Tras la presentación del informe por parte de la Misión Independiente de la ONU, que vincula al mandatario Nicolás Maduro directamente con crímenes de lesa humanidad, varias organizaciones se pronunciaron al respecto.
Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, considera que este informe es un avance en la búsqueda de justicia y para que se oiga la voz de las víctimas de las diferentes situaciones denunciadas en el país. Asimismo, dice que «corrobora la existencia de una política de Estado sistemática no solamente para violar los derechos humanos, sino para ocultar los diferentes delitos y que las instituciones sirvieran para encubrir las diferentes violaciones, no solo de la Presidencia, el Ministerio de Interior y el de Defensa; sino también de la Fiscalía y la Defensoría que, por omisión se han convertido en cómplices de estas diferentes situaciones».
Para Provea, con este informe de la ONU «se reivindica el papel de los organismos internacionales de protección a los DDHH». Sin embargo, Uzcátegui cree que estas respuestas no son tan rápidas como las amerita el drama de los venezolanos, pero enfatiza que cuando se activan las diferentes fases, «se generan resultados contundentes e irreversibles como los que estamos viendo el día de hoy».
Por otro lado, Rafael Uzcátegui explica que con este informe se abre un abanico de posibilidades para que los responsables de los crímenes de lesa humanidad «rindan cuenta ante la justicia». Igualmente, señala que este documento «se convierte en un insumo importante para avanzar de la fase de examen preliminar a la fase de investigación general dentro de la Corte Penal Internacional (CPI)».
Tras este pronunciamiento, el coordinador de Provea afirma que los venezolanos no están solos, sino que la comunidad internacional los acompaña, así como los organismos internacionales de protección a los derechos humanos. Del mismo modo, informa que los defensores de DDHH continuarán comprometidos en suministrar mayor y mejor información para que los responsables rindan cuenta ante la justicia
Por su parte, Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, explicó que este informe «da un paso más» porque señala quiénes son los responsables y quiénes dan las ordenes de las «atrocidades» cometidas en el país. Además, resalta que es la primera vez que un informe de Naciones Unidas indica que son «crímenes de lesa humanidad» y muestra «los patrones de abuso abominables como una descripción de ese museo del hoorro en que se ha convertido el Estado venezolano».
Daniels afirma que «es un informe mucho más duro porque califica como crímenes de lesa humanidad lo que ocurre en Venezuela e identifica a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello como los que dan las órdenes de las acciones que terminan en estos crímenes. También involucra al ministro de la Defensa y a los que hayan sido ministros desde 2014 de Relacionas Interiores y a los directores de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)».
Asimismo, el director de Acceso a la Justicia destaca que este informe de la ONU amplía el marco de las violaciones de DDHH a ciudadanos comunes; lo que considera como importante, pues demuestra que estas violaciones no solo están vinculadas a la oposición venezolana. «Esto es trascendente porque se trata de una estructura del Estado para controlar a través de la violencia», afirma el también abogado.
Alí Daniels recuerda que estos son crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional (CPI); por lo que espera que este informe sea «un empuje para que avance el examen preliminar y finalmente se presente el primer caso latinoamericano ante la CPI».
Ana Leonor Acosta, abogada miembro de la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, afirma que el informe de la ONU recoge tres hechos importantes sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela que desde su organización han denunciado desde hace al menos seis años: represión política selectiva contra quienes piensan diferente, detenciones arbitrarias y torturas a quienes se les viola el derecho a la defensa y al debido proceso.
Acosta considera como positivo el hecho de que no solo se hable de las situaciones, sino que se hable de la participación y responsabilidad de todos los órganos del Estado y del sistema de justicia que se han prestado para detenciones arbitrarias en contra de los venezolanos.
El informe de la ONU «corrobora las denuncias que hemos denunciado, como el asesinato del capitán Acosta Arévalo. Estas prácticas de tortura se han institucionalizado en Venezuela y no hay investigación por parte de las autoridades competentes; por el contrario hay complicidad», expone Ana Leonor Acosta.
Además, la representante de la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia considera favorable que el informe hable de la responsabilidad de jueces y fiscales como cómplices, de la responsabilidad de Nicolás Maduro, del Ministro de la Defensa y del de Relaciones Interiores «como responsables de las violaciones que constituyen delitos de lesa humanidad e insta a los Estados a que acudan a la Corte Penal Internacional (CPI) para que se determine la responsabilidad y se castigue a los responsables de estos hechos».
Caracas / Tal Cual
