La comunidad de Cambalache, a orillas del río Orinoco, en Puerto Ordaz, ha registrado tres muertes de niños waraos por la desnutrición, derivada de la crisis humanitaria compleja que los afecta.
A pesar de que el Estado debe garantizar los derechos de los pueblos indígenas, para María Teresa Sánchez, directora de Extensión Social Universitaria en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB Guayana) y miembro de Causa Amerindia, “no hay una respuesta efectiva, oportuna y fortalecida” para atender a estas comunidades.
Según la directora, desde que se sancionó la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas en 2005 no se ha sistematizado las políticas públicas para la atención de estas poblaciones. “Al no tener garantías de servicios en el centro de Puerto Ordaz, al no tener los servicios en la terminal ¿hay derecho a un ambiente sano? No, entonces desde que está la ley no se cumple”.
La comunidad indígena La Riviera, que desde hace más de 30 años se ubicó entre los edificios del centro de Puerto Ordaz, está cada vez sumida en mayor pobreza. Ante la falta de gas, al entrar lo primero que se percibe son los pedazos de leña amontonados en la cercanías de la acera, los niños corren entre los espacios que dividen cada una de las viviendas, las cuales en su totalidad fueron construidas con pedazos de zinc, lona y troncos de madera.
En esta zona hay al menos cinco niños entre 1 y 8 años de edad, todos juegan y corren alrededor de las casas. Aunque la ministra de Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, en diciembre de 2019 manifestó: “debe reafirmarse el compromiso de los Estados y los pueblos en preservar y difundir las lenguas indígenas”, la escuela intercultural bilingüe Nobotomo Kokotuka, ubicada a pocos metros de distancia, está cerrada por la falta de un maestro especialista de ambas lenguas.
Alimentados de promesas
Según la evaluación de seguridad alimentaria del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), publicada el 23 de febrero, 7,9% de los venezolanos están bajo una inseguridad alimentaria severa, es decir, ha pasado uno o varios días sin comer.
De esos sectores susceptibles, las comunidades indígenas de Ciudad Guayana abarcan un porcentaje. Un habitante del pueblo warao, que no quiso identificarse, explicó que el problema más grave es el hambre. Pueden llegar a pasar hasta dos días sin comer, y cuando comen lo hacen una sola vez al día.
Además manifestó que la mayoría de las organizaciones gubernamentales que prometen ayuda, no cumplen su palabra. Para María Sánchez la situación de estas etnias es totalmente cruel: “han sido engañados por mucha gente, y aprovechados por muchos otros”, aseguró.
En San Félix
Cerca de la terminal de autobuses en San Félix está otra de las comunidades waraos, a pocos metros de la avenida está la estructura de las casas prometidas en 2017. Allí tan solo se mantiene el cemento y algunas tuberías en el piso… la pega de bloques -inconclusos- que en algún momento se realizó ya no existe.
Actualmente los indígenas se refugian en casas construidas de ramas, palos, lonas y bolsas. El suelo de sus viviendas son de tierra, algunas de estas se mantienen abandonadas, la inexistente evidencia de ropa y alimentos lo demuestra, en las áreas aledañas el monte ha rodeado gran parte de las chozas.
De acuerdo con uno de los habitantes que prefirió mantenerse bajo anonimato, cerca de 10 familias han terminado migrando hacia la frontera con Brasil, entre ellos su padre. “La miseria que estamos pasando”, manifestó ser una de las principales causas.
Bolívar / Redacción web / Con información de Correo del Caroní
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