Este miércoles, personal y representantes del Colegio Santo Ángel de Cumaná, en el estado Sucre, protestaron de manera pacífica para pedir que se deje sin efecto la medida de desalojo que existe sobre el inmueble donde funciona la institución.
La acción fue ordenada por el Tribunal II del Primer Circuito Judicial del estado Sucre, tras un conflicto legal que se ha prolongado a lo largo de 20 años. La medida afecta a unos 620 niños y adolescentes que estudian en el plantel.
Marcos Subero, profesor de la institución, y quien es considerado un símbolo del mismo, dijo que lucha por permanecer en el local, pese a que reconocen la validez de la medida legal.
La acción fue informada desde el viernes a la Zona Educativa y se reunieron con los abogados para hacer algunos planteamientos.
Subero señaló que, en efecto, hay algunas consideraciones legales a tomar en cuenta, porque la sede es propiedad de la Iglesia, pero ahora con la medida clara de desalojo, se preguntó dónde está la justicia.
“Le vamos a negar a una gran cantidad de niños, jóvenes y adultos, que están estudiando aquí el derecho a seguir en este colegio”.
Agregó que la medida afecta la culminación del año escolar y trunca el proceso de evaluación y graduaciones que se estaban ejecutando por adelantado, ante las elecciones que se avecinan en el país.
Insistió en que defenderán su posición de justicia. “¿Es justo desalojarnos en estos momentos?, no es justo, de allí nos estamos fundamentando”.
El plantel tiene 45 años funcionando en ese local y aunque la Zona Educativa intervino para que se culmine el año escolar en el mismo, los manifestantes expresaron que no desean que los niños terminen sus estudios en otros planteles.
Por su parte, el arzobispo de Cumaná, José González de Zárate, dijo que la medida de desalojo no es un capricho de la Iglesia, porque llevan esperando desde 2003 para que se cumpla una sentencia firme que hay en el caso.
Ratificó que la arquidiócesis es la propietaria del local y que allí se disponen a ejecutar proyectos educativos que tienen pendientes desde la época de monseñor Diego Padrón.
Señaló que a lo largo de 20 años esperaron por el desalojo de la infraestructura y la directiva no lo hizo. Y aunque la medida consistía en la entrega del inmueble a la arquidiócesis, la acción se retrasó por razones que desconoce.
Aclaró que desde 2013 dejaron de recibir pagos por arriendo, pese a que se trata de una empresa privada.
Sucre / Yumelys Díaz
