Trabajadores jubilados de 27 empresas públicas suprimidas reclaman al gobierno nacional el pago de indemnizaciones que, según aseguran, permanecen pendientes desde hace más de tres décadas.
Entre las instituciones mencionadas por los afectados figuran el Instituto Nacional Portuario, Empresa Nacional de Salinas (Ensal), Venezolana de Aviación Sociedad Anónima (Viasa) y Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv).
Los extrabajadores señalaron que desde 1991 mantienen gestiones para recibir los recursos correspondientes a sus prestaciones sociales, sin que hasta ahora hayan obtenido una respuesta definitiva.
Los reclamantes explicaron que el proceso ha pasado por distintas auditorías y revisiones de expedientes, procedimientos que, a su juicio, han prolongado durante años la cancelación de los compromisos laborales.
La preocupación aumentó luego de que, según relataron, les informaran sobre una nueva revisión de los documentos, que se desarrollaría por etapas. Consideran que esta modalidad podría extender aún más la espera de quienes llevan décadas solicitando el reconocimiento de sus derechos.
Ante este escenario, pidieron a las autoridades competentes agilizar los trámites y concretar los pagos antes de diciembre, fecha que mantienen como plazo esperado para obtener una solución.
Los jubilados también advirtieron sobre las condiciones de vulnerabilidad de parte de los beneficiarios: algunos han fallecido durante estos años y otros enfrentan problemas de salud, por lo que insistieron en la necesidad de dar una respuesta a una deuda que permanece sin resolverse desde 1991.
Cumaná / Lino Castañeda
