El pasado 1 de marzo, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) falló por unanimidad a favor de continuar las investigaciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad y desestimó una petición del régimen chavista para poner freno a las indagaciones por parte de expertos internacionales.
La decisión permite que la CPI pueda continuar avanzando en las investigaciones para esclarecer los hechos en el marco de las protestas antigubernamentales, se centre en la búsqueda y recolección de las evidencias, examine pruebas, solicite la cooperación de algún Estado en caso de ser necesario y eventualmente pueda proseguir hacia la rendición de cuentas de los máximos responsables de los crímenes.
“Este proceso demuestra la relevancia del trabajo de las organizaciones en la sociedad civil, pues constituye una victoria no solo para estas entidades, sino también para las víctimas que, a pesar de los obstáculos, han perseverado en la búsqueda de justicia para Venezuela”, dijo la presidenta de la ONG Defiende Venezuela, Génesis Dávila.
Por su parte, Rodrigo Diamanti, presidente de Un Mundo Sin Mordaza, sostuvo que el único responsable de que el caso esté en la CPI es el régimen de Maduro.
“Primero por cometer crímenes de lesa humanidad y segundo por secuestrar las instituciones judiciales del país”.
Diamanti agregó que la decisión de la CPI del pasado viernes refleja la importancia de la cooperación internacional en la búsqueda de justicia y en la protección de los derechos humanos.
La respuesta del Estado no se hizo esperar en la boca de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. “Este órgano de justicia ha demostrado ser politizado, negligente e inactivo. Venezuela revertirá esta decisión y hará valer la verdad por todos los medios”.
De acuerdo a Defiende Venezuela, Un Mundo Sin Mordaza y el Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, a partir de la decisión de la CPI se manejan los siguientes escenarios:
Caracas / Runrunes
