El dirigente sindical del magisterio y activista de Voluntad Popular (VP) en Cumaná, estado Sucre, Gregory Quijano, emplazó al sector gubernamental a cesar el acoso y la persecución a la disidencia política del país, lo cual ha generado el encarcelamiento de numerosos opositores.
Remarcó que se trata de una postura como ciudadano, que considera se centra en pedir el fin de la criminalización de la disidencia política, que inclusive se ha extendido al partido de gobierno, con pases de factura dentro de la organización.
Consideró que se trata de una situación que no debe darse en un sistema de democracia y libertad, el cual está consagrado en la Constitución y las leyes, y que faculta a los ciudadanos para hacer uso de la crítica, si hay mal uso de los poderes o el irrespeto que se produjo cuando se dieron unos resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que aún no han sido demostrados.
Quijano deploró la persecución de muchos líderes de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) a quienes les imputan delitos basados en leyes que se crearon para judicializar a la disidencia y a los opositores al gobierno. “Criminalizan cualquier actividad contraria a sus intereses y eso no es democracia”.
En este sentido, señaló que dentro de la democracia no se puede tratar como delincuentes a quienes tengan una postura distinta. “Ya no se llamaría democracia, sería una especie de dictadura, de régimen autoritario, que impone su criterio a trocha y mocha, irrespetando la Constitución”.
Puso como ejemplo que a algunos dirigentes y disidentes juveniles han sido judicializados por haberse activado durante el proceso electoral.
Denunció que no hay garantías de defensa, porque los juicios se hacen a altas horas de la noche, sin testigos, sin abogados y solo con la Fiscalía y los jueces. “No hay derecho a la defensa y así no se puede creer que haya un Estado democrático, garante de las normas y las leyes y menos de la disidencia”.
En su criterio, el gobierno debe mostrarse garante de la democracia y actuar de forma diferente, al dar oportunidad a la defensa, al hacer juicios públicos y expresando de forma clara las acusaciones. “Hablan de terrorismo, pero no saben a quién le causaron terror”.
En este sentido, dijo que muchos dirigentes han tenido que resguardarse y otros han salido del país, porque no se garantizan sus derechos ciudadanos.
Puso como ejemplo el caso del dirigente magisterial Robert Franco, que fue condenado a 30 años, “por reclamar reivindicaciones laborales. Desconocemos que haya otros intereses, pero hasta los momentos se desconoce qué fue lo que hizo”.
Señaló que es el propio presidente Nicolás Maduro, quien debe cambiar la actuación de su gobierno, abriendo un compás de amplitud y aplicar verdaderos derechos ciudadanos consagrados en la Constitución y en las leyes.
Sucre / Yumelys Díaz
