A más de 15 días de haber introducido documentos de reclamo sobre los cortes eléctricos ante diferentes instancias, el gremio de comerciantes y ciudadanos de El Tigre, en el estado Anzoátegui, continúan sin recibir respuesta de las autoridades.
Ramón Quiñones, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias del municipio Simón Rodríguez, reiteró el llamado de atención a la Defensoría del Pueblo, la Cámara Municipal y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), dependencias a las que acudieron entre los días 27 y 31 del pasado mes de agosto para pedir un cronograma de racionamiento.
"Aunque la oficina local de Corpoelec no nos va a dar una respuesta precisa al respecto, sabemos que es el puente que se utiliza para que nuestra petición pueda ser llevada hacia las autoridades regionales correspondientes", apuntó.
El gremialista resaltó que la continuidad de las fallas eléctricas, por más de seis horas diarias, genera una situación alarmante tanto para la productividad de los comerciantes como para el día a día en los hogares.
Afirmó que la lista de denuncias y quejas que reciben acerca de las consecuencias en los negocios son incalculables, principalmente en aquellos rubros dependientes de cadenas de frío para conservar alimentos perecederos.
Aunado a esto, mencionó que no todos los trabajadores de la economía cuentan con plantas eléctricas y los pocos que sí poseen estos equipos deben cargar con los altos costos operativos que implica su funcionamiento.
Gloria Ron, en representación de la sociedad civil, analizó la experiencia que viven los tigrenses frente a los continuos apagones y calificó el panorama como una seguida violación de derechos humanos.
Aunque reconoció que la crisis responde al colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), Ron manifestó que el servicio de energía eléctrica solo debería interrumpirse cuando el beneficiario no paga la factura.
"Para nosotros es una obligación pagar el servicio eléctrico, pero también tenemos derecho a que se nos garantice el mismo", agregó.
A juicio de la también abogada, estas condiciones vulneran derechos fundamentales como gozar de conectividad para comunicarse, usar aires acondicionados o aparatos de refrigeración.
También hizo especial énfasis en la salud física y emocional de las personas, que requieren electricidad para mantener ciertos medicamentos o simplemente para llevar una vida plena.
"No podemos llevar una vida normal así, queremos por lo mínimo saber a qué hora se va la electricidad para ver cómo organizarnos. Esto es algo que nos está generando un gran estrés", aseveró.
El Tigre / Damary Díaz
