El Parlamento Europeo votó el martes a favor de retirar la inmunidad al expresidente de la región española de Cataluña Carles Puigdemont, y dos de sus colaboradores. La decisión podría abrir la puerta a que sean extraditados a España y reabrir las cicatrices del separatismo en España.
El gobierno español celebró de inmediato la decisión de la cámara como una victoria del estado de derecho y contra los que querían separar a la acomodada Cataluña del resto de España.
Es probable que la votación alargue la odisea legal iniciada hace tres años y medio en torno a los tres independentistas, ya que tienen varias opciones disponibles para combatir cualquier posible extradición.
La votación sobre Puigdemont terminó con 400 votos a favor de levantar la inmunidad, 248 en contra y 45 abstenciones.
Las iniciativas para retirar la inmunidad al exconsejero catalán de Salud, Toni Comín, y a la exconsejera regional de Educación, Clara Ponsatí, tuvieron resultados similares.
La reacción
“Nosotros hemos perdido nuestra inmunidad, pero el Parlamento Europeo ha perdido más que eso. Y como resultado, la democracia europea también”, dijo después Puigdemont. “Este es un caso claro de persecución política”.
“Por desgracia, el Parlamento Europeo ha caído en esta estrategia”, añadió.
Puigdemont y varios de sus colegas huyeron a Bélgica en octubre de 2017, ya que temían ser detenidos tras celebrar un referendo de independencia para la región nororiental de Cataluña, que el gobierno y las cortes españolas calificaron de ilegal.
Puigdemont, Comín y Ponsatí ganaron escaños en el Parlamento Europeo en las elecciones de 2019 y obtuvieron protección como miembros de la cámara europea.
El abogado de Puigdemont en España, Gonzalo Boye, anunció que el expresidente regional apelaría la decisión de la asamblea europea ante una instancia más alta en Luxemburgo.
La ministra española de Exteriores, Arancha González Laya, dijo que la decisión mostraba que Puigdemont y sus dos colaboradores no pueden esconderse tras un escaño para evitar comparecer ante la justicia española.
En un comunicado en video, González Laya dijo que la decisión transmite el mensaje de “que los problemas de Cataluña se resuelven en España, no se resuelven en Europa”.
La otra cara de la moneda
Dolors Montserrat, eurodiputada del grupo de centroderecha Partido Popular Europeo y exmiembro del gobierno español que destituyó a Puigdemont, dijo a la televisora española TVE: “Gana España, gana Europa, gana la democracia. Es un fugado que tiene que responder ante los tribunales españoles”.
Pese al amplio margen en las votaciones sobre la inmunidad, Boye dijo que el respaldo parlamentario no era tan abrumador como pretendía España.
“Es evidente que hay gente del grupo conservador, del grupo popular y socialista que ha votado", dijo a TVE.
El Comité de Asuntos Legales del parlamento recomendó retirarles la inmunidad en una votación el mes pasado, por 15 votos a favor, 8 en contra y dos abstenciones.
Pese al amplio margen en las votaciones, Comín dijo que el resultado mostraba que había dos lados en el debate, ya que muchos “eurodiputados no confían en la justicia española, le han dicho a la ministra".
La consulta de 2017 obtuvo una mayoría de votos a favor de la independencia, aunque los partidarios de permanecer en España boicotearon la votación. El gobierno había declarado la votación ilegal e inconstitucional. Cientos de personas resultaron heridas en la represión policial el día de la consulta.
La sociedad catalana sigue dividida aproximadamente a la mitad entre los partidarios de crear un estado independiente y los que abogan por permanecer dentro de España.
En las elecciones autonómicas de febrero, el Partido Socialista, que ostenta el gobierno de España, obtuvo una estrecha victoria, aunque el bloque de partidos independentistas amplió su mayoría en el parlamento regional.
España ha intentado que Puigdemont vuelva al país para su juicio, pero no logró convencer a las autoridades belgas de que lo extraditaran. España podría volver a intentarlo ahora, aunque el expresidente regional ha prometido resistirse.
El proceso de apelaciones podría tomar varios meses, si no años.
Bruselas / Raf Casert y Aritz Parra / AP
