Las elecciones extraordinarias de Ecuador de este 2023 pasarán a la historia como las de los chalecos antibalas, una prenda que se ha vuelto indispensable en las actividades públicas de los candidatos, entre otras inéditas imágenes de escoltas y guardaespaldas, convertidas ya en rutinarias a raíz del asesinato de Fernando Villavicencio.
El uso del chaleco antibalas en la campaña se hizo evidente después del asesinato el pasado 9 de agosto del entonces candidato presidencial y exasambleísta Fernando Villavicencio, cuando salía de un mitin político en Quito a once días de la celebración de la primera vuelta electoral.
Villavicencio, que había denunciado amenazas de muerte días antes del crimen, fue reemplazado por Christian Zurita, quien tuvo un dispositivo de seguridad nunca antes visto cuando acudió a votar con chaleco antibalas, casco blindado y un nutrido grupo de escoltas que lo rodeaban con un escudo antibalas desplegable.
Y las fuertes medidas de seguridad han continuado en la campaña de la segunda vuelta, que se define este domingo entre la correísta Luisa González (Revolución Ciudadana) y el joven empresario Daniel Noboa (Acción Democrática Nacional).
A raíz del asesinato de Villavicencio, Noboa también comenzó a usar chaleco antibalas ya en la primera vuelta, mientras que González se lo puso ya entrada la campaña de la segunda vuelta, después de que saltase la denuncia de un presunto plan para atentar también contra ella.
Tanto Noboa como González cuentan además con un numeroso equipo de escoltas, integrado por policías y militares fuertemente armados que los acompañan en todas sus actividades y que apenas se separan de ellos cuando participan en eventos públicos.
Solo los candidatos a la Vicepresidencia Andrés Arauz (Revolución Ciudadana) y Verónica Abad (ADN) tienen asignados cada uno más de una veintena de agentes, según reveló la Policía la pasada semana.
De acuerdo al Observatorio Ciudadano de Violencia Política, las de 2023 han sido las elecciones más violentas en la historia de Ecuador, con 88 casos de violencia política, entre ellos el asesinato de Villavicencio y el del alcalde de Manta, Agustín Intriago.
En estas elecciones extraordinarias, esos ataques fueron a candidatos (43 %), autoridades de elección popular (24 %), autoridades de designación (14 %) y el 5 % a otros actores políticos como excandidatos, entre otras dignidades.
Entre los ataques figuran asesinatos (34 %), atentados (48 %), amenazas (10 %), secuestros (5 %) y asaltos (3 %).
Según Fausto Camacho, integrante del Observatorio, aunque «la presencia de la violencia en la política no es un hecho nuevo», sí «son absolutamente inéditos los niveles a los que se ha llegado en esta ocasión».
El experto electoral se lamentó de que hechos de violencia en general se vayan «normalizando» en la opinión pública y atribuyó la inseguridad a la lucha de grupos de delincuencia organizada por el control del territorio, «a fin de garantizar su acción ilícita relacionada con narcotráfico y trata de personas«, entre otros delitos.
Para el analista político César Ulloa, la de la segunda vuelta ha sido una «campaña bastante insípida», que se produce en un contexto «de fatiga cívica, hastío de la clase política, pero también de miedo por la inseguridad».
Ulloa destacó que se han reducido en gran medida los mítines abiertos y, cuando se realizan, no hay grandes anuncios anticipados, por lo que cree que «la política dejó de ser el espacio público por excelencia y se convirtió en un espacio de confinamiento».
El analista ve ahora «concentraciones selectivas», una especie de «microsegmentos, como nichos electorales extremadamente escogidos», y en ese sentido, los candidatos han apostado por reuniones con universitarios, grupos de recicladores, gestores culturales y deportivos, gremios de profesionales e incluso «influencers» de redes sociales, entre otros.
Atribuyó ese cambio al asesinato de Villavicencio, tras lo cual «se ha inaugurado una nueva manera de proselitismo», donde se guarda «mucho sigilo» sobre las agendas de los políticos.
«Tenemos una campaña súper vigilada, y ya no solo grabas el mitin para comunicación, sino también grabas o monitoreas viendo si no hay un sospechoso en la calle», dijo a EFE al agregar que también la población está temerosa por el aumento de la inseguridad.
Ecuador ha pasado en cinco años de 5,8 a 25,32 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes en 2022, la cifra más alta desde que se tiene registro, y los expertos vaticinan que incluso podría alcanzar los 40 a finales de año.
«¡Hemos cambiado tanto, en tan poco tiempo, y de manera tan intensa!», exclamó Ulloa al opinar que «la gente cada vez se confina más», mientras el proselitismo electoral es como «la sociedad de los domos» ante la prioridad que se da a los espacios cerrados frente a las tradicionales grandes concentraciones.
Quito / EFE
