Uno de los aspectos que más generó polémica durante el gobierno del presidente Hugo Chávez fue su política de expropiación de empresas privadas, fincas y espacios productivos.
Y es que a pesar de que el líder socialista intentó usar estos lugares para instaurar un sistema de producción que, a su juicio, sería más favorable para población, la realidad es que esa estrategia provocó una caída estrepitosa de la economía del país: industrias y establecimientos cerrados, escasez de alimentos y otros productos, inflación, colas para comprar y mucho más.
Ni siquiera pudieron sobrevivir los supermercados instalados por el gobierno en muchos de estos espacios, tales como Mercal, Pdval o Abastos Bicentenario. Hoy en día, de estos establecimientos sólo queda el recuerdo.
Pese al fracaso en este tipo de decisiones de índole económica, por varios años, tanto el fallecido mandatario Hugo Chávez, como su sucesor, Nicolás Maduro, mantuvieron su política y dejaron a un lado a los empresarios tradicionales.
POSITIVO
Dianne Serrano, directora ejecutiva de la Asociación Hotelera del estado Anzoátegui (Ahotanz), se mostró a gusto con que el gobierno entregue a sus dueños la administración de estos sitios de estadía de turistas que fueron expropiados. "Nunca el Estado venezolano pudo ser un buen operador hotelero, ni en la cuarta república ni en la quinta. Celebramos que puedan ser operados por grupos experimentados en esta materia tan particular, tan especial", acotó.
Sin embargo, desde el año pasado Maduro comenzó a romper un poco con este patrón que venía siguiendo: en septiembre de 2021, la agencia de noticias Reuters reveló que el Estado le asignó al sector privado el control de 13 empresas de alimentos que en su momento fueron expropiadas por Chávez.
En ese entonces, la agencia de noticias señaló, además, que entre las industrias involucradas se encontraban azucareras, plantas de maíz, torrefactoras y procesadora de lácteos, entre otras. Según la nota publicada en ese portal, la decisión fue tomada para mejorar la operatividad de las compañías.
No obstante, un punto que llamó la atención es que, según Reuters, el Gobierno entregó la administración a terceros (privados), pero siguió manteniendo la propiedad; todo a cambio de pagos. En pocas palabras, comenzó a buscar ayuda para la parte operativa, pero no entregó por completo las empresas a empresarios.
En abril de este año, el portal español El País reseñó que el gobierno de Maduro ya no sólo estaba devolviendo algunas empresas, sino también fincas y hatos vinculados a la producción agraria, además de hoteles u otros espacios públicos.
Uno de los casos que más despertó interés en Venezuela y que confirmó lo descrito por esta página web fue la devolución del Centro Comercial Sambil a sus propietarios, la familia Cohen, a mediados de marzo del presente año.
Y para añadirle más sazón a la tesis de que el chavismo pareciera que está volviendo a confiar -al menos un poco- en el sector privado, Maduro anunció, en días recientes, que ofertará acciones de empresas públicas estatales.
"En las bolsas de valores de Venezuela... Vamos a sacar -a la venta- entre 5% y 10% de las acciones de varias empresas públicas para la inversión nacional, fundamentalmente, o internacional y usted podrá convertirse en inversionista. Usted se podrá convertir en inversionista de CANTV (Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela), de Movilnet, de la petroquímica, de todas las empresa, de las empresas de Guayana (sector minero, forestal, aluminio y servicio)", dijo el Presidente de la República en una alocución transmitida por Venezolana de Televisión (VTV).
Al ser consultados sobre este aparente cambio de actitud de parte del gobierno, expertos en el área económica en el estado Anzoátegui consideran que la devolución de las compañías a sus dueños es positiva para la nación.
Sin embargo, coinciden en que lo más importante es que nuevamente se pueda generar confianza en el sector privado.
"El reconocer la necesidad de volver al sector privado supone un reconocimiento del fracaso de la gerencia del gobierno revolucionario en esta área de la economía. Empresas que eran productivas terminaron destruidas y quedaron en el esqueleto, acabando con ello su cuota de participación en la producción nacional. No es solamente devolverles las empresas confiscadas a sus tenedores iniciales o sus dueños, sino generar un ambiente de confianza para que exista la inversión nacional e internacional y puedan venir capitales frescos para el sector productivo del país", explicó el economista Gilberto Román.
El especialista hizo énfasis en que para levantar la producción del país es necesario que el gobierno explote las potencialidades de estados como Anzoátegui, donde se han desperdiciado espacios como la zona industrial de Barcelona, que actualmente es un "cementerio".
"Luego de muchos años, el gobierno comprende que el socialismo del siglo 21 es mal organizador de cosas públicas, y como las empresas las habían incluido en el sector público, intenta revertir el daño que ellos mismos causaron y comienza a devolverlas, como el Sambil, a sus propietarios"
Gilberto Román
Economista anzoatiguense
"Estamos muy mal desde el punto de vista de producción. Tenemos un anclaje hacia una economía de puertos, todo lo importamos y eso es nefasto para una economía como la nuestra. Las potencialidades que tenemos en Anzoátegui son muchas. En el aspecto turístico nos perdemos de vista con las potencialidades naturales que poseemos y la capacidad hotelera instalada, pero los productos turísticos hay que desarrollarlos con servicios públicos de calidad, con seguridad, con capacidad de respuesta para incidentes de salud. En la agroindustria tenemos grandes fortalezas, tenemos muchos ríos, tierras fértiles, clima estable, pero se supone que también deben existir políticas para la agroproducción, desde punto de vista crediticio, y de seguridad, así como servicios en el campo", acotó.
Sobre la venta de acciones de empresas estatales como Cantv o Movilnet, Román señaló que esta medida pudiera ser positiva, pero a su vez un arma negativa.
"Eso puede verse con buenos ojos y refuerza el hecho de que fueron empresas públicas que fracasaron bajo la administración pública, pero también se corre el riesgo de que se comiencen a legalizar capitales de dudosa procedencia. Eso pudiese quedar como una alternativa para lavar dinero, pero también supone una opción de querer reflotar empresas que se acabaron por mala inversión, y que ahora buscan dinero fresco de inversionistas para ese sector, donde difícilmente alguien vaya a comprar 10% de acciones de una empresa que no sea rentable, y donde no haya el concurso de una mayoría de capital y accionistas privados que puedan tomar decisiones para hacerla productiva y competitiva", agregó.
A juicio del presidente del Colegio de Economistas del estado Anzoátegui, Carlos Rojas, comprar acciones de las empresas estatales que está ofreciendo el gobierno nacional podría ser rentable, pero él cree que se debe evaluar primero cuál es su costo-beneficio.
"¿A qué llamo costo-beneficio? Analizar cuál es el costo-beneficio de comprar unas acciones de la Siderúrgica del Orinoco o la Cantv. Cuál será el beneficio solo si la gestión es gerenciada por gente de un criterio de crecimiento y productividad, de generación de riquezas tanto para los nuevos inversionistas, como para los empleados, garantizarles un sueldo acorde con las exigencias de la nueva realidad económica. Entonces todos estos son movimientos que pueden alentar cierta confianza, pero es en un mediano y largo plazo que pudieran verse los efectos económicos", detalló.
Cuando se le preguntó por la devolución de algunas empresas que ha estado emprendiendo la administración de Nicolás Maduro, Rojas afirmó que lo fundamental es que se deben recuperar para impulsar el desarrollo económico y la confianza de los sectores productivos que, en su momento, fueron expropiados.
"Además, esas empresas, fincas, y en general la agroindustria que fue expropiada, al devolverlas en este momento tendrán poco impacto económico en lo inmediato, porque muchas de ellas cuando fueron expropiadas contaban con una tecnología y un sistema de gestión de hace 20 años que en la actualidad, seguramente estará obsoleto, y además arrastrarán una carga laboral y requerirán una reestructuración", indicó.
Para el presidente del colegio de economistas de la entidad, esta nueva política implementada por el gobierno de Maduro sí tiene, al menos, un beneficio importante y es que el sector privado podría empezar a recobrar la confianza.
"Porque no es fácil que después de 15 años te vengan a devolver una empresa que era tuya, que venías gestionando de una manera, venía generando ganancias y productividad, fuentes de empleo, y ahora debe estar en malas condiciones ", concluyó.
Por lo momentos toca esperar un tiempo para ver si estas medidas repercuten de forma positiva en la economía del país, la cual se ha visto bastante golpeada en los últimos años.
Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez
