Tras los recientes acercamientos y los primeros acuerdos alcanzados en el marco del proceso de negociación entre el Gobierno y la Oposición de Venezuela, el dirigente político y exgobernador de Miranda, Henrique Capriles, se pronunció con respecto al rumbo del diálogo, enviando un mensaje contundente sobre el papel de los poderes públicos y, de manera muy particular, sobre la actuación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Para Caprikles, cualquier avance que se logre en una mesa de negociación resultará insuficiente si no se ataca el problema de fondo: el quiebre de la institucionalidad venezolana. El punto central de la crítica de Capriles apunta de forma directa al sistema de administración de justicia. El dirigente aseveró que el TSJ ha operado de espaldas a las necesidades de la ciudadanía y supeditado a los intereses del partido de Gobierno, convirtiéndose en un factor que profundiza la desconfianza de los venezolanos.
"No se trata de cambiar nombres para que las cosas sigan igual. El país no necesita un tribunal sometido a un grupo político o a intereses externos, necesita un TSJ y un sistema de justicia independiente que le sirvan a todos los venezolanos. Sin reconstrucción institucional no habrá solución real para Venezuela", enfatizó aludiendo a la falta de autonomía que ha caracterizado al máximo tribunal en los últimos años.
Capriles insistió en que decisiones clave de la máxima instancia judicial han funcionado como parapetos políticos para validar irregularidades y eludir la voluntad popular expresada en las urnas.
Remarcó que el diálogo no puede convertirse en un ejercicio de retórica sin impacto directo en la cotidianidad de la gente. Exigió que los acuerdos iniciales se traduzcan en la recuperación económica, la institucionalidad y mejoras sociales bajo el respeto a la Constitución. También exigió soluciones tangibles en materia de servicios públicos y libertad de los presos políticos.
Capriles concluyó reiterando que la presión política y la negociación deben servir para encaminar al país hacia una transición democrática real, donde el sistema de justicia vuelva a ser garante de derechos y no una herramienta de parcialidad oficial.
Caracas / Redacción Web
