Tras la instalación de la nueva Asamblea Nacional (AN) el 5 de enero con mayoría progobierno de Nicolás Maduro, producto de las cuestionadas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, las perspectivas para el antichavismo lucen cuesta arriba.
A juicio de analistas políticos, el Poder Legislativo sólo contribuirá a profundizar el conflicto venezolano y por ende la crisis. El nuevo parlamento no ha sido reconocido por más de 45 países y organismos internacionales como la Unión Europea (UE), además de ser rechazado por 5 millones de venezolanos en la consulta popular del 12-D.
La imposición de la AN, señalan los analistas, supone que la “autocratización” (gobernar sin ningún tipo de control) de la administración de Maduro aumentará, lo que plantea una serie de retos para la oposición en el nuevo año y arroja incertidumbre en torno al futuro del liderazgo del dirigente Juan Guaidó.
De hecho, una de las principales ofertas de campaña electoral de la Asamblea Nacional fue impulsar acciones legales -incluyendo prisión- de Guaidó, a quien el chavismo señala de promover las sanciones y bloqueos económicos contra el país, además de participar en intentos de golpe de Estado.
“2020 ha sido un año en el que para muchos se esfumaron las expectativas y esperanzas que crecieron de manera desenfrenada a partir de enero de 2019, cuando la principal potencia internacional, los Estados Unidos, se alineaba con un joven líder del Movimiento Estudiantil de 2007, Juan Guaidó, quien era elegido presidente de la AN y luego presidente interino”, expresó el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno (CepyGg-UCAB), Benigno Alarcón.
Incrementar la presión interna
Pese a que Guaidó enfrenta críticas y ha perdido respaldo popular al no concretarse el mantra “Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”, Alarcón sostuvo que el diputado continúa siendo la opción más clara de liderazgo en el antichavismo y el que goza de confianza entre los electores.
Pero mientras el madurismo concentra esfuerzos por ganar tiempo y mantenerse en el poder de cara a 2021, sus adversarios deberán trabajar para que el reconocimiento internacional hacia Guaidó como presidente interino y a la AN -que extendió su mandato por un año a través de la reforma del Estatuto de Transición-, se mantenga como interlocutor válido del Estado venezolano. De ello dependerá que continúe la presión internacional para obligar a Maduro a negociar una salida electoral y pacífica a la crisis.
A la par, indicó el politólogo, la oposición tendrá el desafío de incrementar la presión interna, reactivando las manifestaciones de calle en medio de la pandemia por Covid-19. Aludió a la decisión de Maduro de radicalizar la cuarentena en enero -ya se aprobó una primera semana de confinamiento- tras el repunte de contagios, producto de la flexibilización ampliada de diciembre.
Aseguró que la aplicación de la medida no fue sólo por razones sanitarias, sino también políticas, debido al llamado de Guaidó a protestar el 5 de enero, día de la instalación de la AN. Mientras, el chavismo avanzará en el afianzamiento del control de las instituciones, mediante la elección de poderes públicos por el nuevo parlamento y ganar la mayoría de las gobernaciones a elegir en 2021.
Para la politóloga Colette Capriles, si se toman por válidos los resultados de la consulta popular convocada por la oposición entre el 7 y 12 de diciembre dentro y fuera de Venezuela, en la que participaron más de 5 millones de venezolanos a favor del Sí, esto sería una buena base de apoyo para que la oposición redefina estrategias e impulse nuevamente las acciones de calle.
Pero advirtió que en los actuales momentos se corre el riesgo de que la consulta popular, al igual que la de 2017, se vuelva irrelevante y que sus resultados, como fenómeno de participación, se “evaporen”. Esto, señaló, a falta de un informe técnico y político de los organizadores sobre los números finales de la votación, los mecanismos empleados para su validación y la interpretación que da el antichavismo a esas cifras.
“La oposición debe explicar qué hará en adelante con esos resultados, más allá de cuantificar el apoyo, cuál es el marco político y estratégico que se ofrecerá a quienes apoyaron la consulta, el proyecto para el 2021, cómo va a resolver los desafíos que se presentan. Hace falta tener un horizonte del futuro”, manifestó la analista.
Año electoral
También se recuerda que se avecinan elecciones regionales y municipales y el G4, conformado por Acción Democrática (AD), Voluntad Popular (VP), Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, más otras organizaciones minoritarias que los apoyan, deberán decidir de nuevo si postulan candidaturas.
Advirtió que al igual que ocurrió con las parlamentarias del 6D, no habrá garantías de condiciones democráticas y la oposición podría fragmentarse aún más ante un nuevo debate sobre si se participa o no.
Con los comicios legislativos, el poder político ya tiene un trabajo adelantado, puesto que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) intervino previamente a los partidos AD, VP y Primero Justicia y a excepción de este último, forzó la aparición de las tarjetas electorales en la boleta de votación, al entregar el control de dichas toldas a personas que negociaron con Miraflores.
“No hay garantías de elecciones competitivas ni de condiciones plenas, pero ese es un campo minado que la oposición verá si atraviesa. Este Gobierno no va a ofrecer condiciones perfectas para ir a una elección, pero a algunos países les han servido esos eventos, para acumular fuerza”, indicó Alarcón.
El tema electoral fue en 2020 un factor de división entre el antichavismo. Mientras el G4 y Guaidó se decantaron por no participar en las parlamentarias luego que el TSJ designara al CNE, partidos minoritarios como el Movimiento Al Socialismo (MAS), Avanzada Progresista (AP) de Henri Falcón, Soluciones de Claudio Fermín y Cambiemos de Timoteo Zambrano, entre otros, sí postularon candidaturas. Esto sirvió para que el Ejecutivo manejara un discurso ante el mundo, según el cual la oposición sí estaba participando en el proceso electoral.
Tras acusar al gobierno interino de ofrecer soluciones mágicas y sembrar falsas expectativas de cambio en los venezolanos, el excandidato presidencial Henrique Capriles anunció su decisión de acudir a las urnas para el 6D con la Fuerza del Cambio, a la espera de que sus gestiones ante la UE para que Maduro aceptara condiciones democráticas, prosperaran. La negociación falló y el exgobernador de Miranda se retiró, pese a que el CNE mantuvo la tarjeta electoral en la boleta electrónica.
“La oposición hoy no tiene un líder, no hay un liderazgo, nadie que sea un jefe. No existe. Esto fue un capital político que se acumuló y se botó a la basura, puros lugares comunes, discursos gastados (No tengo nada personal contra Guaidó), pero eso se acabó, está acabado, fundido, cerrado, listo”, afirmó en entrevista con la BBC Mundo, el pasado 9 de diciembre.
Los analistas políticos también coinciden en que cuando la oposición logra y demuestra unidad, obtiene buenos resultados como en las parlamentarias de 2015.
En este sentido, Alarcón apuntó que la oposición debe generar una estructura unitaria similar a la de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y esforzarse para reorganizarse política y territorialmente en todo el país, con el apoyo de las bases sociales, para acercarse a la gente y alcanzar un músculo nacional que enfrente de manera cohesionada al chavismo en el poder. “Es necesaria la cohesión y definir mecanismos para resolver los conflictos internos, definir las reglas de juego para la toma de decisiones”.
El internacionalista Oswaldo Silva expresó que “una de las tareas de la AN presidida por Guaidó (que extendió su mandato) y de los partidos políticos de oposición es mantener el reconocimiento como interlocutor válido ante la comunidad internacional. Es el principal enfoque y es lo que se espera del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y otros países que ya dijeron que no reconocían las elecciones del 6 de diciembre”.
Antes, durante y después del evento electoral del 6D, países como Ecuador, Canadá, Colombia, Panamá, Brasil, Estados Unidos, Portugal, Reino Unido, Alemania y España, entre otros, además de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la UE, manifestaron su desconocimiento a los comicios y sus resultados. Silva subrayó que ese reconocimiento será la base de las acciones futuras que se emprendan ante la comunidad internacional para presionar un cambio político en Venezuela.
Esa presión, agregó, pasa por más sanciones individuales para obligar de una manera más eficiente a Maduro a negociar, así como la profundización de contactos con el entorno chavista para invitarlo a participar en una transición, además de los países aliados a Miraflores.
Aclaró que el Gobierno de Biden parece disponerse a rebajar las sanciones de tipo económico que de alguna manera repercuten en la crisis venezolana, lo que es usado a favor del discurso sobre el bloqueo que mantiene Maduro, pero no las medidas individuales por corrupción y violaciones de DDHH.
Silva advirtió además que el reconocimiento internacional podría enfrentar obstáculos como el hecho de que la AN de mayoría chavista cree instrumentos legales dirigidos a facilitar la cooperación para atender la emergencia humanitaria en Venezuela, lo cual, señaló, podría ser aceptado por organismos y otros países con tal de que la ayuda pueda llegar a la población. A cambio, ese parlamento logra cierto reconocimiento y Maduro sigue ganando tiempo.
Caracas / Deysi Martinez.
