La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, de mayoría oficialista, pospuso este jueves el segundo debate para una reforma parcial de la ley del servicio eléctrico, en un contexto marcado por la profunda crisis que atraviesa el sector y que mantiene a la población sometida a constantes cortes diarios de energía que han desencadenado años de denuncias y protestas ciudadanas.
Durante una sesión ordinaria transmitida a través del canal oficial del Parlamento en YouTube, el diputado Pedro Carreño solicitó diferir la segunda discusión, un paso indispensable para la aprobación definitiva de la norma, con el objetivo de continuar trabajando en la redacción del instrumento legal.
El proyecto en revisión busca regular la prestación del servicio eléctrico a escala nacional y normar los intercambios internacionales de energía en sus distintas etapas, desde la generación y transmisión hasta el despacho, distribución y comercialización, según se detalló en la lectura realizada en el hemiciclo. Asimismo, el texto legal plantea la construcción de un sistema eléctrico eficiente, transparente, sostenible y seguro, prometiendo garantizar el acceso universal en condiciones de continuidad, calidad e igualdad para impulsar el desarrollo socioeconómico del país.
Venezuela enfrenta fallas estructurales en su sistema eléctrico desde hace más de una década, una situación que se ha intensificado durante el último año con un incremento drástico en la frecuencia de los apagones.
Mientras la oposición política y analistas del sector atribuyen el colapso a la corrupción administrativa y a la falta de mantenimiento e inversión, las autoridades gubernamentales responsabilizan a las sanciones internacionales, a los efectos del fenómeno climático El Niño y a supuestos actos de sabotaje.
La postergación del debate legislativo coincide con recientes advertencias sobre el deterioro de la infraestructura energética nacional. Este miércoles, la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines estimó que la recuperación del sistema requerirá una inversión aproximada de 40.000 millones de dólares y la ejecución de un plan maestro proyectado a 10 años.
A esta evaluación se suman los datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, entidad que contabilizó 1.101 manifestaciones pacíficas durante el mes de septiembre, de las cuales 531 estuvieron motivadas por fallas en el suministro eléctrico.
Caracas / Redacción Web
