la liberación de seis ciudadanos estadounidenses: David Estrella, David Guttenberg Guillaume, Aaron Barret Logan, Eric Auther, Gregory David Werber y Samuel Batista.
Todos ellos permanecían en el Rodeo I, cárcel denunciada por presos y sus familiares como el peor recinto carcelario. Viene siendo como un centro de reclusión de “máxima seguridad” para presos políticos, donde los derechos humanos son una utopía.
Allí no solo han enviado a venezolanos acusados de terroristas, como a Josnars Baduel y Juan Carlos Caguaripano, sino también a extranjeros y venezolanos con doble nacionalidad como Alejandro González, ex esposo de Rocío San Miguel, recluida en el Helicoide; el estudiante Fernando Noya, cuñado de Antonio Sequea, el capitán que liberó a Leopoldo López, y el empresario Uaiparu Guerere, de 69 años, en prisión desde 2023, cuando regresó a Venezuela desde España por motivos laborales.
De acuerdo con Foro Penal, hay siete estadounidenses que se encuentran apresados en Venezuela, de los cuales cinco son ciudadanos: Wilbert Joseph Castañeda Gómez, Joseph Saint Claire, Jonathan Pagán González, Lucas Hunter y Jorge Marcelo Vargas. Mientras que Renzo Yasir Huamanchumo Castillo y Fabián Buglione Reyes con residencia en Estados Unidos.
Dos turistas españoles, José María Basoa y Andrés Martínez, fueron detenidos cuando estaban de vacaciones en el Amazonas el año pasado, señalados por Maduro como «turistas terroristas» y acusados de ser miembros del Centro Nacional de Inteligencia y sicarios que, presuntamente, formaban parte de una conspiración para derrocarlo y asesinarlo.
Familiares de presos políticos en El Rodeo I aseguran que los mencionados ciudadanos vascos alentaron la protesta en diciembre contra las condiciones inhumanas de reclusión y ahora están junto a otros 16 compañeros de prisión, aislados e incomunicados “de manera indefinida”.
El uruguayo Fabián Buglione llegó a Venezuela a mediados de octubre del 2024 para visitar a su pareja, pero en el ingreso al país fue detenido. El hombre alcanzó a enviarle un WhatsApp a su pareja, en el que le informaba que estaba en “el puente”. Luego mandó otro mensaje: le contó que las fuerzas de seguridad le dirían cómo seguiría su situación. Pero desde entonces no se sabe nada más sobre él. Su celular se apagó.
El gobierno uruguayo ha recibido de manera informal algunas informaciones que indican que estaría detenido, pero el propio presidente Luis Lacalle Pou dice que hay que tomar esos datos “con pinzas”. Y, ante la falta de respuestas, la su canciller, Omar Paganini ha enviado 2 comunicaciones a su par venezolano solicitando información pero aún sin respuesta.
En su más reciente intervención en la OEA, Paganini alzó la voz por Buglione, sobre quien dijo que Maduro llevó adelante su «desaparición forzada”. Es padre de dos niños y su mamá reside en Estados Unidos.
Al igual que Buglione, Nahuel Gallo, gendarme argentino desaparecido en Venezuela desde diciembre de 2024, fue detenido por la Dgcim al cruzar la frontera desde Colombia el 8 de diciembre de 2024. Desde entonces, su paradero es desconocido.
El gobierno argentino, a través de la Cancillería y el Ministerio de Seguridad, denunció su detención y presentó documentación que demuestra que su ingreso al país fue legal y autorizado por las autoridades venezolanas.
Sin embargo, la administración de Nicolás Maduro lo acusa de ser un terrorista involucrado en un supuesto plan para atentar contra la vicepresidenta Delcy Rodríguez, aunque no ha presentado pruebas que sustenten estas afirmaciones.
