Manifestantes marcharon el miércoles en ciudades de todo Colombia durante una tercera huelga contra el presidente Iván Duque al alargarse el inicio de un diálogo y agotarse la paciencia de los ciudadanos comunes.
Decenas de miles de estudiantes, trabajadores y líderes indígenas portaron pancartas denunciando una serie de quejas en contra del gobierno conservador de Duque.
La participación fue considerablemente más pequeña que la primera huelga masiva del 21 de noviembre en la que se calcula que salieron 250.000 personas a las calles, pero las manifestaciones seguían siendo lo suficientemente grandes para causar problemas viales para muchos en Bogotá.
“Es justo que protesten, pero a nosotros nos perjudican”, dijo Diego Monroy, quien trabaja en un estacionamiento que suele tener 40 vehículos, pero sólo tenía dos el miércoles. “Si siguen así las protestas, me voy a quedar sin empleo y eso no es justo”.
Duque y miembros del Comité Nacional del Paro, conformado por sindicatos laborales y activistas estudiantiles, tienen programado sentarse de nuevo el jueves mientras intentan llegar a un acuerdo sobre las condiciones para iniciar un diálogo.
Los organizadores de las protestas querían conversaciones directas con Duque sobre 13 demandas, pero el gobierno sólo está dispuesto a llegar hasta cierto punto. El lunes, el gobierno de Duque ofreció negociaciones independientes con los manifestantes para tocar en específico sus demandas, pero desde entonces ha reiterado que serían bajo el alcance de la “conversación nacional” del presidente con varios grupos.
“El presidente Duque y su gobierno tienen toda la voluntad de permanecer en diálogo y encontrar solución a los problemas de Colombia”, dijo Diego Molano, coordinador de la conversación nacional que promueve Duque.
Los manifestantes están molestos con un gobierno que, afirman, no ha hecho lo suficiente para abordar problemas arraigados como la corrupción y desigualdad. Los manifestantes también se quejan sobre reformas fiscales y laborales propuestas, así como la continua violencia tras el acuerdo de paz de 2016 con los rebeldes de izquierda.
A la más reciente manifestación se unieron guardias indígenas que han sido atacados en partes de Colombia por el remanente de grupos armados ilegales que intentan tomar control de zonas que alguna vez estuvieron bajo control de rebeldes de izquierda. Los guardias, que no portan armas de fuego, formaron una barrera protectora frente a los manifestantes como una forma de disuadir una respuesta enérgica por parte de la policía.
Un estudiante de secundaria de 18 años murió al recibir el impacto de un proyectil lanzado por la policía antimotines durante una protesta a finales de noviembre.
“Hoy el movimiento indígena colombiano está movilizado en la ciudad de Bogotá en defensa de la vida”, dijo el líder indígena Luis Fernando Arias.
La lista de 13 puntos del Comité Nacional del Paro incluye pedirle a Duque retirar una propuesta de reforma fiscal, eliminar la unidad policial acusada de la muerte del estudiante, la revisión de acuerdos de libre comercio y la total implementación del histórico acuerdo de paz con los rebeldes.
Es con “estas marchas y la de hoy que hemos logrado despertar al pueblo”, dijo Matleny Hernández, una maestra que se manifestaba el miércoles.
Aunque los manifestantes todavía no comienzan oficialmente a discutir sus demandas con el gobierno de Duque, hay indicios de que las protestas captaron la atención de los legisladores.
Los legisladores hicieron cambios a los aspectos más controversiales a una propuesta dereforma fiscal presentada por el partido de Duque y agregaron nuevos componentes a una ley fiscal que beneficiaría a los pobres _ aunque ambas propuestas legislativas siguen siendo criticadas por los partidarios del gobierno, que sostienen que todavía favorecen abrumadoramente a los acaudalados.
“Le echan gasolina al fuego”, tuiteó Claudia López, la alcaldesa electa de Bogotá, luego de que la reforma fiscal superara un primer obstáculo el martes.
Las protestas de Colombia son parte de una oleada de marchas en muchos países latinoamericanos, en donde los ciudadanos se han manifestado contra presidentes de todo el espectro ideológico. Las quejas de los manifestantes varían según la nación, pero un denominador común es la frustración hacia los líderes acusados de proteger a quienes están en el poder a expensas de los más vulnerables.
La protesta del miércoles en Colombia de cierta forma fue una prueba sobre cuánto apoyo mantiene el Comité Nacional del Paro en las calles cuando intenta negociar las condiciones de un diálogo con Duque.
Gimena Sánchez-Garzoli, defensora de derechos humanos de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, dijo que incluso los números reducidos de los manifestantes siguen siendo una facción influyente por el amplio rango de participantes _ desde estudiantes hasta líderes afrocolombianos _ que salieron a las calles.
“Una polinización cruzada de apoyar los problemas de los otros complica que Duque los ignore”, dijo.
Mientras los manifestantes bloqueaban las calles y causando problemas para que los trabajadores colombianos llegaran y salieran de sus trabajos, algunos expresaron frustración con ambas partes por no llegar a un acuerdo para frenar las manifestaciones.
“Las partes deben sentarse a negociar y ser flexibles, y llegar a un acuerdo”, dijo Myriam García, quien trabaja cerca de la Plaza Bolívar, lugar de reunión de muchos manifestantes. “Nos ha perjudicado a todos”.
Bogotá / AP
