En un primer intento público de poner cifras a los casos de abuso sexual infantil por parte del clero católico del país, la Conferencia Episcopal de España reveló el viernes que 220 casos fueron reportados oficialmente al Vaticano durante las últimas dos décadas.
La conferencia, que es el máximo órgano de gobierno de la Iglesia Católica de España, afirmó que los obispos españoles presentaron 76 acusaciones contra sacerdotes regulares y 144 contra miembros de órdenes religiosas específicas a la oficina del Vaticano que maneja casos de abuso sexual desde 2001.
Las cifras no incluyen acusaciones contra miembros de la iglesia que no son clérigos o personal que trabaja en las numerosas escuelas dirigidas por órdenes religiosas. Y el número no incluía el número de acusaciones que los obispos realmente recibieron, solo el número de casos que determinaron que valía la pena informar al Vaticano, como lo exige una regla de la Santa Sede de 2001.
Los funcionarios manifestaron que 151 de los 220 casos ya se han cerrado y 69 de ellos permanecen abiertos. No proporcionaron más detalles.
El portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, argumentó en rueda de prensa que el problema del abuso sexual no era un problema exclusivo de la Iglesia y que los sacerdotes involucrados en las denuncias eran una fracción de los 31.000 que habían trabajado en el país en los pasados 20 años.
También dijo a los periodistas que los fiscales españoles habían investigado en el mismo período unas 220.000 denuncias de abuso infantil entre la población en general.
Pero reconoció que la iglesia se había mostrado reacia a abordar el tema previamente. El Vaticano solo requiere que las acusaciones que tengan una apariencia de verdad sean reportadas internamente, no a la policía.
“Consideramos que en ciertos momentos hemos caminado demasiado lento, incluso desviamos la mirada en otra dirección”, aseveró Argüello, citado por Europa Press, una agencia de noticias privada.
La revelación parcial se produjo después de que la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, reaccionara a la aprobación de un borrador sobre una nueva ley de protección infantil en el parlamento la semana pasada que señalaba a la Iglesia católica como "cómplice en la violencia sexual contra los niños".
También siguió a la publicación de una base de datos de casos de abuso registrados de forma independiente por el principal diario español El País, que enumera un total de 309 indicidentes que involucran a 817 víctimas.
El País anunció el viernes que la información de los obispos fue "un paso enorme en el lento reconocimiento de la dimensión de los abusos dentro de la Iglesia española".
Pero el periódico criticó el hecho de que su carga de casos se basó en registros del Vaticano y no en las denuncias realizadas directamente en sus propias diócesis, incluidos casos denunciados a las oficinas para la atención de víctimas abiertas el año pasado, a pedido del Papa Francisco.
Las investigaciones de algunos órganos episcopales nacionales en toda Europa han sacado a la luz miles de casos de niños y adolescentes presuntamente abusados por miembros de la Iglesia católica, y han abierto la puerta para que otras víctimas se presenten.
Pero Argüello expresó a los periodistas que el órgano de gobierno de los obispos en España "no tiene intención, a partir de ahora, de abrir ninguna investigación".
Madrid / AP
