La Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, instaló este lunes una comisión especial para reformar la 'Ley contra el Odio'. Diversas organizaciones no gubernamentales han pedido la derogación de esta norma, al considerarla un instrumento de persecución contra la oposición.
El primer vicepresidente del Legislativo, Pedro Infante, informó sobre la conformación de este grupo de trabajo, integrado por 11 diputados. La medida responde a una solicitud que la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, hizo la semana pasada a su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
Infante detalló que el equipo estableció una agenda de trabajo para redactar el proyecto de reforma parcial. El texto se remitirá primero al Tribunal Supremo de Justicia para su validación previa antes de debatirlo y someterlo a aprobación en el pleno parlamentario.
El diputado anticipó que la revisión se enfocará en la despenalización de la ley y en la precisión de «definiciones necesarias» para garantizar su aplicación adecuada. Asimismo, señaló que la ruta de trabajo incluirá debates con diversos sectores de la sociedad, entre ellos víctimas de violencia y personas que sufrieron afectaciones por la implementación inadecuada de la norma.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado el impacto de esta legislación desde su promulgación:
Casos de menores de edad: La ONG Cecodap reportó que 118 menores resultaron imputados entre 2024 y 2025 bajo delitos previstos en esta norma, en un contexto de tensión tras las elecciones presidenciales de 2024.
Procesamientos acumulados: La ONG Foro Penal registró al menos 927 personas acusadas del delito de «incitación al odio» desde la entrada en vigor del texto legal.
La 'Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia' fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano promovido por el Ejecutivo que operó en paralelo al Parlamento opositor de entonces.
La norma surgió tras una petición directa del presidente Nicolás Maduro, con el argumento de frenar los mensajes de confrontación vertidos durante las protestas antigubernamentales de ese año.
La legislación contempla penas de hasta 20 años de prisión por «delitos de odio». Diversas ONG, entre ellas Espacio Público, sostienen que las autoridades la emplean de forma recurrente para sancionar y silenciar opiniones críticas hacia el sector gubernamental.
Caracas / Redacción web
