Cinco de ocho trabajadores del Servicio de Administración Tributaria del estado Anzoátegui (Satea), que fueron desincorporados de la nómina en diciembre, volverán a sus puestos de labores tras una orden de reenganche emitida por la Inspectoría del Trabajo. Queda pendiente la autorización para la reincorporación de los tres restantes.
Candelario Subero, secretario general del sindicato Unión Regional de Empleados Públicos de Anzoátegui (Urepanz), señaló que estas cinco personas se encuentran amparadas, en el Ministerio del Trabajo, por el decreto de inamovilidad laboral y porque, aunque se había vencido el contrato, tenían prioridad para recibir un cargo fijo en lugar de ser botados.
Las quejas en contra de Satea no quedan allí. Subero agregó que el ente “niega la comisión de servicio al personal foráneo que se le complica movilizarse a sus puestos de trabajo en la zona norte”.
Mencionó el caso del paramédico José Rebolledo, habitante de Clarines, quien entregó una carta de solicitud de transferencia de puesto a su municipio firmado por la alcaldesa, pero hasta el momento no le han dado respuesta.
El delegado sindical manifestó que persiste la suspensión, sin justificación, de sueldos a 50 empleados de Satea.
“Pese a que fuimos a dialogar con los directivos, para tratar de solucionar este problema, no nos atendieron. Nosotros estamos dispuestos a trabajar juntamente con el gobierno del estado para solventar el problema de estos trabajadores”, aseveró.
Carlos Lezama, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Independientes del estado Anzoátegui (Sutdeanz), hizo un llamado al gobierno estadal para que abogue por el cese de los despidos injustificados y suspensiones de sueldo, a fin de que se haga justicia social con los empleados que han sido víctimas de “malas administraciones”.
Apostó por la asignación de cargos fijos para el personal que lo requiere.
Barcelona / Milena Pérez
