Luego de la solicitud hecha a la Asamblea Nacional (AN) este viernes por la presidenta (e), Delcy Rodríguez, para dar “celeridad” a la aprobación de una Ley de Amnistía General, grupos estudiantiles, familiares y distintas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) se mantienen a la expectativa y apoyando acciones de presión para que se concrete la liberación de todos los presos políticos del país.
Este fin de semana, la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la Universidad de Central de Venezuela (UCV) emitió un pronunciamiento a través de las redes sociales, señalando que las medidas de excarcelación no sólo depende de actuaciones externas, sino también de una “presión interna” impulsada por distintos factores nacionales.
Los dirigentes estudiantiles señalaron que desde la UCV el compromiso es que la Amnistía no “sea a puerta cerrada”.
“Los ucevistas seremos contralores de que esta Amnistía sea transparente y que permita la liberación de todos y cada una de las personas que fueron detenidas por razones políticas”, apuntó la vicepresidenta de la FCU, Rosa Cucunuba.
Entretanto, el sábado y domingo continuó en la Plaza del Rectorado de la UCV la recolección de alimentos, insumos de higiene y abrigos para los familiares y allegados de personas detenidas que se mantienen en vigilia y pernocta desde hace más de tres semanas frente a distintos centros de reclusión.
En la actividad, que estuvo también impulsada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), estuvieron presentes los periodistas Roland Carreño, Carlos Julio Rojas, los dirigentes Américo de Grazia y Williams Dávila y los comunicadores e integrantes del Movimiento por la Democracia e Inclusión (MDI), Nicmer Evans y Ángel Godoy, liberados días atrás tras permanecer presos en El Helicoide, en Caracas.
“No debemos bajar la guardia”, dijo Evans. “Ahora es que estamos comenzando a aproximarnos a una transición. La transición no ha empezado. Que este ejemplo que están dando los estudiantes de la UCV y de otras universidades, sea la luz que guíe la acción en función de liberación de todos los presos políticos”, indicó el también politólogo y director del medio digital Punto de Corte.
Evans subrayó que el anuncio de la Ley de Amnistía por parte del Gobierno debe ser visto “con un moderado optimismo, pero con la voluntad expresa de que avance de una manera expedita”.
“La Amnistía conceptualmente es un perdón. Pero nosotros los presos políticos no estamos pidiendo perdón, sino condiciones para la redemocratización del país”.
Agregó que todavía “no hay hechos concretos, sino un ‘goteo’ y unos anuncios, que deben transformarse en realidad”. “Desde adentro (del país) es que tenemos que lograr verdaderamente nuestros cambios”, dijo.
Esperanza y cautela
La noche de este sábado los familiares de las personas detenidas en la cárcel del Rodeo I (Miranda) cumplieron su vigésima cuarta jornada de oración seguida, según señaló el Clippve.
“Los familiares mantienen encendida la esperanza (…) A pesar del dolor y la incertidumbre, el mensaje es firme: no habrá descanso ni silencio hasta que el último de (los presos) cruce esa puerta en libertad. Su fuerza es el motor de nuestra exigencia”, indicó el Clippve.
También el sábado se realizó una acción de reclamo y oración cerca de la sede del Sebin, en El Helicoide, al final de la avenida Victoria, que según señaló la presidenta encargada sería clausurado, para convertirse en un centro social, deportivo, cultural y comercial.
En El Helicoide, las madres y allegados de 32 personas apresadas por la llamada Operación Gedeón -el presunto intento de golpe de Estado fallido de 2020, exigieron una fe de vida.
“El país y el mundo deben saber que este proceso no puede estar marcado por la falta de claridad”, señaló el Clippve.
Hasta la fecha, se sabe que el proceso de Amnistía abarcará todo el período de violencia política desde 1999 hasta el presente, excluyendo los casos de asesinatos graves, abusos contra los Derechos Humanos y narcotráfico.
La ONG Justicia Encuentro y Perdón (JEP) apuntó que la Ley de Amnistía debe ser observada con “especial cautela” debido a la experiencia acumulada en procesos anteriores y “a la preocupación fundada de que un número significativo de personas detenidas por motivos políticos, especialmente presos de larga data pueda quedar excluido de esta iniciativa”.
“La mayoría de las personas privadas de libertad por razones políticas no cometieron delitos, sino que fueron criminalizadas por ejercer derechos fundamentales (…) Lo que corresponde no es el perdón de hechos en los que jamás participaron, sino el reconocimiento de su inocencia, el cierre definitivo de causas penales arbitrarias y la restitución plena de derechos”, advirtió JEP.
En Zona 7 siguen a la espera
De acuerdo a distintos voceros del Ejecutivo, desde el 8 de enero -cuando se anunció el comienzo de las liberaciones- y hasta la fecha se habrían materializado entre 626 y 800 excarcelaciones.
No obstante según cifras dadas a conocer este domingo por el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales, el balance para el 31 de enero era de 304 presos políticos puestos en libertad.
Este número se elevó en las últimas horas. Hasta las 4:00 pm de este 1 de febrero, el Clippve informó acerca de la liberación de, al menos, 12 ciudadanos más, entre ellos el directivo de la ONG, Fundaredes y defensor de Derechos Humanos, Javier Tarazona, quien permaneció detenido por 4 años y 7 meses.
Desde la llamada Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ubicada en Boleíta al este de Caracas, Evelis Cano, madre del preso Jack Tantak Cano se pronunció sobre la Amnistía anunciada el viernes.
“No encontramos en armonía. Esperemos que la presidenta encargada cumpla su palabra y que no sea un ‘embuste’ como el de su hermano Jorge Rodríguez (presidente de la AN) que anunció el 8 de enero la excarcelación de los presos políticos, y aún en Zona 7 no ha salido ni un solo preso en libertad (…) Nuestros familiares se encuentran en un estado de desnutrición. Pero no nos conformamos con las visitas de sus madres y esposas. Queremos su libertad”, dijo la mujer.
A la fecha, familiares de más de 700 detenidos en las distintas cárceles y penales del territorio, permanecen a la expectativa.
Caracas / Rodolfo Baptista
