El estado Anzoátegui, especialmente su capital Barcelona, se ha caracterizado en los últimos cuatro años por ser pionera en la creación de espacios y programas sociales en pro de la defensa y acompañamiento integral de los derechos de las féminas.
Además de contar principalmente con el Instituto Estadal de la Mujer (IEMA), presidido por Marina Martínez; y una dirección estadal del Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer) que funciona también en estos mismos espacios, en la avenida 5 de Julio de Barcelona, a cargo de Jesmar Monzerath, cuenta con 17 institutos municipales y 25 centros comunales de la mujer para la orientación y atención preventiva; así como también los órganos receptores de denuncias en los diferentes cuerpos de seguridad del estado.
“En el caso del IEMA e Inamujer tenemos un equipo multidisciplinario comprendido por defensoras delegadas, abogadas, psicólogas, orientadoras de conductas. Cuando llegan las usuarias son escuchadas, asesoradas y remitidas al órgano receptor de denuncias porque son 25 formas de violencia que están establecidas en la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia”, expresó Monzerath.
Y es que, de acuerdo a Monzerath, en primera instancia las víctimas piensan que deben ir primero a poner la denuncia y la realidad es que, en el caso de las agresiones físicas, acudan a un centro de salud para que un médico emita una constancia y que deje en evidencia las lesiones en el cuerpo. Si un profesional se niega, incurre también en la violencia institucional contemplado en los tipos de violencia contra el género.
“Una vez que pase por la asistencia médica, se remite al órgano receptor de denuncias que, de acuerdo a lo que establece la ley, existen en la Policía Estadal, Policía Municipal, Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional del Pueblo, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y en el Ministerio Público”.
Se conoció que estas instituciones de seguridad brindan atención las 24 horas del día para procesar las quejas, incluso si son formuladas por terceras personas, puesto que alegan que una omisión del maltrato, convierte a las personas en cómplices.
Para dar a conocer la información, desde ambos institutos de la mujer líderes en el estado señalaron que llevan charlas a los territorios y hacen el acompañamiento del plan de Amor en Acción los fines de semanas; así como también, a través de la Gran Misión Venezuela Mujer hacen presencia con todos sus entes preventivos llevando como una herramienta didáctica el violentómetro, que mide los índices de violencias en la mujer.
Según Martínez, muchas de las mujeres que acuden al IEMA es a preguntar si lo que les sucede es violencia.
“Porque antes se sentían cómodas pero ahora han escuchado cosas que las hacen pensar que no se tienen que quedar calladas cuando las humillan, cuando las dejan bajo llave, cuando les dicen que si se van de la casa no se pueden llevar a los chamos y pierden los derechos de la casa, etc; muchas de esas mujeres vienen a preguntar y pasan de ser atendidas por la abogada a ser atendidas por la psicóloga y se dan cuenta que han sido víctimas durante años de violencia psicológica que es peor, porque las hacen sentir que no valen”.
En relación a las defensoras comunales, Martínez señaló que la meta es que en cada consejo comunal exista una defensora de los derechos de la mujer, porque a nivel estadal cuentan con los centros comunales y la idea es que tengan 11 o 12 defensoras para que puedan hacer guardias y acompañar a las víctimas en el proceso de acceso a la justicia.
Se conoció que actualmente, el estado cuenta con 214 defensoras comunales, 150 formadas en el 2023 y 64 en lo que va de 2024.
Por ejemplo, en la capital del estado, la presidenta del Instituto Municipal de la Mujer, Roxana Báez, manifestó que tienen 14 centros comunales de la mujer para la defensa, formación y acompañamiento integral en sectores como El Viñedo, La Ponderosa, Cruz Verde, Los Potocos, Mayorquín, Tronconal II, Puente Ayala, Las Casitas y Ezequiel Zamora.
“Las denuncias son en los órganos receptores que están en las policías, los tribunales municipales, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo que son los entes responsables. Nosotros hacemos el acompañamiento, la orientación y el seguimiento al proceso en todo ese tiempo de la mano de la asesoría jurídica, tenemos la orientación psicológica y de conducta que necesita la mujer y la familia”.
Báez hizo énfasis en que en el municipio cuentan con el primer órgano receptor de denuncias a nivel nacional, que cumplirá el 25 de marzo tres años de ser fundado en la plaza Cuatro Caras.
“Este es un aporte desde el municipio Simón Bolívar. En todos los municipios debe haber uno y a nivel municipal deben haber parroquiales, porque tienen que extenderse en todos los territorios donde las mujeres vayan y tramiten sus denuncias sin miedo, con un personal sensibilizado, una policía que esté de la mano con las instituciones para brindarles el apoyo”, manifestó Báez.
Este órgano, actualmente, está bajo la coordinación de la comisaria de la Policía del municipio Bolívar (Polibolívar), Adriana Sosa, quien destacó que las mujeres son atendidas inicialmente por una abogada porque muchas de las víctimas requieren más que todo la orientación para saber cuál es el proceso que deben seguir.
“La atención se realiza las 24 horas. Tengo dos funcionarias por guardias para un total de seis. Son atendidas por femeninas, por eso de que se identifican más para realizar las denuncias. Está el personal que trabaja a diario, a nivel administrativo, los de la unidad y tenemos una unidad patrullera que está asignada a este órgano para movilizarse únicamente para este tipo de trabajos”.
Sosa señaló que para proceder a formalizar la denuncia, las mujeres deben acudir con una constancia médica sobre las lesiones, luego son remitidas a un psicólogo, que en el caso de no tener los recursos pueden contar con uno gratuito en las instituciones públicas de la mujer, también son enviadas a medicatura forense y una vez con todos los elementos arman el expediente para remitir a la fiscalía 24 para el inicio de la investigación.
En el caso de que las mujeres sientan que sus derechos fueron vulnerados en cualquiera de los órganos receptores de denuncias, el defensor del pueblo en el estado Anzoátegui, Rafael Vega, informó que cuentan con un departamento contra la violencia.
“Allí interviene la Defensoría del Pueblo en pro de que las mujeres maltratadas reciban la atención adecuada a la ley. Tenemos un equipo de abogadas, competentes en el tema”, destacó Vega.
Barcelona / Elisa Gómez
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