El 8 de febrero de 2018, la Corte Penal Internacional (CPI) anunció por primera vez que iniciaría un examen preliminar por supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, tras recibir comunicaciones e informes que documentan casos que, a juicio del organismo, serían de competencia del tribunal.
Según explicó en ese entonces la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, se tomarían en cuenta denuncias de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y de detenciones de miles de miembros de la oposición, al menos desde abril de 2017. También casos de abusos y maltrato durante la ejecución de dichas medidas, lo que sin duda intensificaría la presión sobre las autoridades del país caribeño.
No obstante, el gobierno de Nicolás Maduro no tardó en dar una respuesta ante el anuncio, rechazándolo de manera “firme y categórica” para alegar que, entre abril y junio de 2017, "el pueblo venezolano fue víctima de alteraciones del orden público organizadas, convocadas y financiadas por sectores de la oposición venezolana extremistas y antidemocráticas".
Pero, de acuerdo con el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, el que la CPI haya abierto un examen preliminar quiere decir que la fiscal está enviando un mensaje contundente al gobierno de Venezuela y siguiendo muy de cerca los presuntos abusos denunciados ante ese despacho.
Meses más tarde, el 26 septiembre de 2018, seis países pertenecientes al Grupo de Lima (Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Argentina) solicitaron, junto a la Organización de Estados Americanos (OEA), investigar al gobernante venezolano y a la cadena de mando. El pronunciamiento se tornó histórico debido a que, nunca antes, Estados que son parte del Estatuto de Roma habían denunciado a otro.
El exrepresentante en Colombia del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Juan Navarrete, dijo a la BBC Mundo que el hecho de que hayan sido jefes de Estados y de gobierno los que hicieran la solicitud le da mucho más impacto al tema, debido a que los documentos emitidos anteriormente ante la CPI fueron producto del trabajo de organizaciones.
Un golpe al poder
Fue el 16 de septiembre de 2020 cuando una Misión Internacional Independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó un primer informe sobre la situación e instó al Estado venezolano a exigir a los responsables de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y la tortura, la rendición de cuentas por crímenes de lesa humanidad.
Según se dijo, la misión reconoció que la crisis de momento y las tensiones generadas ameritaban que el Estado mantuviera el orden público. Sin embargo, se constató que “el gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres”.
“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado, desde 2014, graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad,” expresó Marta Valiñas, presidenta de la Misión, citada por el portal web de la Oficina del Alto Comisionado de las ONU para los Derechos Humanos.
Una vez más, el pronunciamiento internacional fue cuestionado por la administración de Maduro. En esta ocasión, en la voz del canciller Jorge Arreaza y el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, quienes desmintieron el informe de la ONU y manifestaron que le faltó “rigor”.
“No han venido, ni vendrán”, adujo Arreaza al destacar que la Misión no acudió a Venezuela para hacer las investigaciones pertinentes. De acuerdo con una reseña publicada por CNN en Español, en el informe se dijo que en seis oportunidades solicitaron a las autoridades permiso para viajar a Venezuela y el ingreso les fue negado.
Tres meses después (14 de diciembre de 2020), la fiscal Bensousa publicó un Reporte Anual de Actividades Preliminares, en el cual la situación de Venezuela salió a relucir una vez más, tras indicar que existen “fundamentos razonables” para creer que en la nación caribeña “se cometieron crímenes de competencia de la corte desde, al menos, abril de 2017”.
“Al menos, desde abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad en motivos políticos”, detalla el informe de la CPI.
En el escrito, además, se enumeran como presuntos responsables a miembros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Otra fase
La fiscal Bensouda señaló el pasado 8 de junio, en entrevista con la agencia de noticias EFE, que en “cuestión de días” (aproximadamente el 15 de ese mes) podría anunciar una investigación formal sobre el caso de Venezuela. Pero tras nueve años en el cargo, decidió renunciar sin que se cumpliera la solicitud. “El asunto está ahora a la espera de los jueces y no hay mucho más que pueda decir, al menos en esta etapa”, dijo.
El fiscal británico Karim Khan será el encargado de llevar las riendas de la CPI. Analistas estiman que el funcionario podría tardar hasta diciembre para decidir si el caso venezolano, sobre crímenes de lesa humanidad, pasa a la fase de investigación.
De acuerdo con el representante en Europa de la organización defensora de derechos humanos Provea, Calixto Ávila, en declaraciones para el portal Voz de América, existen tres escenarios posibles que se puedan establecer durante la gestión del nuevo jefe de la Corte.
“El primero, que el fiscal decida cerrar el examen preliminar y archivar el caso; el segundo es que se mantenga el examen preliminar hasta el momento en el que pueda tomar una decisión, y el tercero, cerrar el examen preliminar y abrir una investigación que estaría a cargo de la Corte Penal Internacional”, explicó Ávila en un video divulgado.
La oposición venezolana confía en que Khan dé celeridad a la situación venezolana. Así lo dio a entender Julio Borges, comisionado presidencial para Relaciones Exteriores designado por el presidente de la Asamblea Nacional de 2015, Juan Guaidó, en una misiva enviada al nuevo funcionario de la CPI.
Explica Borges en el escrito difundido a través de redes sociales, que “las víctimas (en Venezuela) necesitan Justicia, ya que se han agotado todas las instancias internas”. Manifestó que, a su juicio, "lamentablemente el sistema judicial venezolano es parte de la estructura de poder que comete crímenes".
"Su antecesora, la doctora Fatou Bensouda, avanzó en el análisis de las evidencias de este caso y ya confirmó que existen elementos fundados para creer que en nuestro país se han cometido crímenes de lesa humanidad que comprometen a Nicolás Maduro y sus colaboradores", alega el dirigente opositor.
Amnistía Internacional (AI) también pidió al nuevo fiscal avanzar con el proceso lo antes posible.
“En Venezuela, AI ha documentado ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y muertes causadas por fuerza excesiva por parte de agentes del gobierno o grupos de civiles armados progubernamentales, muchos de los cuales la Fiscalía ya ha concluido que constituyen crímenes de lesa humanidad, y esperábamos para hoy -15 de junio- una decisión de su oficina que concluya su examen”, afirma una carta de AI.
Perfil
Karim Khan es un abogado británico de 51 años de edad, quien antes de ser designado como nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) ejerció como subsecretario general de las Naciones Unidas. Es especialista en Derechos Humanos y dirigió una investigación especial de la ONU sobre los crímenes del grupo yihadista Estado Islámico.
Puerto La Cruz / Redacción Mundo
