El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció el incremento de la “ola represiva” en el país, contabilizado al menos 60 “desapariciones forzadas” en las últimas semanas.
La Organización No Gubernamental (ONG) también alertó que existe una cifra similar de personas privadas de libertad, antes y después de los comicios del 28-J, con problemas graves de salud que requieren atención médica urgente.
“En la actualidad persiste una ola represiva que se ha mantenido en incremento en las última semanas. Repudiamos esta situación y queremos alertar a la comunidad internacional (…) El ministro de la Defensa (Vladimir Padrino López), hizo alusión a 60 capturas materializadas. Hasta la fecha, esas personas se mantienen en desaparición forzosa”, dijo Andreina Baduel, integrante del Clippve.
La vocera de la organización insistió en el caso de los presos que requieren atención médica especializada en distintos penales del país, como el Rodeo I, el Fuerte Guaicaipuro o Tocorón, entre otros, indicando que si no son atendidos se podrían “presentar nuevas muertes bajo custodia del Estado”.
Aislamiento prolongado
Según el más reciente informe del Foro Penal, en el país existen 932 presos políticos, de los cuales cuatro son adolescentes, 95 mujeres y 169 militares.
Baduel señaló que el aislamiento prolongado continúa siendo usado como mecanismo de tortura “no sólo para los detenidos, sino también para sus familias que pasan meses sin ningún tipo de contacto”.
La representante de la ONG apuntó que en la sede del Sebin, en El Helicoide, hay 16 presos en aislamiento, incluyendo dirigentes partidistas y activistas sociales como Freddy Superlano, Jesús Armas y Pedro Guanipa, e insistió que se permita el ingreso del Comité Internacional de la Cruz Roja a las cárceles para constatar el estado real de los privados de libertad.
Asimismo calificó de “grave” que cuatro adolescentes permanezcan detenidos por “pensar distinto”.
Por otro lado, Ramón Guanipa, hijo del dirigente de Primero Justicia (PJ), Juan Pablo Guanipa, exigió la liberación de su padre y que “no se le trate como a un criminal”.
“Hacemos un llamado a todos los organismos pertinentes para que no dejen sólo. Mi padre no es un criminal, como tampoco lo son ninguno de los presos políticos. Son personas que levantaron su voz porque querían un cambio y la libertad del país”, dijo Guanipa.
Mientras Francy Fernández, esposa del periodista y activista social, Carlos Julio Rojas, indicó que había logrado verlo recientemente “durante cinco minutos” en su sitio de reclusión en el Sebin, y advirtió que el comunicador padece problemas de tensión.
“Hago un llamado a la nueva administración del Sebin, al nuevo director, para que levante el castigo (…) No entiendo por qué está siendo castigado. A Carlos Julio se le están violando sus derechos”, agregó Fernández.
El abogado de Provea, Marino Alvarado, dijo que en este momento se pretende “institucionalizar la incomunicación prolongada” y criminalizar la opinión en el ámbito económico / Foto: Archivo
“Cualquier ciudadano está en riesgo”
En el caso del activista de la ONG, Provea, Eduardo Torres, su esposa Emiselys Núñez Ávila, denunció que tras más de 50 días de detención, su familia no ha podido tener contacto con él.
“No sabemos cómo está su salud física y emocional. No sabemos nada de él desde su detención el 9 de mayo. Queremos hacerle un llamado a los organizamos internacionales que continúen con el apoyo a Venezuela y que, por favor, no nos dejen solos”, acotó Núñez.
Marino Alvarado, abogado de Provea e integrante del Clippve, alertó que el “desbordamiento de la represión” y su uso como herramienta de control político, afecta actualmente no sólo a opositores y activistas, sino a cualquier ciudadano.
“Ni siquiera los hinchas de un equipo de fútbol pueden vivir tranquilos. Hace poco detuvieron a 29, y aunque 24 fueron liberados, cinco quedaron privados de libertad. Esto demuestra que todos estamos en riesgo”, señaló.
Alvarado cuestionó la falta de pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acerca del recurso de habeas corpus interpuesto a favor de Eduardo Torres, hace más de 30 días, pese a que la ley exige una decisión en un lapso máximo de 96 horas.
“Es una violación del artículo 27 de la Constitución que exige celeridad judicial, especialmente cuando hay riesgo para la integridad de la persona”.
El abogado de Provea dijo que en este momento se pretende “institucionalizar la incomunicación prolongada” y criminalizar la opinión en el ámbito económico, como fue el caso de la captura del ex ministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas.
Alvarado exigió a las autoridades cumplir con lo establecido en la Constitución y frenar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Redacción web / Caracas
