La comisión especial de la Asamblea Nacional (AN) que investiga el naufragio de 60 personas que salieron en dos peñeros desde Güiria, estado Sucre, hacia Trinidad y Tobago, exigió al gobierno de Nicolás Maduro intensificar la búsqueda de estos ciudadanos.
Expresó que la primera lancha desapareció el 23 de abril. En ese entonces, prosiguió, rescataron a 10 personas vivas y una fallecida, mientras que otras 28 siguen perdidas.
Luego, hace 15 días zozobró la segunda con 23 ocupantes de los cuales sólo hallaron al capitán, a quien llevaron a Barbados.
“Tenía antecedentes por trata de personas y se escapó, según informaciones de Trinidad y Tobago. Fue ayer cuando el jefe de Zona de Defensa Integral (Zodi) manifestó que está activo el protocolo de búsqueda. Han utilizado aviones no tripulados, embarcaciones, los familiares están indignados y protestaron por el caso", denunció el presidente de la comisión especial, diputado Carlos Valero, quien pertenece a Un Nuevo Tiempo (UNT).
Agregó, en rueda de prensa este jueves 30 de mayo, que en el caso de los viajes desde Güiria, hay indicios de que se trata de una esclavitud moderna: “Llevan a personas a trabajar en fincas, fábricas, les quitan el pasaporte, las amenazan, les dan un incentivo de 400 dólares, y pueden terminar encontrándose con la muerte”.
Más denuncias
Su homólogo Robert Alcalá (UNT) denunció que los dos siniestros ocurrieron en menos de un mes: en uno se identificó un naufragio, pero en el segundo no ha aparecido ni siquiera el peñero. Señaló que a muchas menores de edad les prometieron trabajo en Trinidad y Tobago, y antes de que el bote zarpara ya estaban secuestradas. Exigió al Ministerio Público (MP) y al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) una averiguación seria.
Alcalá añadió que a muchas de esas personas les ofrecieron trabajos honorables en ese país con la intención de retenerlas en hoteles.
“Aquí se están cometiendo delitos. Estas son embarcaciones para la pesca artesanal y es ilegal que zarpen con autorización de la Capitanía de Puertos cargando personas, pasajeros. La Ley de Transporte Marítimo lo prohíbe", sostuvo.
Alcalá cree que en este caso hay un entramado de corrupción que involucra a funcionarios de seguridad: “En la segunda embarcación desaparecida había 11 personas con un chaleco salvavidas”.
Caracas /Corresponsalía
