Rosa Maestre recuerda que en 2017, cuando comenzó a llegar la caja CLAP a su edificio en Coche, al suroeste de Caracas, los miembros del consejo comunal advirtieron a los vecinos que debían tener obligatoriamente el carnet de la patria para comprar esos alimentos subsidiados.
“Yo siempre decía: ‘Tengo cédula, partida de nacimiento y soy venezolana, no necesito ningún carnet’. No tuve nunca carnet de otros partidos, tampoco lo voy a tener de este”.
También cuenta que la administración de Nicolás Maduro anunció, en 2018, un censo del parque automotor nacional a través del carnet de la patria para supuestas “nuevas políticas de apoyo y subsidio del transporte en general”, que se asomaba como un requisito para una eventual venta de gasolina. En la Plaza Bolívar del centro de Caracas, uno de los puntos principales del país donde se llevó a cabo la recolección de datos, había dos colas: una para censarse y otra para sacar el documento.
“En ese momento dijeron por primera vez que para echar gasolina hacía falta ese carnet. Esperé hasta el último momento y lo eliminaron. Al final podías comprar tu gasolina de forma normal”. Y, en efecto, el censo del parque automotor no llegó ni a medio camino.
MONTOS EN ALZA
Los montos en bolívares de los bonos del carnet de la patria se han ido incrementando a la par de la inflación. A inicios de 2020 –entre el 6 y el 15 de enero- se otorgó el llamado Bono de Reyes, por Bs 250 mil -a una tasa de Bs 77 mil 715; este beneficio alcanzaba a los $3,21. Mientras, el Bono Felicidades Venezuela, entregado desde el 21 haste el 31 de diciembre del año pasado, se ubicó en Bs 5 millones 070 mil ($4,93). Sin embargo, el último bono especial dado el 24 de mayo de 2021, llamado Conciencia y Unión, fue de Bs 7 millones 160 m il, es decir, $ 2,35. Las asignaciones no estarían cumpliendo su papel como programa de soporte social, si se toma en consideración al valor de la canasta alimentaria básica mensual, que supera los 150 dólares. Según el presidente Nicolás Maduro, durante 2020 se entregaron 517 millones de bonos que beneficiaron a 14,2 millones de personas en promedio mensual. “Se transfirieron recursos a sectores vulnerables por 1 mil 400 millones de dólares”.
Relata que al final se vio en la obligación de registrarse en el Sistema Patria y de tener el carnet para seguir recibiendo el CLAP, que trae productos que la ayudan, como arroz y pasta, y para pagar gasolina a precio subsidiado, a Bs 5 mil el litro.
“Ni modo, me inscribí. Además, tuve que acceder al portal por la gasolina. Yo no puedo pagar gasolina a precio de dólar.
Asegura que los bonos no son algo que esté esperando. “Yo, gracias a Dios, vivo de lo que me ayudan desde afuera, porque ni siquiera he podido trabajar. Pero me sentí moralmente destruida cuando me lo tuve que sacar porque yo no quería. A mí no me cabe en la cabeza que siendo venezolana tenga que inscribirme para poder tener los beneficios del Estado, que deben ser para todos, y no tienes que ser obligada ni manipulada”.
En el actual contexto, marcado por un recrudecimiento de la crisis económica y la pandemia del Covid-19, el Gobierno ha reforzado el control social que ejerce mediante el carnet de la patria, de acuerdo con expertos consultados por El Tiempo.
A través del ingreso en el portal patria.org.ve –uno de los más visitados en el país, por debajo de Google, Youtube y Facebbook-, se ha impulsado la entrega de las bonificaciones desde enero de 2017 cuando fue creado.
Las asignaciones se han diversificado e incrementado en la medida en que se acercan procesos electorales, como ocurrió en las presidenciales de 2018. Con la activación del sistema QR del carnet de la patria, en ese año se pudo entregar el Bono de Carnavales a 8 millones de venezolanos. Ya a mediados de 2020 estaban registrados en la plataforma 20 millones de ciudadanos, según informaciones divulgadas por el Ejecutivo.
Pero poco a poco se ha ido utilizando el sistema para otras funciones. Cada vez más personas se han visto obligadas a usar la plataforma, incluso aquellas que no comulgan con el Gobierno, bien sea para recibir algunos de los bonos, acceder a gasolina subsidiada, por miedo a no cobrar su salario -luego de que traspasaran nóminas a este sistema-, para pagar algunos servicios públicos y recientemente por el proceso de vacunación contra el Covid-19.
La economista Christi Rangel, coordinadora regional de Transparencia Venezuela, apunta que los ciudadanos de estratos sociales bajos ven como un alivio los bonos, aunque su aporte es insuficiente. “Ha habido mucha manipulación para el sometimiento. También debe recordarse que se había anunciado que el acceso a la gasolina subsidiada dependería del carnet de la patria y ahora con las vacunas contra el Covid ocurre la misma presión”, afirma.
Luego de varios años negándose a registrarse en la plataforma, Néstor González lo hizo a mediados de 2020 por miedo a no tener acceso al combustible. “Es una ofensa a la ciudadanía. Todos somos iguales, no hay ciudadanos de primera o de segunda. Pero al final todo se traduce en tener más control sobre la gente”.
Recientemente, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, anunció que a través de la plataforma Patria estarán convocando a las personas -vía mensaje de texto a través del celular- para que asistan a los puntos de vacunación contra el Covid-19 habilitados en todo el país y con el que el Gobierno espera inmunizar a 70% de la población este 2021.
La Organización No Gubernamental (ONG) de defensa de derechos humanos, Provea, ha cuestionado en diversas oportunidades que se use el carnet de la patria como mecanismo para acceder a la vacunación, aunque en este caso, sólo basta estar inscrito.
También por el Sistema Patria, usuarios pueden pagar servicios públicos como las tarifas de Corpoelec, Cantv e Hidrocapital y recargar y pagar servicios de Movilnet, Movistar y Digitel, además de cancelar en comercios utilizando los puntos de venta BiopagoBDV.
La cuarentena radical ha agravado la crisis económica que atraviesa Venezuela luego de casi ocho años en recesión y más de tres años en un proceso hiperinflacionario que ha pulverizado el poder adquisitivo de los ciudadanos.
El incremento de la vulnerabilidad en el país ha llevado a venezolanos a registrarse en el Sistema Patria para recibir los bonos, pese a que los montos no cubren siquiera las necesidades mínimas de alimentación que, según los datos suministrados por Cendas, requieren un desembolso de 10 dólares por día.
De acuerdo con un estudio realizado por Transparencia Venezuela sobre la respuesta fiscal a la pandemia por covid-19, el gobierno de Maduro asignó 29 bonos especiales por el Sistema Patria desde el inicio de la cuarentena hasta el cierre de 2020. Los montos oscilaron entre los 0,46 dólares y los 8,67 dólares. En este caso se llegaron a pagar beneficios monetarios, incluso a empleados del sector privado –en ocho oportunidades a través del Bono Especial #Quédate en Casa-, que se entregaba aun no teniendo el carnet de la patria.
Al hacer una clasificación del tipo de bonos se encuentra que, además de los especiales o no constantes, existen otras 12 bonificaciones permanentes que se otorgan de manera mensual, englobadas en Programas de Protección Social –como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Amor Mayor, Chamba Juvenil, Economía Familiar y 100% Escolaridad, entre otros.
Adicionalmente, fueron creados bonos que se asignan mensualmente para sectores laborales y profesionales y que han obligado a muchos trabajadores a sumarse al Sistema Patria.
En este caso, los últimos montos asignados se ubicaron en $5,6 para personal activo, pero también se agregan pagos para jubilados. El listado abarca el bono Simón Rodríguez -para docentes- ; bono Protectores de la Salud -para trabajadores del sector asistencial-, bono Máxima Eficiencia -para empleados de la administración pública, bono de Guerra –para jubilados-, bono Negro Primero -para funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado- y bono Cultores Populares.
En 2021, el Ejecutivo continuó poniendo el acento en los aportes. Hasta finales de mayo, se repartieron 13 bonificaciones especiales, que oscilaron entre 0,41 y 7,26 dólares, además de las permanentes y periódicas.
El número de bonificaciones se ha elevado con los años. Según cifras proporcionadas por Ecoanalítica y Transparencia Venezuela a El Tiempo, desde 2018 hasta mayo de 2021 el Gobierno entregó, en total, 432 tipos de bonos. En 2018 fueron 72; en 2019, 81 y en 2020, 179. De enero a mayo de 2021 se contabilizaron 100 bonificaciones -entre las periódicas y las especiales. En los cinco primeros meses de 2021 se entregó 55,86% de los bonos que se asignaron en 2020.
“Tal como en los años previos, se desconoce el número de beneficiarios de estos bonos y el proceso de clasificación para la asignación de los mismos”, indica Transparencia Venezuela en un informe.
De hecho, la Alianza de Presupuesto Abierto realizó una evaluación rápida de la transparencia y rendición de cuentas en el uso de fondos públicos para atender la crisis ocasionada por la pandemia por Covid-19 en 120 países. Venezuela obtuvo la calificación mínima en las variables analizadas y sus componentes. Advierten que el secreto impera en las cuentas públicas, mientras los documentos claves del proceso presupuestario permanecen ocultos desde 2017, así como la información económica de las medidas de atención a la pandemia.
Una de las más recientes medidas anunciadas por el Gobierno que llevó a que más venezolanos se inscribieran en la Plataforma Patria, fue el traspaso de las nóminas del sector universitario y de entes públicos al sistema.
“El hecho de que las nóminas de pago de varios entes del sector público hayan migrado hacia allá, también hizo que muchas personas creyeran que solo recibirían sus salarios y pensiones si estaban dentro de la plataforma Patria”, señala Rangel.
El 6 de marzo de 2021, el rector de la Universidad de Los Andes (ULA), Mario Bonucci, alertó por Twitter que un funcionario de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) había solicitado las nóminas de las instituciones debido a que “a partir de la primera quincena de marzo los pagos de sueldos y salarios del personal de las universidades y entes adscritos se harán efectivo mediante la plataforma Patria”.
Esta información la confirmó, cuatro días después, el ministro de Educación Universitaria, César Trómpiz, quien aseguró que la medida busca “unificar el proceso de pago de nómina”. Amenazó a las autoridades de las casas de estudio con que este despacho no se quedaría de brazos cruzados si se negaban a enviar las nóminas.
Según Rangel, la migración de salarios y pensiones a la plataforma Patria hizo creer a algunas personas que no cobrarían si no estaban registrados. Asegura que en la ULA, profesores y trabajadores pensaron que sus salarios los recibirían como ocurre con los bonos, por lo que algunos corrieron a inscribirse. Sin embargo, afirma, al final el pago lo siguen percibiendo mediante sus cuentas bancarias, con la diferencia de que ahora cargan la información en la plataforma Patria.
“Antes lo que pasaba era que el Ministerio de Educación Universitaria enviaba los recursos a las universidades y estas pagaban a sus empleados. Ahora no lo hace. El ministerio se queda con los recursos, la universidad manda la nómina a la plataforma Patria y los profesores y trabajadores reciben sus pagos en sus cuentas bancarias”.
No obstante, un mes después del traspaso de nóminas públicas al Sistema Patria, dirigentes y centrales sindicales denunciaron que hasta el 31 de marzo más de 1 mil trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) no habían cobrado su salario desde el 25 de febrer, mientras que a más de 8 mil, incluyendo sindicalistas y jubilados, no les pagaron la segunda quincena de marzo.
Por otro lado, la coordinadora regional de Transparencia Venezuela señala que buena parte del sector de la educación se ha visto en la necesidad de registrarse en la plataforma para cobrar el Bono Simón Rodríguez, que se está dando únicamente a las personas vinculadas al área de la enseñanza que están registradas en la plataforma.
“Considerando los salarios pírricos que se reciben en las universidades y en las instituciones de educación media y básica, el Bono Simón Rodríguez es visto como un complemento, por lo que la gente se registró para recibirlo”.
La economista Christi Rangel, coordinadora regional de Transparencia Venezuela, sostiene que el programa de plataforma Patria ha sido utilizado como un mecanismo de coacción. “Recordemos las elecciones del año 2018 en las que el presidente del PSUV decía que había que votar con el carnet y quienes lo hicieran serían premiados con comida. Ya el carnet, antes de la Covid-19, estaba siendo utilizado como criterio para esquemas de vacunación a niñas y niños y para las inscripciones de estos en la educación pública”.
Agrega la experta que están condicionando los derechos ciudadanos a ser parte de este sistema “que está vinculado a una parcialidad política y que se utiliza de forma clientelar para garantizar lealtad, lo cual es corrupción”.
Rangel recuerda que desde la entrada en vigencia del Sistema Patria, especialistas en tecnologías digitales y organizaciones de derechos humanos, como Provea, advirtieron del riesgo del control social y que China, que es la proveedora del software, ha vendido varios sistemas de vigilancia social a regímenes autoritarios. “Y a nosotros nos vendieron esta tecnología con dinero que nos prestaron y que ahora debemos”.
“El problema es que en Venezuela no hay una ley de protección de datos personales. El Gobierno puede cruzar información desde sus distintas bases de datos para vigilar de forma más intrusiva la privacidad de los ciudadanos. Hay desconfianza en el Gobierno dado el antecedente de la Lista Tascón. Si bien es cierto que en el resto del mundo se está avanzando en el aprovechamiento de tecnologías digitales para facilitar trámites, garantizar transparencia y rendición de cuentas y simplificar y agilizar procesos, en Venezuela parece que lo quieren usar para el control, el sometimiento y para la coacción”.
Caracas / Carlos Seijas Meneses
