De acuerdo con el más reciente informe anual de la Organización No Gubernamental (ONG) de defensa de Derechos Humanos, Provea, la alta letalidad en el accionar de la fuerzas policiales y militares se mantuvo a lo largo de 2021, dejando un total de 1 mil 414 personas asesinadas en todo el país.
Estas muertes se inscriben dentro de las llamadas violaciones al derecho a la vida que incluyen: ejecuciones extrajudiciales (el mayor porcentaje), muertes bajo custodia o por torturas, y por uso excesivo o indiscriminado de la fuerza.
Sin embargo, en el balance presentado recientemente por Provea, hay varios aspectos resaltantes que marcan un cambio en relación al accionar de los organismos públicos de seguridad durante el año pasado.
Uno de ellos es la disminución del número de ejecuciones extrajudiciales en manos de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), en comparación con 2020.
Paralelamente, destaca el posicionamiento de las policías estadales como el conjunto de cuerpos de resguardo con el mayor número de víctimas y violaciones al derecho a la vida durante el año pasado con 430 muertes (30% del total).
El organismo policial individual que acumula mayor cantidad de personas asesinadas es el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) con 347 (25% del total), seguido de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) con 198 ejecuciones (14%) y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) con 185 (13%). Las Faes, como órgano adscrito a la PNB, fue responsable de 111 muertes.
Los cuerpos regionales con mayor cantidad de presuntas ejecuciones fueron las policías estadales de Carabobo, con 132 (30,99 %); del Zulia, con 94 (22,07%), y del estado Aragua con 55 (12,91 %), en los tres primeros lugares.
El cuarto y quinto puesto lo ocupan las policías del estado Anzoátegui con 35 muertes (8,22%) y la de Yaracuy, con 23 (5,40%). Por otro lado, las policías municipales fueron responsables de 119 muertes (8%).
En cuanto al número total de ejecuciones y violaciones a la vida por entidad -que incluye como responsables, además de las policías regionales, a los organismos militares y otros cuerpos de seguridad pública- la correlación fue la siguiente: en el Zulia se reportaron 234 asesinatos (16, 55%); en Carabobo, 221 (15,63%); y en Aragua 158 (11,17%).
Anzoátegui con 119 muertes - 8,42% del total-, ocupó también el cuarto lugar en la cifra de decesos a manos de las instancias policiales y militares.
La entidad oriental muestra, de esta manera, un descenso en el número de asesinatos con respecto a 2020, cuando se registraron 159 violaciones al derecho a la vida. No obstante, Anzoátegui ocupó en aquel entonces el puesto número 7 en la lista de muertes -por detrás de Zulia, Aragua, Carabobo, Bolívar, Lara y Miranda-, y en 2021 ocupa el cuarto lugar.
Provea también registró una disminución del total de ejecuciones de 2021 en comparación con el año anterior, cuando, según la ONG, se contabilizaron 3 mil 034 personas asesinadas. Así, las 1 mil 414 muertes del año pasado representan una reducción de 46,6% en relación con los reportes de 2020.
El organismo de defensa de Derechos Humanos explica en su balance anual que esta baja en las cifras se debe, en parte, al progresivo desmantelamiento de las Faes -unidad de élite de la PNB, que fue activada en 2017 por orden presidencial para luchar contra el crimen a través de “operativos de seguridad ciudadana”. El proceso de desmantelamiento, sin embargo, no se ha hecho público.
“Se tuvo conocimiento de fuentes de la PNB en cuanto a disminución de personas que integran ese cuerpo élite y una reorientación de su actuación (…) Se le ordenó disminuir su participación en los operativos de seguridad ciudadana”.
De igual forma, una parte del personal de la Faes pasó a conformar la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (Dcdo) de la PNB y otros fueron trasladados a la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) o Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (Diep).
“No se conoció de un proceso de depuración de funcionarios, sino una redistribución en otras áreas de la PNB”, aclaró Provea.
Según la ONG, otro de los factores que posiblemente incidió para que se redujera el número de víctimas de la fuerza policial y militar, fue la divulgación de los informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) para la República Bolivariana de Venezuela, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentados en septiembre de 2020 y septiembre de 2021.
En estos documentos se describe de manera detallada la actuación de los órganos de seguridad del Estado y cómo se priva de manera arbitraria de la vida a las personas, pero, además, se señala “con nombre, apellido y cargo a quienes pudiesen tener la mayor responsabilidad en las miles de presuntas ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes”.
Bachelet hizo reiteradas solicitudes de disolución de las Faes por su vinculación al elevado número de presuntas ejecuciones.
Otro de los elementos señalado por Provea para que se frenara este tipo de acciones, fue la posibilidad de que la Corte Penal Internacional (CPI) pasara a una fase de investigación sobre los más altos responsables de los crímenes de lesa humanidad perpetrados al menos desde 2017, lo que obligó a tomar medidas.
De cualquier modo, la disminución de muertes no se debe, según el organismo, a una seria voluntad del Estado en preservar los Derechos Humanos y garantizar una adecuada actuación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
“De ser así, se hubieren facilitado y adelantado en el sistema de justicia interno las investigaciones y sanciones a los sospechosos de haber violado el derecho a la vida; no se hubiese guardado silencio frente a las masacres de La Vega y El Ripial, por ejemplo, y se hubiese adelantado con transparencia el llamado proceso de restructuración de la PNB”, agrega el documento.
A pesar de la disminución de ejecuciones, Provea sostiene que los agentes del Estado siguen contrariando las normas nacionales e internacionales sobre el uso diferenciado y progresivo de la fuerza, obviando la obligación de no causar privaciones arbitrarias de la vida.
“La mayoría de las violaciones del derecho a la vida se produjeron durante la ejecución de operativos policiales y militares en comunidades donde habitan familias de escasos recursos. Persistieron los patrones de actuación en los cuales se realizan detenciones arbitrarias, allanamientos de viviendas sin orden judicial, generalmente en horas de la madrugada, e ingreso en una lógica de pillaje, de ‘botín de guerra’, donde se llevan bienes de las familias”, explica Provea en su informe anual.
El modus operandi descrito es recurrente en los relatos de los familiares de las víctimas. Los funcionarios se presentan encapuchados y sin identificación visible de sus nombres, violando la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional. Las motos y carros son usados sin placas y con frecuencia sin ninguna identificación, lo cual favorece las acciones ilegales y dificultando las investigaciones de los abusos.
Del total de personas a quienes se privó de la vida, sólo pudieron ser identificadas 834 (58,98%). En los 580 casos restantes (41,02%), no se logró una identificación oficial completa, pero sí el contexto en el que fueron asesinadas y el cuerpo armado responsable.
Más de la mitad de las 1 mil 414 víctimas eran jóvenes de entre 18 y 30 años de edad (66%) que vivían en zonas de familias en situación de pobreza.
Para Provea, la cantidad de personas fallecidas por la acción de funcionarios públicos continúa siendo considerablemente alta, lo cual es favorecido por la impunidad estructural que alienta la repetición de los hechos.
De acuerdo con los registros de Provea, policías y militares han asesinado desde 2013, cuando asumió el poder el presidente Nicolás Maduro, a 8 mil 611 personas, un promedio de 1 mil 076 por año. Las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, advierte, son una política de Estado, al menos desde 2015, y pudiesen constituir crímenes de lesa humanidad.
Caracas / Rodolfo Baptista
