Las redes regionales de organizaciones de la sociedad civil Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, Civicus, IFEX-ALC y Voces del Sur denunciaron este 17 de enero que el Gobierno de Nicolás Maduro, a través del Poder Legislativo, busca aprobar una ley que «habilita la criminalización de organizaciones y actividades legítimas de la sociedad civil venezolana protegidas por el derecho humano a la libertad de asociación, que es fundamental para garantizar el espacio cívico».
«Tras su aprobación en la primera discusión hace casi un año, el pasado 12 de enero se retomó el proceso de revisión parlamentaria de la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines” con el inicio del proceso de consulta pública, a pesar de que a la fecha el proyecto no se encuentra pública y formalmente disponible» denunciaron las cuatro instituciones a través de un comunicado de prensa.
Destacaron que, desde la presentación ante el parlamento de la ley, se planteó un discurso estigmatizante que ubica a las organizaciones civiles que hacen trabajo social, humanitario y de promoción de derechos humanos como «enemigas de la patria», acusadas de usar «fondos ilícitos» para «financiar el terrorismo».
«La propuesta legal otorga facultades al Poder Ejecutivo de supervisar, inspeccionar, controlar y sancionar a las organizaciones y sujetos obligados, a través de atribuciones legislativas y de fiscalización. Tales capacidades someten la existencia de las organizaciones a la discrecionalidad de los intereses del gobierno de turno, lo que vulnera la autonomía e independencia», reitera el comunicado.
El proyecto impone la obligatoriedad de proporcionar «datos sobre la constitución, estatutos, actividades que realizan, proveniencia, administración y destino de sus recursos, con especificación detallada de sus fuentes de financiamiento», «en un contexto donde se ha utilizado información de este tipo para perseguir y criminalizar sectores críticos al gobierno», denuncian las ONG.
«Miles de personas dentro del país son beneficiarias de programas de asistencia social y humanitaria necesarios para atender la emergencia humanitaria compleja, de aprobarse esta ley dicho trabajo estaría severamente restringido. De igual forma, bajo esta legislación toda iniciativa autónoma e independiente de los intereses gubernamentales quedaría ilegalizada y sería automáticamente sospechosa de la comisión de delitos, esto incluye organizaciones, colectivos y movimientos sociales, religiosas, sindicales, educativas, comunitarias, ambientales, vecinales, entre otras», advierte el comunicado.
Otras instituciones que analizan las violaciones a los derechos humanos, como la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Human Rights Watch, la Oficina de Washington para Asuntos de América Latina (WOLA), la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), expresaron que el proyecto de ley tiene un «lenguaje vago y ambiguo en el borrador actual (…) que genera alertas» ante una nueva ola de represión en el país.
«Exhortamos a la comunidad internacional a dar su apoyo con acciones que eviten que esta y otras legislaciones similares en la región avancen, ya que solo buscan restar libertades en nuestros países. Tales iniciativas alimentan narrativas estigmatizantes y promueven más acciones restrictivas y antidemocráticas», aseveraron las instituciones en el comunicado.
Caracas / Runrunes
