La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó el jueves la ley antibloqueo que amplía las competencias del presidente Nicolás Maduro para desaplicar normas legales, y abre el camino para revertir algunas de las nacionalizaciones que realizó el gobierno en las últimas dos décadas y le han generado demandas millonarias al Estado.
En un solo debate los constituyentes oficialistas aprobaron entre aplausos la ley que presentó a finales del mes pasado Maduro para hacer frente a las sanciones que ha impuesto en los últimos tres años Estados Unidos para presionar la salida del poder del mandatario izquierdista.
“Estamos seguros que a partir de este momento comienza una nueva etapa en la vida de la patria”, afirmó el presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, al anunciar la aprobación de la ley antibloqueo que tiene entre sus prioridades generar recursos para impulsar la economía y atender a la población, y proteger los activos y recursos del país.
En el texto de la ley, que difundieron medios locales, se refiere que la nueva regulación se apega al derecho internacional en particular las normas que tutelan “los derechos humanos, los derechos de la República y la Carta de las Naciones Unidas”.
El gobierno sostiene que la compleja crisis que enfrenta Venezuela es consecuencia de las sanciones que Washington ha endurecido en último año, mientras opositores y analistas aseguran que las dificultades económicas y sociales se deben a las políticas erradas aplicadas por Maduro en sus siete años de mandato.
Algunos aliados del gobierno como el Partido Comunista de Venezuela, opositores y analistas han rechazado la ley antibloqueo alegando que representa una violación a la constitución. El abogado y académico Juan Manuel Raffalli afirmó que la ley le confiere a Maduro “facultades y competencias mucho más amplias que las que derivan del Estado de Excepción por Emergencia Económica”.
En la ley se autoriza al gobierno para “la celebración de todos los actos o negocios jurídicos que resulten necesarios” con el objeto de “impedir o revertir actos o amenazas de inmovilización, despojo o pérdida de control de activos, pasivos e intereses patrimoniales de la República”, lo que abre el camino para revertir algunas de las nacionalizaciones que realizaron las autoridades venezolanas especialmente en el área petrolera, según han estimado algunos analistas.
Maduro ha defendido la nueva regulación alegando que “responde a una necesidad estratégica del Estado en virtud de la agresión multiforme que se ejecuta contra Venezuela”.
Caracas / AP
