El presidente colombiano Iván Duque enfrenta uno de los momentos más críticos de su gobierno tras la renuncia de su ministro de Defensa, Guillermo Botero, debido a la muerte de ocho menores de edad durante una operación militar.
Botero dimitió el miércoles por la noche después de que un senador de la oposición reveló que por lo menos ocho menores de entre 12 y 17 años perdieron la vida durante un bombardeo al campamento de una organización criminal en la periferia de una zona amazónica.
El escándalo ha trastocado al de por sí gobierno impopular de Duque y minó aún más la confianza en las fuerzas armadas de la nación, las cuales enfrentan dificultades para contener la violencia en reductos distantes en zonas rurales de Colombia.
"Esto deja al presidente muy mal parado", dijo Jorge Gallego, analista político de la Universidad del Rosario, en Bogotá. "También muestra que hay problemas muy serios en la conducta de los militares".
Duque, de 43 años, fue elegido el año pasado con su compromiso de reformar el acuerdo de paz concertado en 2016 con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y llevar orden a las zonas rurales asoladas por el narcotráfico.
Sin embargo, el mandatario conservador ha tenido problemas para contener a organizaciones criminales y a los disidentes del acuerdo de paz que ahora se disputan rutas del narcotráfico, minas ilegales y otros recursos lucrativos que las FARC abandonaron después de su transición a la vida civil.
En lo que va del gobierno de Duque, al menos 200 activistas de derechos humanos han sido asesinados en diversas partes del país, según INDEPAZ, una organización que da seguimiento a la violencia en Colombia. Asimismo, decenas de exrebeldes de las FARC que depusieron las armas también han sido asesinados por grupos criminales en actos de venganza o para apoderarse de los territorios que estuvieron bajo control de la guerrilla izquierdista.
Las autoridades aseguran que uno de esos grupos criminales era encabezado por Gildardo Cucho, un exinsurgente que atendió el llamado de sus superiores para alzarse en armas de nuevo, después de acusar al gobierno de incumplir compromisos del acuerdo de paz.
A finales de agosto, las fuerzas militares colombianas bombardearon el campamento de Cucho, en la provincia suroccidental de Caquetá, y anunciaron la operación como un triunfo contundente.
"Fue una labor estratégica, meticulosa, impecable, con todo el rigor", declaró Duque después de la incursión aérea. Botero, que era entonces ministro de Defensa, también aplaudió el ataque y aseguró que el país estaba unido en las tareas contra la delincuencia.
El bombardeo acaparó los titulares de prensa por un día y pasó al olvido entre la mayoría de los colombianos. Después, el martes, durante una audiencia, el senador Roy Barreras hizo revelaciones de que entre los muertos hubo varios menores.
"A los colombianos se les ocultó esa información", declaró Barreras. "Menores de edad bombardeados y luego revictimizados al presentarlos usted como delincuentes".
Herner Carreño, funcionario de derechos humanos en Caquetá, dijo haber advertido a las fuerzas de seguridad que en la zona había menores que posiblemente fueron reclutados a fuerza por grupos armados para que trabajaran en sus campamentos, incluida una muchacha de 12 años.
Botero respondió que sus fuerzas desconocían que había menores en el campamento de Cucho cuando se efectuó la incursión aérea. Sin embargo, no aclaró después si el ataque había cobrado la vida de menores. El Congreso de Colombia se disponía a recomendar la destitución de Botero.
Los analistas dicen que el presidente Duque enfrenta ahora la difícil tarea de recuperar la confianza en el ejército y en su propio gobierno mientras hace frente a complejos desafíos de seguridad.
Bogotá / AP
