Dieciséis años de vida transcurrieron bajo una condena sin base legal. Así lo denunció la ONG Provea al confirmarse el cierre formal de uno de los expedientes más documentados sobre la persecución judicial en Venezuela: el caso de la jueza María Lourdes Afiuni.
La organización de derechos humanos señala que la culminación de este proceso no borra el historial de atropellos por parte del Estado, el cual le arrebató la libertad a la magistrada. Su único «delito», según la ONG, fue cumplir con la ley y otorgar una medida cautelar a Eligio Cedeño, víctima a su vez de una detención arbitraria.
En diciembre de 2009, las autoridades arrestaron a Afiuni de forma arbitraria. La acusaron de «corrupción propia» y la condenaron a cinco años de prisión, a pesar de que la propia fiscal del caso dejó constancia por escrito en el expediente sobre la inexistencia de alguna contraprestación; un requisito indispensable para configurar dicho delito según el ordenamiento jurídico venezolano.
Esta acción contra la jueza inauguró lo que hoy se conoce como el «efecto Afiuni»: la siembra sistemática del temor en los tribunales para doblegar la independencia de jueces y funcionarios, y transformó al sistema de justicia en un aparato de retaliación política.
Tras su encarcelamiento, Afiuni denunció haber sufrido torturas físicas y psicológicas bajo custodia del Estado. Provea resalta que el ensañamiento fue de tal magnitud que, pese a una condena inicial de cinco años, la maquinaria de control penal mantuvo a la jueza atrapada y hostigada durante más de una década y media.
Semanas atrás, su familia alertó sobre la detección de tres lesiones tumorales que exigen atención médica urgente. Por ello, exigieron el cese inmediato de las restricciones de movilidad para que Afiuni pueda viajar a Estados Unidos —donde reside su única hija desde hace más de diez años— con el fin de recibir tratamiento especializado y reencontrarse con ella. Ahora, con el expediente cerrado de manera definitiva, la defensa sostiene que este derecho elemental debe materializarse sin trabas burocráticas ni persecución remota.
Desde diversas organizaciones civiles se enfatiza que este cierre del caso no representa un acto de justicia, sino la constatación de una arbitrariedad. Dieciséis años de persecución quedaron en la impunidad, sin que el Estado señale o sancione a un solo responsable de este atropello institucional.
Provea concluye que la exigencia de libertad plena y las garantías de no repetición continúan vigentes, para garantizar que ningún juez en Venezuela vuelva a enfrentar persecución, amenazas o cárcel por atreverse a aplicar la ley.
Puerto La Cruz / Redacción web
