EEUU y Misión ONU se mostraron profundamente preocupados por la detención de la activista venezolana Rocío San Miguel. Ya presentada ante tribunales fue acusada de terrorismo y traición a la patria.
Estados Unidos urgió al Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a cumplir con los acuerdos para mejorar la democracia en el país.
El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, indicó que el Ejecutivo estadounidense está siguiendo de cerca el caso de San Miguel.
Rocío San Miguel está acusada de participar en un intento de conspiración contra Maduro y otros altos cargos. Y también la implican en supuestos ataques contra unidades militares y otras instituciones del país.
«Estamos profundamente preocupados por esto. El señor Maduro necesita cumplir con los compromisos que hizo a finales de otoño sobre cómo va a tratar a la sociedad civil, a los activistas, a los partidos de la oposición e incluso a aquellos miembros de la sociedad venezolana que quieran postularse a un cargo. Tiene que cumplir con esos compromisos», manifestó el portavoz.
Kirby rechazó especular sobre cómo podría responder Estados Unidos ante la detención de San Miguel y otras acciones del Gobierno venezolano. Esto en referencia a la inhabilitación para ejercer cargos públicos de dirigentes políticos, incluida la líder opositora María Corina Machado.
La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela también se expresó preocupada. Pidió al Gobierno que ponga fin a la ola de represión contra los opositores.
«No se trata de incidentes aislados. Es una serie de hechos que parecen formar parte de un plan coordinado para silenciar a los críticos y a quienes se percibe como opositores». El comunicado fue firmado por la presidenta de la misión, la portuguesa Marta Valiñas.
Rocío San Miguel fue detenida el pasado viernes cuando intentaba embarcar junto a su hija en un vuelo en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía. Desde entonces ambas se encuentraban en paradero desconocido hasta el domingo.
El Gobierno venezolano «debe proporcionar información sobre el paradero, no sólo de San Miguel y su hija, sino de todos los detenidos cuyos lugares de detención aún se desconocen», indicó Valiñas.
Patricia Tappatá, otra de las integrantes de la misión, recordó que la información «tardía e incompleta» sobre el paradero y estado de salud de San Miguel y su hija cumple con el objetivo de «infundir temor entre quienes expresan críticas al Gobierno».
Según la misión, Venezuela ha vivido recientemente una serie de actos que contravienen el Derecho internacional. Incluyen detenciones de miembros de la Comisión Nacional de Primarias, así como de militantes del partido Vente Venezuela, ganador de las elecciones primarias de la oposición.
Otro ejemplo de estos abusos mencionado por la misión es la inhabilitación para ejercer cargos públicos de dirigentes políticos.
«Las autoridades han tratado de justificar éstas y otras violaciones de los derechos humanos como respuesta a conspiraciones organizadas contra el Gobierno y altas autoridades del Estado», indicaron los expertos de la misión.
«Es preocupante que la Fiscalía siga operando de acuerdo con el interés del Gobierno para permitirle una apariencia de legalidad a todos estos abusos», concluyó Valiñas.
Valiñas y Tappatá forman, junto al abogado chileno Francisco Cox, la misión tripartita, que tiene por cometido investigar abusos de las libertades fundamentales en Venezuela, y que ya ha emitido varios informes críticos con el gobierno de Maduro.
Washington / EFE
