El expresidente peruano Alejandro Toledo fue detenido durante la mañana del martes en Estados Unidos por una solicitud de extradición ligada a la corrupción desplegada por la constructora brasileña Odebrecht, informaron las autoridades estadounidenses y peruanas.
El Servicio de Alguaciles Federales arrestó a Toledo (2001-2006), quien fue presentado ante el juez de primera instancia Thomas S. Hixson en la corte de San Francisco, en el norte de California, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Según la portavoz del departamento, Nicole Navas, el magistrado ordenó que se le mantuviera bajo custodia hasta que se celebrara una audiencia el viernes.
En Lima, la fiscalía peruana informó en su cuenta de Twitter que el arresto se logró a través de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional “como parte del proceso orientado a lograr su retorno”.
Orden judicial
Un juez peruano ordenó en 2017 detener a Toledo por 18 meses en una investigación preliminar por cargos de lavado de activos y corrupción ligados a Odebrecht.
La investigación de un equipo de élite de la fiscalía peruana afirma que Toledo habría recibido hasta 20 millones de dólares para que durante su gobierno la constructora brasileña obtuviera jugosos contratos para edificar una vía que conecta Brasil con Perú cuyo costo aumentó de forma desproporcionada con el paso del tiempo.
Heriberto Benítez, el abogado en Lima de Toledo, explicó a la radio local RPP que la detención del expresidente “no significa que haya sido aprobada su extradición”.
Indicó que la defensa intentará probar que en Perú existe una persecución política y una politización de la justicia contra Toledo, un argumento que también usó el exmandatario Alan García (2006-2011) quien se suicidó en abril antes de ser detenido por la policía en otra investigación ligada a la corrupción de Odebrecht.
Regreso
James Rodríguez, un experto en Perú en temas de extradición, explicó a la televisora local N que con la detención preliminar de Toledo con fines de extradición en Estados Unidos se ha iniciado el proceso para traer de retorno a Lima.
“El juez en Estados Unidos puede ordenar una fianza económica considerable o si encuentra peligro procesal, podría ordenar el ingreso de Toledo en una cárcel”, indicó el experto. Dijo que la defensa peruana debe probar “la actividad criminal” de Toledo en los delitos de lavado de activos y corrupción.
El ministro de justicia peruano Vicente Zeballos recordó en una conferencia de prensa que el estudio de abogados contratado por Perú en marzo es Foley Hoag LLP, que en 2018 logró la extradición desde Estados Unidos a Panamá del expresidente de ese país, Ricardo Martinelli. Señaló que la extradición de Martinelli duró 25 meses.
La noche del 17 de marzo durante las celebraciones de la festividad de San Patricio, Toledo, de 72 años, fue detenido por algunas horas y luego liberado durante la mañana siguiente por embriaguez pública cerca de un restaurante en Menlo Park, California.
Las investigaciones contra Toledo han provocado otras indagaciones incluso en Costa Rica, cuando a inicios de año la fiscalía de ese país allanó las oficinas el banco Scotiabank en San José mientras investigaba cómo habrían ingresado al sistema bancario 17 millones de dólares que se presume provienen de supuestos sobornos pagados a Toledo por constructoras brasileñas.
Más implicados
Antes de Toledo, el expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) retornó a Perú extraditado desde Chile en septiembre de 2007, país adonde había llegado en noviembre de 2005 desde Japón. Fujimori, de 80 años, cumple 25 años de prisión por delitos de asesinato y corrupción en una cárcel donde es el único preso.
Todos los presidentes que han gobernado Perú desde 2001 tienen cuentas pendientes con la justicia por sus nexos con Odebrecht. Además de Toledo, el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y su mujer afrontan un juicio por lavado de activos y corrupción que podría llevarlos más de 20 años a la cárcel y el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) está bajo arresto domiciliario mientras también es investigado por un caso ligado a la constructora brasileña.
Lima / Franklin Briceño / AP
